Diez internos de la región esperan acceso a la red psiquiátrica forense de Putaendo

El caso por el homicidio ocurrido el pasado 10 de agosto en la localidad de Diaguitas volvió a poner sobre la mesa una realidad que enfrentan distintos organismos del sistema judicial y sanitario: la disponibilidad de cupos en la red de psiquiatría forense para personas sujetas a internación provisional.

Actualmente, César Rodríguez Hernández, imputado por dicho crimen, permanece en internación provisional en el hospital del Complejo Penitenciario de Huachalalume, mientras espera un eventual traslado al Hospital Philippe Pinel de Putaendo, establecimiento de referencia para este tipo de casos.

Sin embargo, su situación no es un hecho aislado. De acuerdo con antecedentes entregados por autoridades regionales, una decena de personas derivadas desde tribunales de la Región de Coquimbo se encuentran bajo atención del Hospital Philippe Pinel, ya sea en condición de internación provisional o sujetas a medidas de seguridad.

A ellas se suman otras diez personas —ocho hombres y dos mujeres— que permanecen a la espera de que se active la red forense para acceder a una evaluación o tratamiento especializado, según corresponda en cada caso.

La situación fue uno de los temas abordados recientemente durante una jornada de trabajo destinada a analizar la realidad de las personas privadas de libertad que permanecen a la espera de un cupo sanitario, tanto para la realización de peritajes como para el cumplimiento de medidas decretadas por los tribunales.

UNA RED CON CUPOS LIMITADOS

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos explicaron que la subred de Psiquiatría Forense comenzó a desarrollarse en Chile en 1998 y actualmente cuenta con cuatro Unidades de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI). Estas se encuentran en el Hospital Psiquiátrico José Horwitz Barak, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte; el Hospital Philippe Pinel, del Servicio de Salud Aconcagua; el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, del Servicio de Salud Araucanía Sur; y el anexo del Hospital Regional de Antofagasta.

A estas instalaciones se agregan dos Unidades de Psiquiatría Forense Transitorias (UPFT), emplazadas al interior de recintos penales de Arica y Valparaíso, además de una Unidad de Psiquiatría Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria en Magallanes, destinada al tratamiento de salud mental de personas privadas de libertad.

Todos estos dispositivos son administrados por equipos de salud y dependen de servicios de salud u hospitales públicos.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema es compatibilizar las necesidades de atención clínica con las exigencias del proceso judicial, especialmente cuando los tribunales decretan internaciones provisionales para imputados cuya condición de salud mental debe ser evaluada o tratada en recintos especializados.

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS ESPERAS

Frente a este escenario, las instituciones involucradas han impulsado diversas medidas para agilizar los procedimientos y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Entre los avances se encuentra la incorporación de una Evaluación Psiquiátrica Preliminar (EPP), previa al ingreso de una persona a internación provisional. Esta herramienta busca aportar antecedentes clínicos relevantes a los tribunales y facilitar la toma de decisiones, aunque no reemplaza la evaluación pericial formal que debe realizarse posteriormente.

Asimismo, se han establecido acuerdos entre organismos del sistema de justicia y salud para disminuir los tiempos de ocupación de camas forenses, agilizar audiencias y favorecer una mayor rotación de los cupos disponibles.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Humberto Bermúdez, sostuvo que el desafío requiere una coordinación permanente entre las distintas instituciones.

“La psiquiatría forense nos plantea un desafío que no puede ser abordado por una sola institución. Requiere que una serie de instituciones trabajemos coordinadamente para que las personas que requieren una internación provisional puedan acceder a una respuesta adecuada, oportuna y respetuosa de sus derechos. En nuestra región hemos ido avanzando precisamente en esa dirección, generando acuerdos, mejorando la coordinación y buscando reducir los tiempos de espera y las brechas que todavía existen”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Prieto, médico psiquiatra y subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, destacó que el trabajo desarrollado en la región ha permitido mejorar la gestión de estos casos.

“Esto ha permitido que haya menos personas en estas condiciones en las cárceles, que haya un mejor flujo también para el paciente y un mejor uso de las camas en nuestra red forense, que es con la Quinta Región y el Hospital Philippe Pinel, y que no tengamos que ingresar personas que están imputadas por algún delito o que están con la suspensión provisional en nuestros hospitales”, señaló.

Mientras continúan las gestiones para concretar nuevos ingresos a la red especializada, el caso de César Rodríguez Hernández permanece a la espera de una respuesta del sistema, reflejando una problemática que continúa presente en la Región de Coquimbo y que mantiene a personas sujetas a medidas judiciales aguardando atención especializada.