Deudores del CAE acusan criminalización y exigen frenar embargos

La Coordinadora Nacional de Deudores del CAE manifestó su absoluto rechazo a las declaraciones emitidas por el presidente José Antonio Kast respecto a la situación financiera de quienes accedieron al Crédito con Aval del Estado. A través de una dura declaración pública, la agrupación acusó al jefe de Estado de intentar "criminalizar" a las familias endeudadas por acceder a la educación superior, descartando de plano que los actuales convenios de pago representen una solución de fondo al problema.

Desde la organización enfatizaron que las familias afectadas no son responsables de la crisis educacional ni de un sistema financiero fallido. "Las familias endeudadas por estudiar no somos culpables de un sistema fallido; somos las víctimas de un modelo que transformó un derecho social en una mochila financiera impagable", fustigó la directiva, apuntando que el diseño de este crédito estatal terminó por favorecer el negocio de la banca privada por sobre las expectativas de desarrollo de los estudiantes. Esta pugna nacional se da en un escenario de creciente presión judicial, que en zonas de cobertura local ya ha tenido duros precedentes, como cuando la justicia declaró inadmisible un recurso contra el cobro del CAE en la Región de Coquimbo presentado por una deudora de Ovalle.

Ante este panorama, la agrupación presentó una propuesta concreta de cuatro medidas urgentes para frenar la asfixia económica sobre los hogares:

• Frenar de forma inmediata los embargos: Exigen detener de manera urgente las acciones judiciales y el secuestro de bienes que amenazan el patrimonio familiar.
• Establecer convenios flexibles: Proponen adecuar las condiciones de pago a los ingresos reales de cada núcleo familiar, incorporando salvaguardas explícitas ante situaciones de desempleo o cesantía.
• Traspasar la deuda a pesos: Demandan erradicar el reajuste por la Unidad Tributaria Mensual (UTM) que vuelve los saldos eternos, para congelarlos en montos fijos en pesos.
• Pagar el monto original demandado: Solicitan limitar los cobros estrictamente a la cifra por la cual la persona fue demandada por el banco, eliminando intereses de cobranza y reajustes usureros adicionales.

Finalmente, los deudores agrupados hicieron un enfático llamado a no ser instrumentalizados políticamente para justificar agendas particulares que benefician a unos pocos. "La educación es un derecho, y la salida a este problema debe ser justa, real y empática con las familias chilenas", concluyeron en su declaración pública.