ONG chilenas: “no solicitamos aranceles, sino cambios regulatorios”

Mientras el Gobierno chileno insistía ante Estados Unidos en la solidez de su marco institucional para prevenir el trabajo forzoso, las organizaciones Fundación Libera y Ecoceanos presentaron ante la autoridad comercial estadounidense serios cuestionamientos sobre las condiciones laborales en la salmonicultura y la agricultura chilenas.

Ambas ONG intervinieron en las audiencias de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde señalaron que la legislación chilena no cumple con los estándares internacionales en la materia. Además, denunciaron explícitamente casos de explotación laboral en estos importantes sectores productivos.

La relevancia de su participación escaló tras la confirmación, por parte de Estados Unidos, de un arancel del 12,5% para ciertas exportaciones chilenas. Esta medida se justificó por discrepancias en la evaluación de los mecanismos para evitar la importación de productos elaborados bajo trabajo forzoso.

Aunque el Gobierno chileno rechazó esta conclusión e inició negociaciones para excluir productos nacionales de la sobretasa, las ONG aclararon que su objetivo no era solicitar nuevos aranceles, sino impulsar cambios regulatorios internos en Chile.

Según las organizaciones, recurrieron a esta instancia internacional luego de no haber logrado avances significativos a nivel nacional, pese a sus esfuerzos previos.

Lo que nosotros hicimos fue utilizar un mecanismo institucional existente, transparente y público, para dar a conocer situaciones gravísimas de vulneración de derechos laborales que sindicatos, agrupaciones de trabajadores y la sociedad civil llevamos décadas denunciando, sin avances significativos.

Así lo afirmó Carolina Rudnick, presidenta de Fundación Libera, a BioBioChile. Rudnick enfatizó que la solicitud ante la USTR no buscaba un castigo a las exportaciones, sino un plan de implementación gradual de medidas estructurales en Chile. “Lo que nosotros solicitamos no fue la aplicación de aranceles, fue el reemplazo de esos aranceles por un plan de implementación gradual de medidas estructurales”, precisó, defendiendo la presión internacional como vía para la reforma.

En la misma línea, Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo del Centro Ecoceanos, calificó su intervención ante la USTR como un ejercicio de “ciudadanía global”. Su objetivo, explicó a BioBioChile, es “cobrarle la palabra al gobierno de Chile y a las empresas transnacionales que operan en nuestro país en los mercados internacionales, para exigirles que avancen e implementen estándares laborales globales”.

Cárdenas también criticó la legislación chilena, indicando que el trabajo forzado no está tipificado como delito autónomo. Subrayó la existencia de pendientes regulatorios en la agricultura y la salmonicultura, donde, afirmó, hay “trata con fines de trabajo forzado de personas migrantes [...] un problema gravísimo que existe invisibilizado en Chile desde hace varios años”.

La participación de las ONG coincidió con el proceso que culminó en la aplicación de la sobretasa del 12,5%, que comenzó a regir este viernes y que impacta a cerca del 40,3% de las exportaciones chilenas a Estados Unidos.

La administración de Donald Trump justificó la decisión por el “fracaso” de algunos países en prohibir importaciones con mano de obra forzosa. Sin embargo, el Gobierno chileno ha desestimado cualquier vínculo entre las exportaciones nacionales y productos elaborados bajo esas condiciones. De hecho, Chile ha defendido su sólida institucionalidad laboral.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, afirmó que Chile posee un “sólida institucionalidad laboral” y un marco regulatorio eficaz para prevenir y combatir el trabajo forzoso. Además, aclaró que la resolución estadounidense no sostiene que Chile exporte bienes con trabajo forzoso, sino que se basa en una evaluación de los mecanismos regulatorios de cada país.

A diferencia del Ejecutivo, Ecoceanos valoró la sobretasa como una herramienta de presión internacional. “La historia demuestra que tanto el Estado como el sector empresarial en Chile solo modifican sus malas prácticas ambientales, laborales y sociales cuando existe presión de las organizaciones de la sociedad civil o se implementan medidas de presión desde los mercados”, sostuvo Cárdenas.

A su juicio, la sobretasa del 12,5% “constituye una poderosa medida” para impulsar cambios en las prácticas laborales de las empresas exportadoras.

Mientras la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales continúa negociando con Estados Unidos para buscar exenciones para productos clave como el salmón y el vino, Ecoceanos y Fundación Libera insisten en que estas conversaciones deben incluir medidas estructurales. Entre sus propuestas destacan la tipificación del trabajo forzado como delito, el fortalecimiento de la regulación laboral en sectores de riesgo (agricultura y salmonicultura), la prohibición de importar productos elaborados bajo estas condiciones, el aumento de herramientas de fiscalización y una mayor participación de sindicatos y organizaciones civiles.

Productos como el cobre refinado, la plata, el litio, los kiwis y las paltas quedaron excluidos de la medida arancelaria, mientras que el salmón y el vino se encuentran entre los afectados.