Defensas cuestionan acusación de fiscal: piden distinguir responsabilidades individuales

Este lunes, las defensas de los principales imputados cuestionaron la forma en que el Ministerio Público construyó la acusación de fraude en contra de sus clientes, sosteniendo que se habría configurado una imputación “excesiva” y sin distinción suficiente entre los distintos involucrados.

En este contexto, el abogado Pedro Orthusteguy, defensor de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, afirmó que su estrategia no busca desconocer los hechos investigados ni su gravedad, sino discutir la calificación jurídica de la acusación y la forma en que se atribuye participación a cada imputado.

“La acusación fiscal ha realizado una construcción jurídica excesiva, que no se condice con la prueba efectivamente producida”, sostuvo, advirtiendo además un problema de congruencia con la acusación.

Orthusteguy centró su alegato en seis ejes, entre ellos, el período de ocurrencia de los hechos, asegurando que la acusación extendió los hechos hasta 2022, 2023 y 2024, lo que —a su juicio— no estaría respaldado por la prueba rendida.

Según la defensa, la participación de sus representados se habría limitado hasta septiembre de 2021, fecha en que se emitió la última boleta atribuida a ellos, mientras que la continuidad posterior del mecanismo habría correspondido exclusivamente a Bélgica Guerra.

El abogado además sostuvo que el mecanismo investigado se arrastraría desde al menos 2015, contradiciendo la tesis de la fiscalía sobre su origen.

En esa línea, señaló que testigos de la causa darían cuenta de emisiones de boletas falsas desde 2018, atribuidas a otras personas vinculadas al esquema.

Otro de los puntos planteados fue la supuesta desconexión entre los programas públicos administrados por la corporación y el mecanismo de boletas cuestionado.

Orthusteguy afirmó que los programas asociados a Nicole Cadena no habrían sido afectados materialmente, sino que los códigos contables habrían sido utilizados solo como “formalidad administrativa” para el pago de boletas.

También sostuvo que los fondos involucrados en los programas auditados —del orden de $350 millones— no coincidirían con el monto total del perjuicio fiscal investigado, el cual bordearía los $762 millones.

“En consecuencia, la pregunta es qué programas o fondos fueron efectivamente afectados. La respuesta es que no existe claridad”, señaló la defensa.

Críticas a la amplitud de la acusación

En tanto, el abogado Román Zelaya, defensor de Bélgica Guerra y Marcos Seura, abrió su intervención con cuestionamientos generales a la acusación, afirmando que el caso refleja una “imputación generalizada” sin distinción suficiente entre los involucrados.

A juicio del defensor, el Ministerio Público habría construido una acusación amplia, imputando múltiples delitos a todos los participantes sin un análisis individualizado de responsabilidades.

“Se termina, en la práctica, acusando a todos por todos los delitos posibles”, sostuvo, agregando que aquello generaría problemas de proporcionalidad en las penas solicitadas.

Zelaya mencionó que en el caso de su representada, Bélgica Guerra, la fiscalía solicita 42 años de presidio, mientras que para otros imputados, como Marcos Seura, las penas solicitadas alcanzarían cerca de 30 años.

Respecto de Marcos Seura, la defensa indicó que se le atribuye haber recibido remuneraciones y posteriormente transferido dineros a distintos involucrados del esquema, sin que —según sostuvo— existan pruebas de adquisición de bienes, sociedades o mecanismos de ocultamiento.

“¿Existen propiedades adquiridas con estos dineros? No. ¿Existen sociedades constituidas? No”, planteó el abogado.

En cuanto a Bélgica Guerra, la defensa sostuvo que habría recibido transferencias de múltiples personas, incluyendo coimputados, y que las operaciones financieras consistían principalmente en movimientos entre cuentas personales.

Según Zelaya, las transferencias no evidenciarían estructuras complejas de lavado ni retornos encubiertos, sino flujos directos reconocidos por los propios imputados.

Cuestionamientos a la figura de asociación ilícita

El abogado también se refirió a la acusación por asociación ilícita, señalando que el tribunal debe aplicar la normativa vigente al inicio de los hechos, la cual —según afirmó— exige requisitos más estrictos como jerarquía, permanencia y organización.

En ese contexto, sostuvo que lo que existiría en la causa sería coordinación entre personas que no necesariamente se conocían previamente y que habrían actuado vinculadas al mecanismo investigado.

“No se configura la estructura típica de una asociación ilícita”, afirmó.

Obtención fraudulenta de remuneraciones

Finalmente, la defensa planteó que, en el caso de Marcos Seura, los hechos se encuadrarían mejor en el delito de obtención fraudulenta de remuneraciones del artículo 470 N°8 del Código Penal, y no en fraude al fisco.

El abogado citó jurisprudencia dictada en la misma causa respecto de otros imputados, donde —según indicó— tribunales habrían descartado el fraude al fisco por no concurrir la calidad de funcionario público.

Asimismo, sostuvo que rige el principio de incomunicabilidad de las circunstancias personales, lo que impediría extender la calificación de delitos funcionarios a quienes no cumplen dicha calidad.

“Lo que se plantea no es una construcción aislada, sino una interpretación coherente con la jurisprudencia dictada en esta misma causa”, concluyó.

Cabe indicar que durante la tarde de este martes se realizarán las réplicas de los acusadores y dúplicas de las defensas y las últimas palabras de los acusados.

Además, se anunciará el día y la hora en que se dará a conocer el veredicto.