Carabinero pide ser reintegrado a la institución tras ser absuelto de un delito sexual

Tras casi tres años fuera de la institución y luego de enfrentar un juicio oral en el que arriesgaba una pena de 5 años de presidio efectivo, el exsargento primero de Carabineros, Aldo Lemus Michea, fue absuelto de manera unánime por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle del delito de abuso sexual que le imputó el Ministerio Público. Ahora, tras el fallo, el exfuncionario busca reincorporarse a las filas de Carabineros y recuperar su carrera policial.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Lemus — quien cumplía funciones en la subcomisaría La Florida de La Serena — fue formalizado por un presunto abuso sexual ocurrido en la Costanera de Ovalle. Según la acusación de la fiscalía, durante la madrugada del 2 de septiembre de ese año, tras salir de una fiesta, el entonces funcionario habría desviado su vehículo hacia un sitio eriazo cercano a la ribera del río Limarí, donde habría realizado tocaciones de carácter sexual a una mujer sin su consentimiento.

Tras la denuncia, Carabineros lo dio de baja de manera inmediata y el exuniformado quedó sometido a una investigación penal hasta la realización del juicio oral.

Sin embargo, hace unas semanas luego de varios días de audiencia y revisión de prueba testimonial, documental y pericial, el tribunal de Ovalle resolvió absolverlo de todos los cargos, argumentando que existía una “duda razonable insubsanable” respecto de los hechos denunciados.

La sentencia cuestionó la consistencia del relato de la denunciante y concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar el delito.

Datos imprecisos

Uno de los aspectos que resultó determinante para lograr la absolución del uniformado fueron las contradicciones de la denunciante. Según se expone en el fallo, inicialmente la mujer relató a su pareja que el acusado la habría tomado de los brazos e intentado besar a la fuerza, pero sin mencionar tocaciones de carácter sexual. Posteriormente, durante el juicio oral, afirmó que sí existieron tocaciones.

A ello se sumó la falta de precisión sobre el lugar exacto donde habrían ocurrido los hechos. El tribunal consignó que el propio funcionario policial que tomó la denuncia reconoció falencias en el relato respecto del sitio del suceso y la dinámica del presunto ataque.

Desde el Ministerio Público indicaron que se dedujo la acusación basándose en prueba documental, testimonial, audiovisual y gráfica, entre ellos, el relato de la víctima, pero a juicio del tribunal era necesario además correlatos de contexto, lo que no existió.

Sin registros audiovisuales

Otro elemento clave fue el análisis de las cámaras de seguridad municipales. La fiscalía sostenía que el vehículo del acusado había ingresado a la ribera del río Limarí, tesis que fue descartada por la propia prueba técnica presentada durante el juicio. El fallo estableció que no existían registros audiovisuales que acreditaran el ingreso del automóvil al sector señalado por la denunciante.

“El informe técnico concluyó que el vehículo no efectúa desvíos hacia la ribera del río”, se indica en la resolución judicial, contradiciendo así uno de los principales fundamentos de la acusación.

Además, testigos que participaron en la reunión previa describieron un ambiente de normalidad y señalaron que entre ambos existió una interacción amistosa durante la fiesta, antecedentes que fueron considerados por el tribunal al momento de ponderar la credibilidad de las declaraciones.

Volver a empezar 

El abogado defensor, Mauricio McLean, sostuvo a El Día que el fallo dejó en evidencia una “orfandad probatoria” y afirmó que su representado fue tratado “como un delincuente” pese a que nunca existieron pruebas concluyentes en su contra.

“Fue esposado, llevado a calabozo y expulsado inmediatamente de la institución sin una investigación racional previa. Hoy un tribunal oral, compuesto además por magistradas mujeres, determinó unánimemente que no existían antecedentes para condenarlo”, señaló McLean.

También cuestionó los procedimientos investigativos desarrollados en el caso, particularmente la falta de determinación del supuesto sitio del suceso. “Cualquier investigación criminal parte por ubicar el lugar donde ocurrió el hecho. Aquí eso nunca se logró establecer”, indicó.

El defensor agregó que el fallo ya se encuentra firme, luego que el Ministerio Público no presentara recursos dentro del plazo legal para impugnar la sentencia absolutoria.

En ese sentido, el jurista aseguró que se iniciarán las gestiones administrativas para solicitar formalmente el reintegro del exfuncionario a Carabineros.

“Él quiere recuperar su honra y volver a la institución. Tiene 23 años de servicio y una hoja de vida intachable. No guarda resentimiento contra Carabineros y no pretende demandar al Estado; lo que quiere es volver a ser policía”, afirmó.

Mientras se prepara la presentación ante el alto mando institucional, el exsargento enfrenta ahora el desafío de intentar retomar una carrera policial que, según su defensa, quedó abruptamente interrumpida tras una denuncia que finalmente no pudo ser acreditada ante la justicia.

Consultados por El Día, desde Carabineros evitaron referirse al caso hasta que exista una resolución final si se debe reintegrar o no a la institución.