Casi una década después de sus primeros estudios, desaladora enfrenta nueva extensión de plazo

La construcción de una planta desaladora para la Región de Coquimbo lleva años instalada como una de las principales respuestas estructurales frente a la escasez hídrica. Sin embargo, su historia ha estado marcada por cambios, observaciones ambientales y sucesivas extensiones de plazos que hasta ahora han impedido el inicio de las obras.

La iniciativa comenzó a gestarse hace casi una década, cuando Aguas del Valle desarrolló los primeros estudios. Después de más de cinco años de análisis ambientales, sociales y de infraestructura, en mayo de 2022 la sanitaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto que contemplaba entonces una inversión estimada de US$181 millones, una producción inicial de 600 litros por segundo, ampliable a 1.200 litros por segundo, y cuyo comienzo de operación se proyectaba para 2026.

Aquella propuesta, sin embargo, encontró obstáculos desde sus primeras etapas. No fue admitida inicialmente a tramitación ambiental y, tras un nuevo ingreso en julio de 2022, fue retirada del proceso en agosto de ese mismo año.

EL ESTADO TOMA LA POSTA

El proyecto dio un giro importante en enero de 2024, cuando el Ministerio de Obras Públicas asumió la iniciativa y anunció su licitación mediante el sistema de concesiones de obra pública, quedando su desarrollo a cargo de la Dirección General de Concesiones. La planta quedó proyectada para el sector de El Panul, al sur de Coquimbo, con el objetivo de entregar agua potable a la conurbación La Serena-Coquimbo, además de agua para riego y abastecimiento hacia Ovalle.

Desde entonces el proyecto comenzó a avanzar por dos caminos paralelos. El proceso concesional y su evaluación ambiental.

En noviembre de 2025 la concesión fue adjudicada al consorcio español Sacyr Agua. De acuerdo con los antecedentes publicados en febrero de 2026 por El Día, la inversión era estimada en US$318 millones y el proyecto mantenía en ese momento como horizonte el inicio de operaciones hacia fines de 2029. Pero mientras el proceso administrativo avanzaba, la evaluación ambiental fue aumentando su complejidad.

El Estudio de Impacto Ambiental del actual proyecto ingresó el 22 de octubre de 2024 y fue admitido a tramitación una semana después. Posteriormente surgieron observaciones que obligaron al titular a profundizar estudios y antecedentes técnicos.

UN NUEVO PLAZO HASTA JUNIO DE 2027

El capítulo más reciente se conoció el pasado 1 de septiembre. El SEA autorizó por segunda vez una suspensión solicitada por la Dirección General de Concesiones del MOP. De esta manera, el proceso permanecerá suspendido hasta el 30 de junio de 2027, salvo que la Adenda sea presentada antes de esa fecha.

La extensión representa 303 días adicionales de suspensión. Entre las razones entregadas por el MOP aparecen la necesidad de realizar ajustes de ingeniería, actualizar estudios ambientales, desarrollar nuevas campañas de terreno, efectuar modelaciones e incorporar antecedentes técnicos para entregar respuestas consistentes a las observaciones pendientes.

El trabajo considera además materias relacionadas con arqueología, ecosistemas marinos, toxicidad, biota marina, pesca artesanal, flora, vegetación, medio humano, pueblos indígenas, ruido, vibraciones y ruido submarino, entre otros aspectos.

Es precisamente ante este escenario que el seremi de Obras Públicas, Cristián Smitmans, reafirmó la importancia estratégica que mantiene el proyecto pese a las precipitaciones registradas durante este invierno.

“La Planta Desaladora para la Región de Coquimbo es una iniciativa estratégica para el desarrollo sostenible del territorio, orientada a fortalecer nuestra seguridad hídrica y garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano frente a los desafíos que nos impone la escasez hídrica y el cambio climático”.

Para el titular regional del MOP, las lluvias pueden dar un respiro, pero no modifican el problema estructural que enfrenta Coquimbo. “Sabemos que un buen año de lluvias no cambia de manera definitiva nuestra realidad hídrica. Por eso debemos mantener una mirada de largo plazo y continuar avanzando en soluciones que nos permitan contar con nuevas fuentes de abastecimiento, más resilientes y seguras para las próximas décadas”.

Smitmans defendió además el tiempo que se está tomando para avanzar en la evaluación, señalando que permitirá fortalecer técnicamente las respuestas que debe presentar el proyecto. “Actualmente, el proyecto continúa su tramitación conforme a la normativa vigente. El plazo con que cuenta el proyecto será utilizado para profundizar el trabajo técnico y entregar respuestas más robustas y completas a las observaciones que aún se encuentran pendientes”, afirma el seremi.

El objetivo, explica el seremi, es abordar las materias ambientales y avanzar hacia una respuesta que permita continuar con la evaluación del proyecto. En esta tarea, agregó, la Dirección General de Concesiones cuenta con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incorporando experiencia técnica internacional en infraestructura hídrica y desalación.

Así, la desaladora ha recorrido un extenso camino. Nació desde los estudios efectuados por Aguas del Valle, enfrentó frustrados intentos de evaluación ambiental, pasó posteriormente a manos del Estado y finalmente fue adjudicada bajo el modelo de concesiones. Sin embargo, a septiembre de 2026, todavía tiene por delante uno de sus principales desafíos y es superar satisfactoriamente la evaluación ambiental antes de que puedan comenzar las obras.

Después de años de anuncios, modificaciones y trámites, el desafío ahora será transformar esa solución de largo plazo en una obra concreta para la Región de Coquimbo.