Embargo de cuentas por CAE afecta a más de 1.500 personas en mora

La Tesorería General de la República (TGR) inició un masivo proceso de embargo de cuentas bancarias que ya afecta a más de 1.500 deudores en mora del Crédito con Aval del Estado (CAE). La drástica medida se activó tras la instrucción directa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, provocando múltiples alertas y reclamos de los usuarios en redes sociales al percatarse de la retención total de sus fondos.

Ante la controversia generada, desde la TGR salieron al paso aclarando que la gran mayoría de los afectados percibe rentas superiores a los $3,5 millones mensuales y que cada uno de los procedimientos cuenta con el debido respaldo de los tribunales de justicia. Esta ofensiva se alinea con los planes para iniciar cobros y embargos a deudores de altos ingresos para resguardar las arcas fiscales.

El mecanismo opera como una de las últimas instancias de cobro de la TGR cuando existe morosidad. Tras la orden de reactivación de cobros de Hacienda y la resolución de un tribunal, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entrega el catastro de las cuentas bancarias de los morosos a la TGR, que posteriormente despacha la orden de retención a los bancos, entidades que congelan los dineros sin discriminar su origen.

Este último punto genera un complejo vacío legal. Aunque el Artículo 57 del Código del Trabajo establece que las remuneraciones son inembargables hasta un tope de 56 UF, es decir, poco más de $2.100.000, esta protección rige al solicitarse directamente al empleador. Al llegar el dinero a la cuenta corriente o vista, los bancos y la TGR no diferencian entre sueldos y ahorros, reteniendo la totalidad de los saldos existentes.

“Si usted ha sufrido el embargo de su cuenta corriente, y ese dinero correspondía a su remuneración, lo más rápido judicialmente es presentar un recurso de protección, y desde ahí recabar la documentación necesaria para poder demostrar a la Corte que ese embargo corresponde a su sueldo”, explicó Tania Olivera, abogada y socia de Defensa Deudores.

La especialista añadió a Radio Bío Bío que a través de esta vía se busca alzar la medida y restituir los fondos. Asimismo, recordó que quienes sean notificados formalmente de una demanda de cobranza por el CAE disponen de un plazo de 10 días hábiles para contestar y ejercer su defensa.

Previamente, la institución ya había implementado estrategias de segmentación de cobros para quienes mantienen deudas de arrastre, habilitando la opción de suscribir convenios de pago y estos son los requisitos para evitar llegar a instancias judiciales severas.