Exfuncionario de gobernación provincial: la pieza clave de red de tráfico en cárcel de Illapel

Una extensa exposición realizó el Ministerio Público durante la audiencia de formalización de los imputados en el denominado caso “Operación El Dorado”, investigación que indaga una presunta asociación criminal dedicada al ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Illapel, incluyendo, cinco funcionarios de Gendarmería. 

Durante la jornada en el Tribunal de Garantía de Illapel, el fiscal Ricardo Soto solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para once imputados, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. 

En horas de la mañana de ayer también se analizó la participación de cinco personas imputadas como cómplices, las que quedaron con una serie de cautelares que van desde arresto domiciliario nocturno hasta firmas mensuales y arraigo nacional.

Solicitud de prisión preventiva

Durante la tarde, en tanto, se abordó la solicitud de prevención preventiva del resto de los 11 involucrados entre los que se incluyen los cinco gendarmes. Cabe destacar que por disposición del tribunal, la identificación pública de los involucrados debe efectuarse solo mediante iniciales.

Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, la estructura criminal estaba integrada por proveedores de droga, intermediarios, internos y los funcionarios de Gendarmería quienes habrían facilitado el ingreso de sustancias ilícitas y especies prohibidas al recinto penitenciario.

De acuerdo con la investigación, el funcionario de Gendarmería, J.V.S.F. y apodado “el Hombre”, habría ejercido un rol central dentro de la organización. De hecho, el Ministerio Público lo identificó expresamente como el líder de la asociación criminal y sostuvo que mantenía comunicación permanente con proveedores, intermediarios e internos para coordinar el ingreso de drogas y teléfonos celulares al penal.

La fiscalía afirmó que las interceptaciones telefónicas, registros de cámaras de seguridad, vigilancias policiales y transferencias bancarias permitieron establecer que “el Hombre” aprobaba precios (hasta $150 mil por pasar un teléfono), cantidades y características de los encargos que serían ingresados al recinto penitenciario.

En la exposición realizada ante el tribunal, el persecutor sostuvo que el funcionamiento de la red comenzó a ser investigado durante 2024, luego de que una declaración acogida a la Ley 20.000 alertara sobre la existencia de tráfico de drogas al interior del recinto penal y la eventual participación de funcionarios públicos.

Exfuncionario de la gobernación provincial

Uno de los personajes que aparece reiteradamente en los antecedentes es C.A.C.M., apodado “el Carnicero”, a quien la fiscalía sindica como el principal intermediario entre los proveedores externos y los funcionarios penitenciarios involucrados.

Según lo expuesto en audiencia, “el Carnicero” mantenía contacto directo con quienes abastecían de droga a la organización y posteriormente coordinaba la entrega de los cargamentos a funcionarios penitenciarios para su ingreso al CDP de Illapel.

Caber destacar que “el Carnicero” es un exfuncionario de la antigua gobernación provincial de Choapa, donde estuvo vinculado a labores de amplificación y apoyo técnico en actividades organizadas por el organismo público. Asimismo, indicó, posee una empresa dedicada a servicios de audio e iluminación para eventos y, además, mantenía una radio online.

La investigación sostiene que este imputado recibía teléfonos celulares y droga desde distintos proveedores para posteriormente entregarlos a los funcionarios penitenciarios involucrados, especialmente a “el Hombre”.

Respecto de los funcionarios penitenciarios formalizados, la fiscalía apuntó a J.V.S.F. (“el Hombre”), M.I.L.P., R.P.C.C., M.A.O.R. y S.A.M.M. (“el Chorete”), como quienes habrían desempeñado distintos roles para facilitar el ingreso de elementos prohibidos al establecimiento penal.  A ellos se suman la joven A.L.R., sindicada como proveedora de drogas; D.R.S.L.M., también identificada como proveedora de sustancias ilícitas; J.V.O.F., conocido como “Pelao Uber”; C.A.C.M., alias “Carnicero”. E.A.C.P. y J.C.V.C.

Incremento de sus patrimonios

Según los antecedentes expuestos por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería, la investigación incluyó interceptaciones telefónicas, vigilancia de reuniones, análisis patrimonial, revisión de registros de cámaras de seguridad y declaraciones reservadas.

El fiscal detalló que las diligencias permitieron detectar comunicaciones en las que se coordinaban entregas de teléfonos celulares, drogas y otros artículos, además de conversaciones relacionadas con pagos por el ingreso de dichas especies al penal.

Parte de los antecedentes también apuntan a que algunos de los imputados habrían experimentado incrementos patrimoniales que, según la fiscalía, no guardarían relación con sus ingresos formales. Sobre esa base, varios de ellos fueron formalizados, además, por el delito de lavado de activos.

Durante la audiencia se expusieron informes que darían cuenta de adquisiciones de vehículos, terrenos y movimientos bancarios que están siendo analizados por los organismos investigadores y por el Servicio de Impuestos Internos.

Modus operandi

La fiscalía sostiene que la organización operó durante varios años mediante una estructura jerarquizada, donde proveedores externos abastecían de drogas al intermediario, quien coordinaba con funcionarios penitenciarios el ingreso de los cargamentos. Posteriormente, internos que cumplían funciones específicas dentro del recinto distribuían las sustancias y especies prohibidas entre la población penal.

Los funcionarios realizaban entrega de información incluso de los puntos muertos del sistema de televigilancia a la población penal y a los lanzadores de drogas desde fuera del penal, como también vendían otros elementos tecnológicos prohibidos por la administración penitenciaria, como ventiladores, videojuegos y consola de Nintendo Switch e incluso perfumes.

El Ministerio Público afirmó que la investigación logró acreditar una coordinación permanente entre los distintos integrantes de la red y que la participación de funcionarios públicos habría sido fundamental para el funcionamiento del esquema investigado.

La audiencia de formalización continuará este viernes con los alegatos de las defensas, mientras el tribunal deberá resolver las solicitudes de prisión preventiva planteadas por la fiscalía para los imputados considerados como integrantes de esta presunta asociación criminal.