¿Qué busca Fuenzalida con ofensiva judicial tras allanamiento?

El exdiputado Juan Manuel Fuenzalida Cobo, de la UDI, ha activado una ofensiva judicial al solicitar una audiencia de cautela de garantías. El objetivo es acceder a la solicitud que permitió el allanamiento de sus oficinas a fines del mes pasado.

Según la presentación ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, su defensa, a cargo del penalista Nelson Salas Stevens, aún no ha logrado obtener una copia de la petición de la fiscal Constanza Encina, la cual fundamentó la orden de entrada y registro del 23 de junio de 2026.

“La defensa requirió a S.S. copia de la solicitud fiscal, para efectos de conocer los motivos por los cuales S.S autorizó la transgresión a su privacidad, intimidad y derecho a la propiedad, sin embargo, dicha petición fue denegada por encontrarse la causa reservada con diligencias pendientes de plazo”, detalla el escrito.

La defensa argumenta que se confunden los motivos para denegar la información. Señalan que la reserva o confidencialidad de la causa ante el tribunal (regulada por el Auto Acordado 16/2017) es distinta del secreto de la investigación en sí (regulada en el artículo 182 del Código Procesal Penal).

Incluso si la solicitud de entrada y registro fue declarada secreta por el fiscal, Salas explica que el inciso cuarto del artículo 182 “permite al imputado pedir al juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare”.

Públicamente, se ha trascendido que al excongresista se le investiga por la presunta devolución de dineros en efectivo por parte de sus asesores parlamentarios y por el uso de la plataforma digital Socialtazk como una “pantalla vacía” financiada con recursos públicos. Estos antecedentes han motivado otras defensas a solicitar la apertura de información en casos similares, como ocurrió con el exministro Gabriel Ruiz-Tagle. Lea aquí los detalles de ese caso.

Según una declaración de su jefa de gabinete, revelada por Mega, entre 2023 y 2024 el exdiputado le habría otorgado un “adicional al sueldo” de entre 350 y 400 mil pesos mensuales, mediante anexos de contrato visados por la Cámara de Diputados.

“Era un adicional que debía traspasárselo a él. En ese sentido era muy reservado y solo me daba instrucciones (…). Luego yo debía girar ese monto en efectivo y se lo pasara personalmente si tenía la oportunidad cuando era semana distrital, y si no, me pedía que fuera al banco y la depositara en una ventanilla en efectivo, a una cuenta suya del Banco Santander. Nunca me pidió una transferencia, siempre fue en efectivo”, confesó la testigo.

La exasesora indicó que este mecanismo se detuvo cuando ella manifestó su incomodidad, lo que habría desatado la molestia del entonces legislador. Tras esto, acusó que Fuenzalida replicó la práctica con su secretaria y con su propia pareja, a quien también habría contratado con cargo al personal de apoyo.

Con este panorama, la defensa del exdiputado busca que el tribunal fije la audiencia de cautela de garantías y así obtener acceso a la solicitud fiscal, clave para conocer la base de la investigación en su contra y los motivos que llevaron a la orden de allanamiento.