GORE deberá pagar $14,5 millones por discriminación política a exfuncionaria ligada a Krist Naranjo

Un nuevo revés judicial enfrenta el Gobierno Regional de Coquimbo luego de que la justicia acogiera una denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por una exfuncionaria que fue desvinculada durante los primeros meses de la administración del gobernador Cristóbal Juliá.

Se trata de María José Vega López, quien ingresó al GORE en 2021 bajo la modalidad de honorarios para desempeñarse como secretaria de la entonces gobernadora Krist Naranjo. En 2022 pasó a contrata y, tras la suspensión de la exautoridad regional, en julio de 2024 fue trasladada a la División de Fomento e Industria (DIFOI), donde desarrolló labores de apoyo técnico-administrativo.

Su contrata había sido renovada hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el 14 de febrero de ese año se puso término anticipado a su vínculo mediante una resolución del Gobierno Regional.

Vega acudió posteriormente a tribunales argumentando que su salida había sido discriminatoria y solicitando que se declarara la vulneración de sus derechos fundamentales.

Los antecedentes considerados

En su sentencia, el tribunal descartó que se hubieran acreditado actos de hostigamiento o aislamiento laboral previos a la desvinculación. No obstante, llegó a una conclusión diferente respecto de la eventual discriminación por razones políticas.

Entre los elementos considerados aparece que, poco más de un mes después de asumir las nuevas autoridades, fueron desvinculadas de la DIFOI tres personas que habían ingresado durante la gestión de Krist Naranjo.

El fallo también consigna que Vega se encontraba permanentemente calificada en lista de mérito y que no existían antecedentes de reproches respecto de su desempeño. Además, estableció que posteriormente la división mantuvo su número de funcionarios y sumó una persona para desarrollar tareas de apoyo técnico-administrativo similares a las que desempeñaba la demandante.

A partir de estos antecedentes, el juez estimó que existían elementos para presumir que la desvinculación se produjo vulnerando la prohibición de discriminación contemplada en el Código del Trabajo.

La sentencia señala que se podía presumir que Vega fue excluida del empleo debido a que se asumió que compartía la tendencia política de la autoridad que la había contratado.

El tribunal también cuestionó los fundamentos utilizados para poner término anticipado a la contrata, considerando que Vega había dejado de cumplir funciones en el gabinete de Naranjo desde julio de 2024 y posteriormente había sido destinada a la DIFOI.

Según establece el fallo, durante el juicio no se entregó una explicación que permitiera justificar suficientemente los motivos de la desvinculación, especialmente considerando que meses después volvió a existir la necesidad de contar con apoyo administrativo en la división.

En ese contexto, la sentencia calificó la decisión adoptada respecto de la demandante como “arbitraria y carente de cualquier base de objetividad”.

Indemnización de $14,5 millones

Con estos antecedentes, el tribunal acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada contra el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Coquimbo.

En concreto, estableció que se lesionó la garantía contemplada en el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución, relacionada con la libertad de trabajo y la prohibición de discriminaciones que no se basen en la capacidad o idoneidad personal, en relación con las disposiciones del Código del Trabajo.

Como consecuencia, el GORE fue condenado a pagar $14.543.040, correspondientes a ocho remuneraciones, por concepto de la indemnización especial establecida para este tipo de procedimientos.

El tribunal, sin embargo, rechazó otras solicitudes de Vega, entre ellas su reincorporación, el pago de indemnización sustitutiva de aviso previo, años de servicio y recargo legal. También desestimó la indemnización por daño moral al considerar que no se acreditaron perjuicios de esa naturaleza más allá de las consecuencias propias de una desvinculación laboral.