Hasta tres semanas podría extenderse juicio por millonario fraude en la C.G.G.V.

Con una extensa primera jornada marcada por los alegatos de apertura y la lectura íntegra de la acusación, comenzó el juicio oral por el denominado caso de fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, una de las investigaciones de corrupción municipal más relevantes de los últimos años en la Región de Coquimbo.

En total, 13 personas enfrentan el juicio oral en distintos grados de participación y responsabilidad, en una causa en la que la fiscalía regional de Coquimbo acusa delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación o uso malicioso de documento público. Según la investigación, los ilícitos provocaron un perjuicio estimado en 762 millones a la corporación municipal serenense.

La primera jornada se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Penal y estuvo centrada en la exposición de las teorías del caso por parte del Ministerio Público y los querellantes, además de la lectura del auto de apertura, documento que resume los hechos investigados y los delitos por los cuales se llevará adelante el juicio. Solo esta etapa se extendió por cerca de dos horas.

Cabe recordar que la causa registra, además, nueve condenados en procedimientos anteriores desarrollados en el Juzgado de Garantía de La Serena. De ellos, cinco fueron condenados por obtención fraudulenta de recursos del Estado, uno por estafa y fraude al fisco y tres por fraude al fisco.

Extensa duración

Uno de los aspectos que marcó el inicio del juicio fue hecho de que la mayoría de los imputados decidiera renunciar a su derecho a guardar silencio para prestar declaración ante el tribunal, situación que podría extender considerablemente el desarrollo de las audiencias.

En ese sentido, el director de cumplimiento y encargado de prevención de delitos de la corporación, Gonzalo Pinochet, explicó que el proceso podría prolongarse durante tres semanas, es decir, prácticamente todo lo que queda de mayo y buena parte de junio. No obstante habrá una suspensión los días 4 y 5, para luego retomar la semana siguiente.

Pinochet explicó que, tras los alegatos de apertura, desde la siguiente jornada comenzarán las declaraciones judiciales de los acusados.

“Casi todos los imputados señalaron que renunciarán a su derecho a guardar silencio y van a declarar, por lo que también nos tocará interrogar y contrapreguntar”, puntualizó.

Hechos graves

Respecto de las penas que buscan las partes querellantes, sostuvo que se están solicitando condenas elevadas a diferencia del Ministerio Público - debido a la gravedad de los hechos investigados. “Estamos solicitando condenas por asociación ilícita, fraude al fisco, lavado de activos y, en algunos casos particulares, falsificación de instrumento público y privado”, afirmó.

“Estamos acusando por distintos delitos y esperamos obtener las máximas condenas posibles, además de cárcel efectiva para los imputados, tal como hoy ya se mantiene la prisión preventiva”, agregó.

La tesis de la fiscalía

Por su parte, el fiscal SAC (Sistema de Análisis Criminal), Carlos Vidal, sostuvo que la investigación logró acreditar la existencia de una estructura organizada y permanente para ejecutar las defraudaciones al interior de la corporación.

“Lo que se ha imputado es que estas personas no realizaron defraudaciones mes a mes en forma aislada. Eso está refrendado por la forma en que se comete el delito, alterando el sistema de pagos de la corporación y por el destino de los bienes, ya que se logró establecer la trazabilidad”, explicó.

Según detalló el fiscal, la investigación permitió reconstruir el recorrido del dinero presuntamente defraudado, identificando pagos a falsos trabajadores, retiros en efectivo y transferencias bancarias que habrían permitido ocultar parte de los recursos obtenidos ilícitamente.

“Cómo un imputado, falso trabajador, un mes se le pagaba y luego de obtener el dinero en su cuenta, algunas veces hacía retiros en efectivo para ocultar el destino. Pero no obstante eso igual se efectuaron transacciones directamente vía bancaria, lo que permitió ir escalando e ir determinando los líderes de la organización y cómo se distribuían las altas sumas de dinero defraudadas”, sostuvo.

En representación de la municipalidad de La Serena, el abogado querellante Adrián Vega afirmó que el juicio ya dejó en evidencia las posiciones contrapuestas entre las partes.

“Lo que ocurrió fue que la fiscalía y los querellantes plantearon sus teorías de caso, sosteniendo que existen delitos bastante graves y, por lo mismo, se están solicitando penas altas. Las defensas, en cambio, han intentado moderar o modificar las interpretaciones jurídicas, señalando que se trataría de delitos menores”, indicó.

El abogado aseguró que las penas solicitadas para algunos imputados bordean los 10 años de presidio por cada delito imputado.

“Estamos hablando de fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita. Además, para dos de las imputadas, Bélgica Guerra y Nicole Cadena, también se considera el delito de falsificación de instrumento público, lo que suma penas adicionales cercanas a los seis años”, detalló.

Acusación sobredimensionada

Desde las defensas, en tanto, existe una postura común respecto a cuestionar las figuras penales más graves levantadas por el Ministerio Público, particularmente asociación ilícita y lavado de activos.

El abogado defensor, Carlo Silva, sostuvo que, si bien reconocen la existencia de hechos irregulares y una afectación al patrimonio municipal, consideran que parte de la acusación está sobredimensionada.

“No podemos negar que este es un hecho bastante complejo y que hubo una afectación al patrimonio municipal, especialmente en áreas tan sensibles como salud y educación”, señaló.

Sin embargo, agregó que las defensas consideran que la fiscalía “ha abultado la acusación” al incorporar delitos como lavado de activos y asociación criminal.

“Creemos que ese hecho debe recibir un castigo y un reproche del tribunal que sea acorde a la realidad”, sostuvo.

El juicio continuará durante las próximas semanas con la declaración de imputados, presentación de pruebas documentales, testimonios de funcionarios, policías y peritos, en un proceso que podría transformarse en uno de los juicios por corrupción municipal más extensos desarrollados en la región durante los últimos años.