Agricultores buscan frenar en la justicia ambiental continuidad de Minera Tres Valles

Un nuevo capítulo suma la controversia por la continuidad operacional de Minera Tres Valles en la provincia del Choapa. El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel y un grupo de agricultores, quienes buscan dejar sin efecto la autorización ambiental otorgada al proyecto que pretende extender las faenas por otros 11 años.

La iniciativa, perteneciente a Compañía Minera Tres Valles SpA, contempla una inversión cercana a US$30 millones y permitirá mantener las operaciones hasta 2037, mediante la explotación de la mina subterránea Papomono y el procesamiento del mineral en las instalaciones ya existentes.

La acción judicial se dirige contra una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que rechazó los recursos administrativos presentados por los reclamantes y mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo utilizado para evaluar la iniciativa. Según los agricultores, las modificaciones propuestas representan un cambio sustantivo respecto de una faena que anteriormente fue sometida a Estudios de Impacto Ambiental (EIA), por lo que debió ingresar nuevamente mediante ese instrumento y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

A ello se suman reparos por el eventual impacto sobre los recursos hídricos, especialmente en la quebrada de Cárcamo y los sistemas de Agua Potable Rural (APR), además de observaciones relacionadas con la extensión de la vida útil del proyecto, el cambio en el método de explotación y la falta de una evaluación de los impactos acumulativos.

Los reclamantes también sostienen que durante la evaluación ambiental no fueron debidamente consideradas diversas observaciones ciudadanas ni antecedentes técnicos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA).

Ante el tribunal solicitaron dejar sin efecto tanto la resolución del SEA como la RCA que autorizó la continuidad operacional. En subsidio, pidieron que la iniciativa sea sometida a un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de los impactos acumulativos. Asimismo, solicitaron decretar medidas cautelares para suspender los efectos de la autorización mientras se resuelve el fondo del conflicto.

Defensa de la empresa

Por su parte, María Eugenia Sabbagh Vidal, en representación de Minera Tres Valles, solicitó rechazar la reclamación, argumentando que el proyecto fue evaluado por todos los organismos técnicos competentes y que los cuestionamientos planteados ya fueron analizados y descartados durante el proceso ambiental.

La empresa sostiene que la DGA Nacional concluyó que no existen impactos significativos sobre los recursos hídricos de la quebrada de Cárcamo y que el método de explotación fue debidamente evaluado. Añade que Sernageomin aprobó el Plan de Cierre, el cual incorpora medidas para controlar y monitorear el área de subsidencia.

En esa línea, afirma que la reclamación no aporta antecedentes nuevos y que busca reabrir materias ya resueltas por la autoridad ambiental.

Respecto de la solicitud de suspender la autorización ambiental, la minera sostiene que no existe un riesgo actual o inminente que justifique una medida cautelar. Según indica, la subsidencia se desarrolla en un área previamente intervenida y el componente hídrico cuenta con un modelo hidrogeológico que descarta impactos relevantes.

Finalmente, advirtió que una eventual paralización del proyecto provocaría perjuicios a la empresa, sus trabajadores, contratistas y proveedores, además de afectar la economía de Salamanca e Illapel debido a las inversiones comprometidas y al empleo asociado a la operación.

Con la admisión a trámite de la reclamación, será ahora el Primer Tribunal Ambiental el encargado de analizar los antecedentes presentados por ambas partes y resolver si la aprobación ambiental del proyecto se ajustó o no a la normativa vigente.