Parlamentarios apuntan a graves fallas del Estado por caso de niños haitianos

El reportaje que reveló una serie de alertas ignoradas y oficios sin respuesta en torno al ingreso de niños haitianos a Chile bajo procesos de reunificación familiar abrió un amplio debate político y encendió las alarmas respecto a eventuales vulneraciones de derechos de los menores de edad, además de posibles fallas institucionales en los mecanismos de control y seguimiento del Estado.

La investigación publicada por BioBio Chile expone antecedentes sobre advertencias previas realizadas por funcionarios y organismos públicos respecto al ingreso de menores provenientes de Haití, muchas de las cuales no habrían tenido respuesta o seguimiento oportuno por parte de las instituciones competentes.

El caso ha generado preocupación e indignación debido a las dudas existentes sobre el paradero actual de algunos niños y niñas que ingresaron al país, así como sobre las condiciones en que se concretaron estos procesos migratorios y si efectivamente correspondían a reunificaciones familiares legítimas.

Frente a estos antecedentes, distintos parlamentarios de la zona manifestaron su preocupación y coincidieron en la necesidad de investigar los hechos con celeridad, determinar eventuales responsabilidades y priorizar la protección de la infancia por sobre cualquier debate político o migratorio.

Posible trata de personas

La diputada Carolina Tello calificó la situación como “de máxima gravedad”, señalando que los antecedentes conocidos podrían dar cuenta no sólo de vulneraciones de derechos, sino incluso de posibles delitos vinculados a trata o tráfico de personas.

“Cuando existen antecedentes que podrían dar cuenta de una vulneración de derechos o incluso un eventual delito de trata o tráfico de personas, el Estado tiene la obligación de investigar con toda la fuerza de la ley y esclarecer responsabilidades, sobre todo si se trata de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la parlamentaria.

Tello enfatizó que el foco principal debe estar puesto en la protección de los menores involucrados y en esclarecer qué ocurrió con ellos. En esa línea, llamó a que las instituciones actúen con rapidez y coordinación para determinar responsabilidades y garantizar la protección de los niños y niñas afectados.

Sin embargo, la diputada también advirtió sobre el riesgo de que el caso sea instrumentalizado para promover discursos xenófobos o de estigmatización hacia la comunidad haitiana residente en Chile.

“No podemos permitir que esta situación termine alimentando discursos de odio o estigmatización contra la comunidad migrante haitiana. Aquí las víctimas son niños y niñas, y su interés superior debe estar por sobre cualquier otra consideración política”, afirmó.

Asimismo, recalcó que la ciudadanía requiere respuestas claras respecto de cómo ocurrieron estos hechos y qué medidas adoptarán las autoridades para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Deuda con los niños, niñas y adolescentes

En la misma línea, el diputado Bernardo Salinas señaló que los antecedentes conocidos “son preocupantes y deben ser esclarecidos con total transparencia por las autoridades”, insistiendo en que el debate no puede reducirse únicamente a un problema migratorio.

“Aquí no sólo estamos frente a un tema migratorio, sino también ante una situación que involucra a niños y niñas que requieren especial protección”, indicó.

El parlamentario sostuvo que la principal prioridad debe ser establecer el paradero de los menores y garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas y seguras.

“La primera prioridad absoluta debe ser determinar dónde están esos niños y niñas, qué ocurrió con ellos y garantizar su bienestar. No podemos perder de vista lo central: estamos hablando de menores de edad cuya seguridad y protección deben estar por encima de cualquier otra consideración”, señaló.

Salinas también llamó a evitar que el caso sea utilizado como herramienta de confrontación política y pidió enfocarse en soluciones concretas y en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales.

“Lo que la ciudadanía espera son respuestas claras y acciones concretas”, afirmó.

En esa línea, agregó que “debemos identificar qué falló, corregir esos procedimientos y perseguir las responsabilidades que puedan existir, para evitar que una situación de esta naturaleza vuelva a repetirse. La protección de la infancia debe ser siempre el principio rector de cualquier decisión que adoptemos”.

Punto de inflexión

Por su parte, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que los antecedentes son “de extrema gravedad”, considerando que involucran directamente a niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales el Estado tiene obligaciones especiales de protección.

“Se trata de niños, niñas y adolescentes, y el Estado tiene una obligación irrenunciable de garantizar su protección y resguardar sus derechos, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria”, afirmó.

La parlamentaria apuntó directamente a posibles responsabilidades institucionales derivadas de eventuales fallas de coordinación entre organismos públicos.

“Si hubo fallas de coordinación entre organismos del Estado, estas deben ser esclarecidas de cara al país y corregidas con urgencia, porque podrían revestir negligencia e incluso abandono de funciones”, indicó.

Castillo sostuvo además que este caso debe transformarse en un “punto de inflexión” respecto a las políticas públicas vinculadas a infancia y migración, especialmente en materia de seguimiento y control.

“Es indispensable fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los mecanismos de seguimiento y asegurar que ningún niño, niña o adolescente quede fuera de la red de protección del Estado”, agregó.

La diputada también lamentó que situaciones de esta magnitud sean necesarias para abrir un debate más profundo sobre migración y protección de menores de edad.

“Es lamentable que tengan que ocurrir situaciones tan terribles como esta para que todos los sectores políticos se alerten y asuman con seriedad el debate migratorio”, expresó.

En tanto, el senador Daniel Núñez manifestó que la denuncia es “muy grave”, particularmente por las dudas existentes respecto de la identidad de los padres de algunos menores y sobre las razones concretas que motivaron su ingreso al país.

El senador agregó que actualmente existe una “gran interrogante” respecto del destino de varios de estos menores y sobre dónde se encuentran actualmente.

Núñez insistió en que los hechos deben ser investigados tanto por la justicia como a nivel administrativo, poniendo énfasis en la necesidad de descartar cualquier vulneración de derechos o utilización ilícita de los menores.

“Lo más importante es tener certeza de que ninguno de esos niños está siendo vulnerado en sus derechos ni utilizado para actividades ilícitas”, señaló.

No obstante, el parlamentario también llamó a diferenciar esta situación de los procesos legítimos de reunificación familiar realizados por muchas familias haitianas radicadas en Chile.

“En Chile existe una cantidad importante de migrantes haitianos, muchos de ellos en zonas rurales trabajando como temporeros de la fruta. En ese contexto, si existe la posibilidad de reunificación familiar, es algo completamente justo”, indicó.

Sin embargo, advirtió que los antecedentes conocidos apuntarían a un escenario distinto, debido al elevado número de menores involucrados y a la falta de claridad respecto de si efectivamente fueron recibidos por sus familias en Chile.