Aguas agitadas al interior del GORE tras suspensión de dirigente gremial

Durante las últimas semanas, una sucesión de decisiones administrativas, salidas de funcionarios y disputas internas ha vuelto a instalar dudas sobre el clima laboral al interior del Gobierno Regional de Coquimbo.

Aunque desde la administración regional se evita hablar de una crisis y se recalca que existen procedimientos administrativos en curso, distintas situaciones han ido alimentando la percepción de un ambiente tensionado entre funcionarios, jefaturas y autoridades políticas.

Uno de los episodios que abrió nuevamente este debate fue la salida de Danilo Tapia de la jefatura de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR), ocurrida a fines de julio, en medio de la discusión por la reasignación de cerca de $18 mil millones destinados a financiar la reconstrucción de la región.

De acuerdo con versiones recogidas desde el interior del servicio, la salida de Tapia habría estado relacionada con diferencias respecto del mecanismo para materializar dicha modificación presupuestaria. Según esos antecedentes, el jefe de la DIPIR y parte de su equipo técnico habrían formulado observaciones sobre el procedimiento y planteado la necesidad de contar previamente con una revisión de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

La explicación entregada públicamente por el gobernador Cristóbal Juliá, sin embargo, fue distinta. La autoridad sostuvo que la renuncia respondía a motivos personales, aunque también la vinculó a dificultades en materia de ejecución presupuestaria y a metas que había establecido para la división.

Pero la situación no terminó con esa salida, ya que días después dejó su cargo Pedro Barrios, jefe del Departamento de Programas y Proyectos y considerado cercano al exjefe de la DIPIR. Desde el GORE señalaron que su desvinculación obedeció a una evaluación profesional relacionada con el cumplimiento de metas de ejecución presupuestaria. Desde el entorno de los funcionarios, en cambio, ambas salidas fueron vinculadas a las diferencias surgidas en torno al proceso de reasignación de recursos.

El episodio provocó inquietud entre algunos integrantes del Consejo Regional, quienes destacaron públicamente el trabajo desarrollado por ambos profesionales y manifestaron preocupación por la continuidad de los proyectos y por las señales que estos cambios podrían generar al interior del organismo.

Otro conflicto abierto

Pero las tensiones no se limitarían solo al área presupuestaria.

Otro de los focos de atención está puesto actualmente en el Departamento Jurídico del GORE, donde un procedimiento administrativo mantiene suspendida de sus funciones a Beatriz Hidalgo, presidenta de la Nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional.

Fuentes al interior del servicio explican que el caso se originó a partir de una diferencia de opinión y de actuación entre Hidalgo y la jefatura del Departamento Jurídico. Sin embargo, la asociación decidió no entregar mayores antecedentes mientras el procedimiento permanezca en desarrollo, precisamente para evitar que sus declaraciones puedan afectar la situación de su dirigenta.

El caso adquiere una dimensión adicional debido al rol gremial de Hidalgo. La abogada no solo forma parte del Departamento Jurídico, sino que encabeza una de las organizaciones que representa a los trabajadores del Gobierno Regional.

No se trata, además, de la primera vez que Hidalgo queda involucrada en un conflicto de alta exposición con autoridades regionales. Durante la administración de Krist Naranjo, la funcionaria presentó una querella por injurias que terminó con un acuerdo de conciliación y disculpas de la entonces gobernadora.

Una tensión que viene de antes

No obstante, el actual escenario tampoco surge completamente de cero.

Durante administraciones anteriores ya habían existido episodios de fuerte conflicto entre los trabajadores del GORE y sus autoridades. En 2024, funcionarios protagonizaron movilizaciones y cuestionamientos por cambios de funciones y desvinculaciones, mientras dirigentes gremiales advertían sobre problemas de estabilidad laboral y falta de diálogo.

Incluso al inicio de la actual administración de Cristóbal Juliá se produjeron cuestionamientos por desvinculaciones de funcionarios a contrata y honorarios. En febrero de 2025, la Nueva Asociación denunció la salida de 12 trabajadores y manifestó su preocupación por el impacto que los cambios tendrían en distintas divisiones del organismo.

En aquella oportunidad, la dirigente señaló que la administradora regional, Loreto Molina, había recibido a representantes de los trabajadores para abordar los casos.

Un ambiente que se ha ido cargando

A las salidas y al conflicto jurídico se suman otros episodios que han contribuido a aumentar la tensión.

Entre funcionarios existe inquietud por la forma en que se han producido algunos cambios, mientras que también ha generado malestar una serie de declaraciones y publicaciones realizadas en medio de las controversias.

Uno de los episodios más visibles ocurrió a comienzos de agosto, cuando una funcionaria del Departamento Jurídico publicó en redes sociales un mensaje en el que calificaba de “desleal” a una persona que, sin identificar directamente, acusaba de haber sembrado dudas mediante “mentiras”. La publicación estaba acompañada por una fotografía del gobernador Cristóbal Juliá y apareció pocos días después de las salidas de Tapia y Barrios.

Aunque la funcionaria no identificó expresamente a la persona aludida, el mensaje fue interpretado en el contexto de la polémica que se había instalado por la salida de los profesionales del área presupuestaria.

A ello se agrega la existencia de roces entre funcionarios y representantes del Consejo Regional, lo que ha contribuido a que el ambiente sea seguido con atención por quienes trabajan al interior del organismo.

GORE: casos están siendo abordados

Consultado por Diario El Día acerca del estado de la situación laboral y administrativa al interior del Gobierno Regional, desde el ejecutivo local señalaron que los casos están siendo abordados conforme a los procedimientos establecidos.

“El Gobierno Regional de Coquimbo está abordando con responsabilidad las situaciones administrativas que se han presentado. Existen procedimientos en curso y, mientras estos no concluyan, corresponde respetar su carácter reservado, el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas”, indicaron.

Respecto de las divisiones que se encontraban sin jefatura titular, precisaron que estas “ya se encuentran con una nueva persona a cargo y completamente funcionando”.

Finalmente, desde el GORE recalcaron que “cualquier antecedente que corresponda investigar será investigado y respetando estrictamente la normativa vigente”.

De esta manera, por ahora el ejecutivo regional optó por mantener bajo reserva los detalles de los procedimientos en curso. Mientras tanto, al interior del organismo persisten interrogantes respecto de las razones detrás de algunas decisiones y sobre si los últimos episodios corresponden a situaciones independientes o son parte de un escenario de mayor tensión administrativa y laboral.