Prisión preventiva para el "rey de la weed" y 7 imputados más

En el marco de la “Operación Imperio Ámsterdam”, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó prisión preventiva para 8 individuos, incluyendo a Andrés Astorga Rodríguez, conocido como “El rey de la weed”. Esta medida cautelar se aplicó mientras avanza la investigación que involucra a un total de 44 personas, con 22 de ellas conociendo sus medidas este miércoles.

El Ministerio Público acusa a los formalizados de integrar una red de tráfico de marihuana bajo un presunto disfraz medicinal, utilizando el Dispensario Nacional. Los cargos imputados son asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Cabe destacar que el 19 de agosto, el tribunal ya había resuelto las medidas provisionales para otros 19 implicados.

Entre los 8 que quedaron en prisión preventiva, se encuentran tres figuras sindicadas como parte de los niveles superiores de la organización: Andrés Astorga, quien posee el 51% de las acciones de DN Medcorp SpA, la sociedad matriz; Gino Athens Athens, segundo accionista; y Mario Astorga, padre de Andrés, quien ejercía funciones ejecutivas en la empresa. A ellos se suman Sergio Olmedo, Luis Quintanilla, Rodrigo Buceta, Raimundo Silva y Mathias Laderer.

Por otro lado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago impuso arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse a Jorge Mussa, Tomás Tondreau, Juan Pablo Astorga, Andrés Gómez, Gino Athens Garcés, Cristian Ossa, Nicolás Juberith, Catalina Silva, Tomás Heusser, Hernán Robles y Eduardo Oviedo, en consideración a su grado de participación.

Finalmente, José García Suárez, Cristóbal Risco y Simón Unda, los últimos tres de los 22 que enfrentaron medidas cautelares hoy, recibieron arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse.

“Nosotros recogemos la resolución del tribunal. El tribunal dio por acreditado el tráfico de drogas en el Dispensario Nacional. Nosotros estamos contentos con eso. También apelamos verbalmente respecto a las prisiones preventivas que no se acogieron porque consideramos que sí estaban acreditados otros delitos que nosotros habíamos imputado respecto al restante de las personas. Y en ese sentido se va a ver este recurso en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”,

señaló la fiscal adjunta María Inés Núñez Briso, de la Fiscalía Regional de Aysén.

La fiscal Natalia Cumming agregó que “a nuestro juicio, el tema de los delitos de lavado de activos es precisamente porque hay un origen ilícito de cómo se obtienen estos bienes, que va a través del delito de tráfico de drogas, y porque a través de ciertas sociedades, si bien pueden tener una apariencia legal, eso es precisamente lo que la Fiscalía ataca”.

Subrayó además que “nosotros dejamos claro en el tribunal que nosotros no estamos diciendo que las empresas no tengan una existencia legal, que no tributen, sino que el dinero que proviene de esas empresas es un dinero ilícito que proviene tanto del tráfico de drogas como del cultivo que no estaba autorizado, como se pudo dar por acreditado y establecido el día de hoy”. La investigación continuará su curso, con la posibilidad de nuevos desarrollos en la Corte de Apelaciones.