Descartan riesgos inminentes en puentes de la región

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) reveló importantes deficiencias en la gestión, mantenimiento y control de los puentes que forman parte de la red vial pública del país.

El informe final N°804/2025, elaborado por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR detectó, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025, una serie de debilidades tanto en los sistemas de información como en los procesos de inspección y conservación de estas estructuras.

Entre los hallazgos más relevantes figura que más del 85% de los puentes del país no cumple con los plazos de inspección establecidos. Asimismo, se identificaron estructuras que no habían sido revisadas desde 2016 y casos en que no existían evaluaciones estructurales registradas, dificultando determinar el estado real de deterioro de algunas obras.

Para Pablo Parra, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, la situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de la infraestructura vial.

El académico explicó que los puentes requieren programas permanentes de conservación preventiva, inspecciones rutinarias anuales y evaluaciones estructurales más profundas cada 3 a 5 años, dependiendo de factores como la antigüedad de la estructura, las cargas que soporta y las condiciones ambientales a las que está expuesta.

En ese contexto, señaló que la ingeniería moderna ha avanzado hacia sistemas de monitoreo continuo mediante sensores de fibra óptica, acelerómetros y dispositivos capaces de medir deformaciones, vibraciones y eventuales fisuras en tiempo real.

“Estas herramientas permiten detectar tempranamente señales de deterioro, priorizar intervenciones y optimizar recursos públicos”, sostuvo.

Parra advirtió además que la falta de mantención e inspecciones oportunas acelera el deterioro de los materiales y aumenta la probabilidad de que daños estructurales pasen inadvertidos hasta alcanzar niveles críticos.

Según explicó, esta situación puede derivar en restricciones de tránsito, interrupciones de conectividad, mayores costos de reparación e incluso riesgos para la seguridad de los usuarios.

“Desde una perspectiva tecnológica, la ausencia de monitoreo sistemático impide generar información histórica confiable para desarrollar modelos predictivos que permitan anticipar fallas y planificar inversiones de manera más eficiente”, agregó.

Realidad regional

Consultado por las observaciones formuladas por la Contraloría, el seremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo, Cristian Smitmans, explicó que estas situaciones están siendo abordadas por la Dirección de Vialidad junto al nivel central del ministerio.

“La seguridad de los usuarios no depende exclusivamente de una base de datos. Se garantiza mediante inspecciones en terreno, evaluaciones técnicas, restricciones de carga cuando corresponde, monitoreo permanente y programas de conservación y reposición de estructuras”, afirmó Smitmans.

El seremi sostuvo que las diferencias detectadas por Contraloría corresponden principalmente a aspectos administrativos y de trazabilidad de la información, más que a una falta de conocimiento técnico sobre el estado de los puentes.

En cuanto a las estructuras que requieren atención prioritaria en la Región de Coquimbo, mencionó los casos de Tilama, actualmente cerrado al tránsito vehicular y operando mediante un bypass; Montegrande, cuya reposición se encuentra programada; El Peral, donde se instaló un puente mecano provisorio mientras avanza la solución definitiva, y Monte Patria, cuya reposición está priorizada dentro de la planificación sectorial. Asimismo, destacó que la reposición del puente Marquesa registra actualmente un avance superior al 50%.

Respecto a la existencia de puentes desatendidos, Smitmans señaló que no comparte dicha afirmación y precisó que las observaciones de Contraloría apuntan a brechas en actualización de registros, periodicidad de inspecciones y gestión de información.

“La Región de Coquimbo administra aproximadamente 154 puentes y todos forman parte de los sistemas institucionales de seguimiento y gestión”, aseguró.

Plan para reducir brechas

El secretario regional ministerial indicó además que cuando asumió el cargo detectó una diferencia importante entre las inspecciones efectivamente realizadas y las frecuencias establecidas en el Manual de Inspección de Puentes.

“Actualmente existe una brecha cercana al 30% respecto de las frecuencias de inspección establecidas en dicho manual”, afirmó.

Frente a ello, explicó que se está desarrollando un trabajo conjunto con la Dirección Regional de Vialidad para actualizar información, fortalecer el monitoreo y aumentar la cobertura de inspecciones.

En esa línea, destacó que los nuevos contratos globales de conservación incorporan una línea específica destinada a la inspección de puentes, lo que permitirá avanzar en el cierre de las observaciones detectadas por la Contraloría.

Smitmans también enfatizó que las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador corresponden a procesos auditados entre 2022 y 2025 antes que asumiera el cargo y que el desafío actual es implementar medidas correctivas.

“Las observaciones no hablan de puentes abandonados ni de riesgos inminentes para los usuarios; hablan de brechas de gestión que estamos corrigiendo. Nuestro foco está en inspeccionar más, actualizar mejor la información y priorizar las inversiones donde más se necesitan para resguardar la seguridad y conectividad de las familias de la Región de Coquimbo”, dijo.