Ajuste en salud amenaza programas de cáncer, salud mental y compra de insumos

La reducción presupuestaria aplicada por el gobierno al Ministerio de Salud encendió las alertas en la Región de Coquimbo, luego de que se confirmara un ajuste superior a los $3.452 millones para los hospitales de La Serena y Coquimbo. 

La medida forma parte de un recorte nacional que supera los $413 mil millones, el que busca, según las autoridades de gobierno, optimizar el uso de los recursos en el sistema público de salud. 

En ese contexto, dirigentes de la salud y representantes de los funcionarios manifestaron a Diario El Día su preocupación por el posible impacto que el ajuste podría tener en la atención a pacientes. 

El presidente del Colegio Médico de la Región de Coquimbo, Fernando Carvajal, señaló que este recorte se produce en un contexto crítico, con listas de espera históricamente altas, alerta oncológica y una presión sostenida sobre la red asistencial. Además, asegura, "la atención primaria universal se encuentra paralizada y persiste un problema estructural de financiamiento que hace que los hospitales no logren terminar el año con el presupuesto asignado y comiencen el siguiente endeudados”.

Carvajal recordó que el hospital de La Serena "cerró el año con una deuda cercana a los $3.500 millones, cifra que podría ser incluso mayor, y el hospital de Coquimbo debe tener montos similares”. 

Ajuste permanente

Además, Carvajal indicó que “el gobierno señaló reiteradamente que los ajustes presupuestarios en salud se concentrarían en medidas de eficiencia, pero el Decreto 33 revela que los recortes afectan el financiamiento basal de los hospitales, el pago por atenciones realizadas y los fondos de emergencia”. 

A juicio del profesional, esto podría agravar "la compleja relación con los proveedores debido a las deudas existentes, dificultar la reparación o reposición de equipamiento y la contratación de equipos de apoyo, impactando la atención de los pacientes”, advirtió. 

Por su parte, el presidente de la FENATS Región de Coquimbo, Mauricio Ugarte, aseguró que “entendíamos que esta reducción presupuestaria era una medida transitoria, pero con el Decreto 33 quedó claro que el ajuste es permanente, y como en salud todo está interconectado, la reducción de honorarios o la eliminación de reemplazos afectará la atención cotidiana y aumentará la carga laboral de los funcionarios”.

En línea con lo dicho por Carvajal, Ugarte advirtió que “los hospitales funcionan con un déficit estructural permanente, ya que todos los años parten con un presupuesto disminuido y en septiembre u octubre, ya no tienen liquidez”.

Según el dirigente, esto se debe a que “aquí hay una demanda creciente de prestaciones que es mucho mayor que la capacidad instalada, por eso, el problema es estructural y el país debe discutir si está dispuesto a financiar esa demanda”.

Agregó que este problema "viene desde hace años y tiene relación con el modelo de gestión hospitalaria y el financiamiento de la salud pública", cuestionando además que, "muchos de los que hoy critican tampoco han hecho cambios profundos para resolver la crisis estructural”.

Desde la FENPRUSS Coordinación Coquimbo, en tanto, también dieron a conocer que “los efectos del recorte en gastos de personal nos preocupa porque se traduce en restricciones de contratación, no renovación de reemplazos, sobrecarga laboral, reducción de horas extraordinarias, desgaste del personal y deterioro de condiciones laborales. Sin olvidar el importante número de funcionarios honorarios de equipos clínicos y administrativos de la red que superan los 800”. 

Peligrosa decisión

Desde el ámbito político, la médico general y concejala de Coquimbo, Sonia Elgueda, alertó que “para el presupuesto 2027 se está recortando del orden del 2,5% del gasto en salud pública, lo que significa miles de millones menos destinados a hospitales, centros de atención primaria y programas comunitarios”.

Esos recortes, afirmó, recaen sobre programas concretos: "salud mental, prevención del suicidio, cuidados domiciliarios, acompañamiento a personas mayores y dispositivos de reparación como el PRAIS. Con esto se está diciendo que quienes no tienen clínica ni isapre no merecen acceso oportuno a una atención digna en el hospital público”.

Por su parte, la consejera regional, Ximena Ampuero, quien integra la comisión de Salud y Deportes del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo, dijo que la decisión que tomó el gobierno "es peligrosa, porque estos recortes afectan directamente a los hospitales de alta complejidad y golpean a los pacientes de las 15 comunas de la región, que mayoritariamente se atienden en el sistema público y son derivados a los hospitales de La Serena, Coquimbo y Ovalle”.

Impacto en la atención primaria

En tanto, para el dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada de Chile (CONFUSAM) nacional, Claudio Jiménez, este ajuste "está afectando a la atención primaria, con una reducción cercana al 0,5% del presupuesto, lo que golpeará fuertemente a las comunas que recibieron la universalización, un programa impulsado en el gobierno anterior”.

En ese sentido, Jiménez manifestó que “también se verán afectados distintos programas de atención, como salud mental, la detección temprana de patologías como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Es lamentable que el gobierno diga querer fortalecer la atención primaria, pero al mismo tiempo aplique una reducción presupuestaria tanto en la APS como en los hospitales”.

Por ello, agregó, "estamos en estado de alerta y este martes se entregará una carta de rechazo en las delegaciones presidenciales, además de una manifestación afuera del Congreso”.