Presentan recurso judicial para frenar cierre de Fundación de La Familia

El lunes 27 de abril se marcó un hito en la defensa de los espacios comunitarios de la Región de Coquimbo, luego de anunciarse el cierre de la Fundación de La Familia.

A raíz de esta situación, Juan Roa, representante de los adultos mayores de la Parte Alta de Coquimbo, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, acción que contó con el respaldo del senador Daniel Núñez, el diputado Bernardo Salinas y la consejera regional Valeria Chacana.

La ofensiva judicial apunta contra la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, solicitando que el tribunal declare como “arbitraria e ilegal” la decisión de clausurar el centro comunitario, que beneficia directamente a cerca de 700 personas, principalmente adultos mayores, niños y organizaciones vecinales.

El senador Daniel Núñez explicó que el cierre responde a un recorte presupuestario de $525 millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, además del término de un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) por $244 millones.

“Con esos recursos la fundación puede desarrollar su actividad. Esta es una decisión política del gobierno del presidente José Antonio Kast que estamos cuestionando”, afirmó el parlamentario, quien además acusó falta de transparencia.

“El gobierno no ha sido claro. Solo se conoce la versión entregada por el presidente del directorio al sindicato”, agregó. Debido a esto, el Senado citó a una sesión especial para el próximo 9 de junio.

Impacto en la Parte Alta

Juan Roa, usuario de la institución desde hace 15 años e integrante del Club del Adulto Mayor, manifestó la preocupación que existe en la comunidad ante el eventual cierre del recinto.

Destacó que el espacio funciona como un lugar de acogida e integración generacional, mediante talleres y actividades que vinculan a adultos mayores con niños y jóvenes del sector.

“Adultos mayores se acercan a mí y me dicen: ‘venimos acá porque es un gran aliciente para salir de nuestros hogares y de nuestros problemas’. Esto trasciende una caja de alimentos, nos ayuda a ser autosuficientes”, señaló.

Además, cuestionó la decisión del Ejecutivo. “El presidente Kast es pro familia y pro matrimonio, no entiendo por qué un recorte presupuestario puede afectar tan gravemente el derrotero de un gobierno”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas calificó a la fundación como un servicio esencial e incompatible con los discursos oficiales sobre seguridad pública.

“Cuando se habla de proteger e involucrar a los barrios, no se pueden cerrar instituciones. A este gobierno no le interesa el barrio ni los adultos mayores”, criticó.

En una zona vulnerable

La consejera regional Valeria Chacana recordó que la fundación lleva 36 años apoyando la integración socioeducativa en una de las zonas más vulnerables de Coquimbo.

Además, cuestionó la ausencia del seremi de Desarrollo Social en una citación del Consejo Regional. “Envió una carta de respuesta que no nos deja satisfechos; pareciera que ni las autoridades locales conocen los lineamientos de Santiago”, afirmó.

Finalmente, aseguró que continuarán respaldando a los vecinos para resguardar el patrimonio social y comunitario de la región.