Excolaboradores blindan a Fuenzalida y desmienten a su exjefa de gabinete

Una fuerte contraofensiva comunicacional iniciaron diez excolaboradores del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), luego de que salieran a la luz pública las declaraciones que hizo ante la fiscalía, la exjefa de gabinete del parlamentario, Evelyn Andrea Contreras Vergara.

Ante el Ministerio Público, la mujer habría asegurado que realizaba depósitos en efectivo a Fuenzalida con recursos que supuestamente provenían de arcas estatales, en una de las aristas del entramado de corrupción por el que también es indagado el diputado Joaquín Lavín León. 

A través de un comunicado de prensa, el grupo de exasesores del otrora legislador por la Región de Coquimbo manifestó un rotundo rechazo a los dichos de Contreras, afirmando que sus palabras “no se ajustan a la realidad” y que “no comprenden” su motivación.

“Negamos de manera absoluta haber recibido instrucciones por parte del exdiputado Fuenzalida, o de terceras personas, para entregar parte de nuestras remuneraciones”, enfatizaron.

No hubo destrucción de evidencia

El grupo, compuesto por Verónica Cortés, Nicolás Godoy, Juan Pablo Aguirre, Angelina Márquez, Roberto Rojas, Dinka Herrera, Paola Cortés, Ivette Sánchez, Daniel Soto y Carolina Olivares, también salió al paso de las sospechas sobre ocultamiento de pruebas.

Aseguraron de forma tajante que nunca recibieron órdenes para destruir, botar o hacer desaparecer teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos ni en el marco del denominado “caso Lavín” ni en ninguna otra indagatoria.

Los firmantes recalcaron asimismo, que no fueron testigos ni destinatarios de ninguna de las conductas descritas por Contreras en los portales web, por lo que advirtieron que se reservan el derecho a ejercer acciones legales en su contra por “perjudicarlos gratuitamente”.

Asimismo, aclararon que aunque la fiscalía aún no los ha contactado, están “plenamente dispuestos a declarar y a entregar todos los antecedentes que nos sean requeridos”.

Reacciones de parlamentarios

El caso, por el que se llevaron a cabo allanamientos policiales a las propiedades de Fuenzalida, generó inmediatas reacciones en el espectro político local.

Desde la oposición, la diputada Nathalie Castillo (PC) calificó los antecedentes como de la “máxima gravedad” y exigió que el Ministerio Público investigue “caiga quien caiga y sin privilegios”.

Castillo apuntó directamente al oficialismo, señalando que “resulta especialmente grave que sectores que durante años se presentaron como paladines de la probidad hoy acumulen una seguidilla de dirigentes investigados o incluso condenadas por casos de corrupción”, añadiendo que frente a esto no caben los dobles estándares ni las “defensas corporativas”.

En una línea similar, el senador Daniel Núñez (PC) tildó la situación como un “nuevo escándalo de corrupción” que daña gravemente la imagen del Congreso.

Para el parlamentario, “las explicaciones del señor Fuenzalida llegan tarde” y apuntó que “es difícil imaginar que su jefa de gabinete haya inventado todas estas declaraciones solo con el afán de perjudicarlo”, instando a la fiscalía a actuar con todo el rigor de la ley.

Defensa del debido proceso

Por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI) optó por la cautela y pidió respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso. Tras manifestar que conoce a Fuenzalida desde hace muchos años, expresó su deseo de que el exdiputado pueda esclarecer los hechos prontamente.

“En un Estado de Derecho, las responsabilidades no se establecen por titulares ni por acusaciones, sino sobre la base de los antecedentes que reúna la justicia”, remarcó Gahona, aunque concedió que el estándar de transparencia para quienes ejercen funciones públicas debe ser “especialmente exigente” para cuidar la confianza ciudadana.