Sueldos del CDE: 37 funcionarios ganan más que el Presidente

En medio de un escenario de estrechez fiscal, se conoció que un grupo de 37 funcionarios del Consejo de Defensa del Estado (CDE) percibió remuneraciones que igualaron o superaron los $11,3 millones brutos correspondientes al sueldo bruto mensual del Presidente de la República, José Antonio Kast, durante el pasado mes de abril.

La situación, revelada inicialmente por El Mercurio y confirmada posteriormente por Radio Bío Bío, expone que varios de los abogados del organismo estatal alcanzaron ingresos de hasta $19,9 millones. Este incremento en las remuneraciones registrado entre marzo y abril se originó por el pago de un bono contemplado en una antigua ley sobre asignación para quienes cumplen funciones de fiscalización.

Mientras que en el sector corporativo privado los sueldos de gerentes en Chile lideran el ranking regional de ingresos, las altas rentas percibidas por estos servidores públicos han concentrado la atención debido a la actual coyuntura fiscal del Estado.

La nómina con las 10 remuneraciones más altas registradas en el CDE durante el mes de abril es la siguiente:

• Jorge Mario Escobar, abogado consejero: $19,9 millones
• Raúl Letelier, abogado consejero: $15,6 millones
• Ernestina Israel, abogada consejera: $15,2 millones
• Rodrigo Quintana, abogado consejero: $15,2 millones
• Ana María Hübner, presidenta del CDE: $15,1 millones
• Carlos Mackenney, abogado consejero: $15,1 millones
• Daniel Martorell, abogado consejero: $15,1 millones
• Paulina Veloso, abogada consejera: $15,1 millones
• Juan Peribonio, abogado consejero: $15,0 millones
• José Soto, abogado consejero: $14,9 millones

Al ser requeridos por esta situación por el medio de comunicación antes citado, desde la institución justificaron la legalidad de los montos argumentando el marco regulatorio que rige al servicio:

“las remuneraciones de los funcionarios del Consejo son las determinadas en la escala única de sueldos y en su ley orgánica, régimen especial que comparten otros servicios autónomos o de fiscalización en la administración del Estado”

El debate sobre la justificación y los límites de estos ingresos en la administración pública queda abierto en momentos donde la austeridad fiscal es altamente exigida.