BALANCE DE LA CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA
Deudas por pensión de alimentos: ordenan pagos por casi $100 mil millones en cuatro años
A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la Corte de Apelaciones de La Serena entregó un positivo balance sobre su implementación en la Región de Coquimbo. Según las cifras oficiales, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2026, los tribunales con competencia en Familia han ordenado pagos por un total de $97.644 millones.
La información fue presentada por la presidenta del tribunal de alzada, Gloria Negroni, junto al ministro encargado de asuntos de familia e infancia, Felipe Pulgar, y la ministra encargada del Comité de Género, Marcela Sandoval.
Negroni destacó que estos procedimientos han permitido atender los requerimientos de más de 35 mil representantes legales, cifra que podría traducirse en un número considerablemente mayor de beneficiarios, considerando que cada solicitud puede involucrar a varios niños, niñas o adolescentes.
18 mil deudores
Pese a los avances en los mecanismos de cobro, la región mantiene 18.072 inscripciones vigentes de morosos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
La Serena concentra la mayor cantidad, con 6.019 registros activos, seguida de Coquimbo, con 5.872, y Ovalle, con 4.028. Las restantes inscripciones corresponden a tribunales de otras comunas de la región.
Es por esi que, en el marco del Día Mundial de la Infancia este 20 de noviembre, el ministro Felipe Pulgar destacó que garantizar el pago de estas obligaciones constituye una responsabilidad fundamental del Estado.
“Dentro de las obligaciones a las que como Estado nos comprometimos estuvo justamente arbitrar las medidas concretas para que los niños vean satisfechos sus derechos”, sostuvo el magistrado, subrayando la importancia de asegurar los recursos necesarios para su manutención.
Violencia económica
Por su parte, la ministra Marcela Sandoval señaló que el incumplimiento de las pensiones constituye una forma de violencia económica que afecta principalmente a las madres y cuidadoras.
La magistrada precisó que aproximadamente el 90% de las personas inscritas en el registro corresponde a hombres, mientras que el 10% restante son mujeres.
Asimismo, recordó que quienes mantienen deudas alimenticias enfrentan diversas restricciones legales, entre ellas limitaciones para acceder a créditos, realizar determinadas operaciones patrimoniales y obtener o renovar documentos como licencias de conducir y pasaportes.
Finalmente, las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso de fortalecer los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes de la región.