Fiscalía y querellantes refuerzan tesis de red de boletas falsas y desvío de fondos

El juicio oral por el presunto fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena —que ya se extiende por cerca de un mes— entró esta semana en su etapa final con los alegatos de clausura, en una causa que investiga el eventual desvío de más de 760 millones de pesos desde recursos destinados a salud primaria.

Durante la jornada, fiscalía, querellante y el representante de la corporación reforzaron un punto central: la existencia de un circuito sistemático de boletas e informes presuntamente falsos que habrían permitido la salida de fondos públicos hacia cuentas personales, familiares y societarias, mediante transferencias sucesivas y mecanismos de redistribución de dinero.

Falsificación de firmas y “soporte” documental para pagos

El fiscal Carlos Vidal Mercado apuntó a la prueba pericial como eje de la acusación, destacando la detección de múltiples firmas cuestionadas en informes de actividades asociados a distintos imputados.

Según expuso, peritajes incorporados en el juicio permitieron establecer que en diversos documentos se habrían falsificado firmas atribuidas a funcionarios, lo que habría servido como respaldo administrativo para la aprobación de pagos desde la corporación.

En la misma línea, el Ministerio Público sostuvo que los informes de actividades no solo presentaban irregularidades formales, sino que habrían sido utilizados como “soporte habilitante” para la salida de fondos, pese a no existir —según la acusación— prestación efectiva de servicios.

La fiscalía además reforzó la trazabilidad del dinero, indicando que parte relevante de los fondos habría terminado en cuentas del imputado Cristian Muñoz, junto con movimientos financieros posteriores que incluirían inversiones y transferencias entre distintas cuentas vinculadas al caso.

Por su parte, el abogado querellante de la municipalidad de La Serena, Adrián Vega, planteó una línea de tiempo que sitúa el origen del esquema en 2019, antes del inicio formal de las operaciones investigadas.

Según su exposición, los principales imputados habrían pasado de trayectorias laborales estables a una estructura progresiva de vínculos económicos y societarios, que derivó en la incorporación de terceros al sistema de pagos de la corporación.

El querellante sostuvo que el mecanismo se habría consolidado mediante la incorporación de personas del círculo cercano de los imputados —familiares, amigos y contactos laborales— quienes comenzaron a emitir boletas e informes que luego eran tramitados en la corporación.

Desde ahí, según la acusación, el dinero no se quedaba en un solo punto: era retirado, transferido y redistribuido hacia múltiples cuentas, generando un flujo permanente de recursos de origen público hacia el circuito privado de los involucrados.

Uno de los puntos más relevantes del alegato fue la supuesta recepción de parte importante de estos fondos por parte de Cristian Muñoz, quien —según la querella— no contaría con ingresos laborales formales consistentes en el periodo investigado.

Fondos públicos y “caja de paso”

A su vez, el representante de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, el abogado Gonzalo Pinochet, reforzó la tesis de que los hechos investigados no corresponden a un problema administrativo, sino a una presunta estructura organizada de desvío de recursos públicos de salud.

Según la exposición, los fondos —aunque administrados por una entidad de derecho privado— mantienen naturaleza pública al provenir del sistema de salud municipal y programas estatales, lo que descartaría cualquier interpretación de “recursos privados” o de libre disposición.

El abogado de la corporación describió el funcionamiento interno como un circuito donde los pagos se activaban a partir de documentos validados por el área de salud, sin control material sobre la efectiva prestación de servicios.

Ese diseño —según se planteó en juicio— habría sido aprovechado por los imputados, quienes conocían las debilidades del sistema de control interno, permitiendo la incorporación de boletas e informes que habrían simulado servicios inexistentes.

La corporación sostuvo además que la investigación permitió reconstruir un flujo completo del dinero: desde la emisión de documentos, su ingreso al sistema administrativo, el pago, y su posterior redistribución hacia cuentas personales, sociedades y terceros.

Un esquema de roles y circulación de dinero

Tanto la fiscalía como las partes querellantes describieron el caso como una estructura con roles diferenciados: algunos imputados vinculados a la emisión o gestión de documentos, otros a la validación administrativa y otros a la recepción y redistribución de fondos.

En ese esquema, los movimientos bancarios —según la acusación— no serían hechos aislados, sino parte de un circuito continuo de transferencia, mezcla y reutilización de recursos.

También se incorporaron referencias a inversiones, compras de bienes, transferencias entre cuentas personales y societarias, además de pagos asociados a empresas vinculadas a los imputados.

Uno de los elementos transversales expuestos en juicio fue el contexto de pandemia, periodo en el que —según la prueba incorporada— se habría intensificado la emisión de boletas y el volumen de recursos involucrados.

Sin embargo, las partes acusadoras fueron claras en señalar que ese contexto no explica el mecanismo, sino que habría facilitado su expansión debido a la mayor presión sobre el sistema de salud y sus controles internos.