Alcaldes del Limarí piden claridad sobre el proceso de traspaso a los SLEP

La propuesta del gobierno para extender hasta 2040 la implementación del sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) generó incertidumbre entre los municipios de la provincia de Limarí, cuyos alcaldes aseguran no haber recibido información oficial sobre los eventuales cambios.

Los jefes comunales advierten que cualquier modificación del calendario debe ir acompañada de recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de los establecimientos, especialmente en las zonas rurales, donde la educación pública constituye, en muchos casos, la principal alternativa para las familias.

Cabe señalar que el ejecutivo ingresará al Senado un proyecto de ley que modifica el cronograma de implementación de los SLEP. La iniciativa, que comenzará su tramitación en la comisión de Educación de la Cámara Alta, contempla extender hasta 2040 la puesta en marcha completa del sistema y flexibilizar las condiciones para que algunos municipios puedan mantener la administración de sus establecimientos.

La propuesta también establece que la priorización de los servicios considere factores como la disponibilidad presupuestaria, las deudas municipales y el desempeño de los sistemas educativos locales.

En el caso del Limarí, el actual calendario de la Dirección de Educación Pública contempla que los establecimientos municipales de Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado y Combarbalá sean traspasados al SLEP Limarí el 1 de enero de 2028. Los municipios ya han avanzado en catastros de bienes, revisión de antecedentes de docentes y asistentes de la educación y conformación de instancias vinculadas al proceso.

En ese contexto, los alcaldes coinciden en que están disponibles para analizar una eventual modificación, pero exigen información clara y garantías de financiamiento.

El alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, cuestionó que los municipios aún no hayan recibido una comunicación oficial. “Nosotros estamos en un proceso ya de traspaso donde supuestamente se va a realizar ese traspaso ya el año 2028 y nadie nos ha informado oficialmente nada”, sostuvo. El edil agregó que los alcaldes de la provincia solicitaron una reunión con el Ministerio de Educación para conocer los alcances de la propuesta, sin obtener respuesta hasta ahora.

Herrera advirtió que la falta de definiciones genera incertidumbre no solo en los municipios, sino también entre profesores, asistentes, apoderados y estudiantes. Además, planteó que modificar el calendario no resolverá el problema estructural del financiamiento de la educación municipal. “Si se va a proyectar hasta 2040, ¿nos van a mandar más plata?”, cuestionó.

Desde Río Hurtado, la alcaldesa Carmen Juana Olivares sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en quién administra los establecimientos, sino en asegurar los recursos necesarios. “A nosotros nos gusta administrar la educación, lo hemos hecho por muchos años. Sin embargo, acá es un tema de financiamiento”, afirmó.

La jefa comunal explicó que las actuales transferencias resultan insuficientes para cubrir las necesidades de los establecimientos rurales y llamó al gobierno a garantizar recursos para remuneraciones, imposiciones, programas y otras necesidades de las comunidades educativas.

En Punitaqui, en cambio, el alcalde Pedro Araya adoptó una postura más cautelosa. Destacó que el municipio ha cumplido con las etapas previstas y señaló que antes de respaldar o rechazar una eventual postergación es necesario conocer el proyecto en detalle. “No basta solamente con extender los plazos; es fundamental saber cuáles serán las condiciones y, principalmente, qué recursos estarán disponibles”, afirmó.

Desde los municipios de Ovalle y Combarbalá no hubo respuesta de sus alcaldes ante las consultas realizadas.