Continúa pugna entre municipio y empresa asesora por obras de alcantarillado

El conflicto entre la municipalidad de Los Vilos y la empresa CITSA Consultores Ltda. por la construcción del alcantarillado en la localidad de Caimanes continúa escalando, en medio de acusaciones de irregularidades por ambas partes.

Cabe recordar que la controversia se originó en el marco de la licitación pública para la “Contratación de Asesoría a la Inspección Técnica del Proyecto Soluciones Sanitarias y de Urbanización Caimanes, comuna de Los Vilos”, vínculo contractual que posteriormente fue terminado de manera anticipada por decisión del municipio.

Desde la administración vileña señalaron que la empresa CITSA Consultores Ltda., que hasta agosto de 2025 prestó servicios como asesora técnica del municipio, fue desvinculada anticipadamente debido a incumplimientos graves, los que —aseguran— fueron debidamente evaluados por los equipos competentes.

Asimismo, desde el municipio indicaron que “ante publicaciones difundidas en medios locales, en las que se han planteado cuestionamientos al desarrollo del proyecto y al actuar municipal, "la municipalidad estima necesario aclarar que dichas afirmaciones deben ser comprendidas en el contexto de una empresa cuyo vínculo contractual con el municipio fue finalizado anticipadamente”.

En esa línea, rechazaron "categóricamente cualquier intento de desprestigiar a funcionarios municipales o de instalar dudas infundadas respecto del compromiso institucional con esta obra”.

Por su parte, desde CITSA Consultores Ltda. sostienen que la Contraloría General de la República ordenó a la municipalidad de Los Vilos iniciar un procedimiento de invalidación respecto del decreto que puso término anticipado al contrato. Además, afirman que la casa consistorial hizo efectiva la garantía de fiel cumplimiento asociada a la asesoría técnica del proyecto de urbanización y soluciones sanitarias de Caimanes.

“La determinación quedó contenida en el Oficio N.º OF52474/2026 emitido por la Contraloría Regional de Coquimbo, documento que concluyó que el municipio no respetó el debido procedimiento administrativo antes de adoptar las medidas contra la consultora”, sostuvo el representante de la empresa, Carlos Sanhueza, mediante un comunicado.

Según la consultora, el organismo fiscalizador detectó que no se otorgó previamente a CITSA la posibilidad de efectuar descargos ni ejercer su derecho a defensa.

En ese contexto, Sanhueza afirmó que el oficio establece que “no consta que, de forma previa a la formalización de dichas decisiones, la entidad comunal haya comunicado previamente al proveedor (…) las eventuales causales de término anticipado (…), a fin de permitirle la posibilidad de presentar oportunamente sus descargos”.

En la misma línea, Sanhueza dice que la Contraloría estableció que el municipio no ajustó sus actuaciones a la normativa legal y reglamentaria vigente, particularmente a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y en la Ley N.º 19.880 sobre procedimientos administrativos.

“El organismo también precisó que el derecho a contradicción y defensa debe ejercerse antes de que la autoridad adopte la decisión administrativa, descartando que la situación pudiera subsanarse otorgando descargos con posterioridad a la dictación del decreto”, señala el representante de la empresa.

Por ello, el ente contralor requirió formalmente a la municipalidad iniciar un procedimiento de invalidación del decreto alcaldicio N.º 1385, debiendo remitir copia de dicho acto dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos.

Posteriormente, y según consta en el decreto alcaldicio N.º 0736 de mayo de 2026, la municipalidad de Los Vilos inició el procedimiento administrativo solicitado por Contraloría, ordenando la apertura del proceso de invalidación y concediendo audiencia al interesado.

En paralelo, CITSA difundió un comunicado público en el que acusó a funcionarios municipales de actuar de manera “malévola y perversa” en perjuicio de la empresa. Además, aseguró que durante el desarrollo de la obra detectaron presuntos vicios constructivos e irregularidades administrativas.

La empresa afirmó haber emitido 13 informes técnicos durante la ejecución del proyecto y haber presentado denuncias ante organismos competentes, incluyendo solicitudes de sumarios administrativos contra funcionarios municipales.

No obstante, el pronunciamiento de Contraloría no se refiere al fondo de las acusaciones formuladas por la consultora respecto de eventuales actos de corrupción o deficiencias constructivas, sino únicamente al procedimiento utilizado por el municipio para poner término al contrato.

En el mismo oficio, además, la Contraloría rechazó otorgar medidas de protección solicitadas por la empresa en el marco de la Ley N.º 21.592 sobre protección a denunciantes, argumentando que dichas garantías están destinadas a funcionarios públicos o trabajadores que cumplan determinados requisitos, condición que —según el organismo— no se configuraría en este caso.

Actualmente, el conflicto continúa abierto y, de acuerdo con lo informado por la propia empresa, parte de la controversia ya se encuentra judicializada mediante un recurso de protección presentado ante tribunales.