Gobierno propone que colegios, hospitales y AFP entreguen datos de migrantes irregulares para expulsión

El Gobierno ingresó una indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas, con la que busca que servicios públicos y privados “acusen” a migrantes en situación irregular cuando realicen trámites en áreas como salud, previsión o educación.

Según reveló La Segunda, la propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de la iniciativa en la comisión de Gobierno del Senado, y obligaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.

De acuerdo con el citado medio, “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos de expulsión en trámite.

La medida se enmarca en la estrategia del presidente José Antonio Kast para identificar y concretar expulsiones de extranjeros que permanezcan ilegalmente en el país, estimados en cerca de 300 mil personas.

Acceso a datos personales

Entre los antecedentes que podrían solicitarse figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos personales.

La idea del Ejecutivo es aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar trámites, con el objetivo de identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.

El senador RN Andrés Longton defendió la propuesta, asegurando que permitirá “acelerar procesos de expulsión” y detectar situaciones laborales irregulares.

“Esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos”, sostuvo el parlamentario, agregando que también servirá para fiscalizar empleadores y conocer el impacto migratorio en el sistema de salud.

La indicación establece además que los datos entregados estarán sujetos a reserva y solo podrán utilizarse para fines migratorios específicos, conforme a la normativa de protección de datos personales.

Subsecretario Pavez explica indicación

Tras la publicación de esta nota, el subsecretario del Interior, Max Pavez, explicó que “¿Qué es lo que pasa hoy día? Muchas veces cuando se quiere notificar una orden de expulsión o se quiere materializar una sanción migratoria, no hay datos de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cambian su residencia, cambian su domicilio y no se sabe bien dónde están. Entonces la indicación es muy precisa, dice: cuando medie un procedimiento de expulsión, es decir, tiene que haber un procedimiento abierto; la autoridad encargada de materializar esa sanción, que es la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migración, nadie más, puede requerir la información, solo para efectos de realizar los trámites de sanciones migratorias, a cualquier organismo del Estado o a cualquier institución previsional de salud o educación, pública o privada”.

Añadió que “de esta forma lo que buscamos es poder encontrar a las personas, colaborar con poder notificarles las órdenes de expulsión que muchas veces no se pueden notificar porque no hay dónde encontrarlas. La norma dice que se prohíbe el mal uso de los datos personales, que hay prohibición de difusión de los datos. Todo eso lo indica la indicación y es porque esto fue trabajado con el Servicio de Migraciones y fue trabajado con la Policía de Investigaciones, con los órganos rectores de esta de la del control de la legislación migratoria”.