Las incógnitas que rodean la muerte de Dylan, joven abatido por carabineros

A poco más de una semana de la muerte de Dylan Álvarez, el joven trabajador minero que falleció la madrugada del pasado 27 de junio tras recibir un disparo durante un procedimiento policial en el sector de La Varilla, la investigación continúa avanzando con nuevas diligencias mientras la familia insiste en que se conozca toda la verdad de lo ocurrido.

El caso, que ha generado un amplio impacto en la comunidad y reabierto el debate sobre el uso de la fuerza policial, mantiene como una de las principales piezas de interés las cámaras corporales de los funcionarios involucrados, además de peritajes balísticos, declaraciones de testigos y registros audiovisuales que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

En ese contexto, la familia decidió contratar representación jurídica para seguir de cerca el desarrollo de la investigación y velar por que todas las diligencias sean realizadas con transparencia. "Las principales dudas que buscan despejar dicen relación con la forma exacta en que se desarrolló el procedimiento policial: si efectivamente existió un riesgo real que justificara el uso de arma de servicio, si se agotaron otras alternativas antes de recurrir a la fuerza letal, y si el actuar de Carabineros se ajustó a los protocolos vigentes", señalaron a El Día desde el estudio Equipo Legal 24 que representa a la familia de Dylan.

Los abogados sostienen que, hasta ahora, la única versión pública ha sido la entregada por la Policía de Investigaciones tras las primeras diligencias. Sin embargo, afirman que la familia maneja antecedentes distintos respecto de las horas previas a la muerte del joven.

"Según explicó el subprefecto Fredy Montoya, el conductor habría evadido el control policial y posteriormente Carabineros hizo uso de su arma de servicio. La familia sostiene una versión distinta de los hechos previos, en la que Dylan se dirigía tranquilamente a su domicilio tras una reunión con amigos. Estas diferencias entre ambas versiones son, precisamente, lo que motiva a solicitar que la investigación reúna y analice la totalidad de la evidencia disponible —incluidas las cámaras corporales— antes de que se establezca una conclusión definitiva", indicaron.

Aunque prefieren no pronunciarse sobre diligencias específicas mientras la investigación permanece desformalizada, aseguran que seguirán evaluando permanentemente el avance de la causa y solicitarán nuevas actuaciones si las consideran necesarias para esclarecer completamente lo sucedido.

PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA

Uno de los puntos que la familia espera que la investigación determine es si el uso del arma de servicio fue proporcional frente a la situación que enfrentaban los funcionarios.

"Dylan era un padre de familia de una niña de tres meses de edad, que no arriesgaría su vida en actos temerarios. Además, existen discrepancias entre los horarios y circunstancias que entrega Carabineros y la información que maneja el entorno cercano de Dylan sobre sus movimientos esa madrugada. Estas discrepancias son parte de lo que se espera que la investigación aclare", sostiene el equipo jurídico.

En ese mismo sentido agregan que será precisamente la investigación la que deberá establecer si existían alternativas distintas al uso de la fuerza letal. "No corresponde a nuestra parte anticipar conclusiones sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, pero sí exigimos que ese análisis se realice de manera exhaustiva e imparcial, conforme a los protocolos que rigen el uso de armas de servicio por parte de Carabineros de Chile".

Los abogados consideran que las cámaras corporales, las grabaciones de seguridad, los peritajes balísticos y las declaraciones de testigos serán determinantes para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos. Paralelamente, la defensa evalúa adherirse formalmente a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público o presentar una querella criminal, decisión que dependerá del análisis de todos los antecedentes que se incorporen al expediente.

Asimismo, confirmaron que estudian tanto eventuales acciones penales como civiles. "Evaluamos ambas vías. Junto con las eventuales acciones penales, consideramos las acciones civiles correspondientes para solicitar la indemnización de los perjuicios ocasionados a la familia. Dylan, quien se desempeñaba como trabajador minero, era el sustento económico no solo de su hija de tres meses, sino también de su joven pareja y de su madre, quien hoy está devastada por su pérdida".

Más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse, los cercanos a Dylan asegura que su principal objetivo es conocer la verdad. "Para la familia, la verdad significa poder cerrar este proceso sabiendo con certeza qué le ocurrió a Dylan esa madrugada, y también significa restablecer su nombre frente a versiones que lo han presentado, sin fundamento, como una persona con intenciones delictuales. Es, ante todo, una forma de dignificar su memoria frente a su hija, que crecerá sin conocerlo".

También hicieron un llamado a evitar juicios anticipados mientras la investigación permanece en curso agradeciendo “el apoyo y la solidaridad que ha recibido de la comunidad, y hace un llamado a mantener la calma y la confianza en que la institucionalidad hará su trabajo con rigor. Piden que se evite prejuzgar a Dylan o a cualquier otra persona involucrada mientras la investigación no concluya y confían en que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz".

"NO SE DESCARTA NINGUNA HIPÓTESIS"

Desde el Ministerio Público informaron a El Día que la Fiscalía de Flagrancia tomó conocimiento del caso durante la madrugada del 27 de junio, tras la denuncia realizada por Carabineros, disponiendo de inmediato que la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística realizaran las primeras diligencias investigativas. Además, se instruyó la autopsia en el Servicio Médico Legal de La Serena y la recopilación de imágenes, testimonios y otros antecedentes.

Posteriormente, la causa quedó radicada en la Fiscalía Local de La Serena, que actualmente dirige la investigación.

El fiscal jefe de La Serena, Gianni Stagno, explicó que el objetivo principal sigue siendo establecer con claridad la dinámica del procedimiento. "A raíz de la comunicación por parte del carabinero al fiscal de turno, el personal de Investigaciones fue requerido en el lugar para efectuar las investigaciones del caso, junto al personal del Laboratorio de Criminalística. Esto con objeto de aclarar la dinámica de los hechos respecto a por qué se producen los disparos".

Stagno confirmó que actualmente se desarrollan diversas pericias. "No se descarta ninguna hipótesis. Se están realizando pericias tanto a la persona que resulta fallecida, al personal de Carabineros que utiliza el arma de servicio —armas usadas, municiones y vainillas que quedan en el sitio del suceso, direccionalidad y distancia en que se efectúan los disparos— y al vehículo que recibe el impacto balístico".

El persecutor agregó que la investigación ha avanzado con rapidez durante los últimos días. Así ya las pericias finalizaron y están a la espera de reunir toda la documentación y otras evidencias para corroborar las versiones que se reunieron en la investigación. "También se ha requerido a personal de Investigaciones un nuevo barrido del sitio del suceso y la obtención de cámaras y testigos que puedan haber presenciado los hechos o haber tenido conocimiento de los mismos".

Desde la Fiscalía también confirmaron que los familiares de Dylan Álvarez han sido atendidos por la institución durante el desarrollo de la investigación.

PROTOCOLOS OFICIALES ANTE EL USO DE LA FUERZA

Para comprender cómo se evalúan este tipo de procedimientos, el exgeneral de Carabineros Jorge Tobar explicó a El Día que el actuar policial en Chile se encuentra regulado por normas nacionales e internacionales que establecen cuándo puede utilizarse la fuerza letal.

Según indicó, los protocolos vigentes son similares a los aplicados por policías de países europeos y agencias anglosajonas, y se sustentan en el principio de legítima defensa contemplado en el artículo 10 del Código Penal.

"Cuando el agente de policía enfrenta una agresión ilegítima, responde a ella proporcionalmente con los medios legales de los cuales dispone. Si la agresión es potencialmente letal, el funcionario está en su derecho de responder de la misma forma para proteger su vida o la de terceros", señaló.

No obstante, enfatizó que todo procedimiento con resultado de muerte debe ser investigado de manera independiente.

"Lo relevante también es ver cómo la legislación en Chile obliga —tras ocurridos los hechos— a una rendición de cuentas por parte del Estado. En este sentido, luego de los hechos, en especial si estos son luctuosos, el Ministerio Público iniciará una investigación —más allá de la presunción de legalidad del uso de la fuerza que establece la Ley Nain-Retamal— para determinar responsabilidades, si estas existieren. En lo administrativo, el organismo policial respectivo también debe iniciar una investigación interna sobre la situación".

Finalmente, destacó que las policías chilenas están sujetas a estrictos controles sobre el uso de la fuerza y al cumplimiento de estándares de protección de los derechos humanos, lo que, a su juicio, entrega garantías de transparencia para todas las partes involucradas.