Comité de Ministros de Kast aparece en el horizonte para definir el futuro de Dominga

Una nueva arista administrativa vuelve a abrirse en la extensa tramitación del proyecto minero-portuario Dominga, y es que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de Secretaría del Comité de Ministros, resolvió admitir a trámite cuatro solicitudes de invalidación presentadas en junio pasado contra la resolución que rechazó ambientalmente la iniciativa.

Los requerimientos fueron presentados por el Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos, la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera, la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT Chile) y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile (FADECHI).

Todos solicitaron dejar sin efecto la resolución exenta N°20259910145, de 14 de enero de 2025, mediante la cual el Comité de Ministros resolvió desfavorablemente el proyecto. En algunos casos, además, solicitaron que se dicte un nuevo pronunciamiento administrativo considerando los criterios establecidos previamente por el Primer Tribunal Ambiental.

De acuerdo con la resolución del SEA, las cuatro presentaciones fueron consideradas admisibles debido a que fueron ingresadas dentro del plazo de dos años establecido para las solicitudes de invalidación administrativa y porque cumplían con los requisitos formales exigidos por la Ley N°19.880.

No obstante, el propio acto administrativo establece una precisión relevante: la admisión a trámite no implica reconocer que las organizaciones tengan legitimación activa para formular las solicitudes. El SEA señala que el interés invocado y la eventual legitimación de los solicitantes deberán ser analizados al momento de resolver el fondo de los requerimientos.

Un procedimiento que quedó suspendido

Pese a la admisión, el SEA resolvió suspender la tramitación de las cuatro solicitudes hasta que la Corte Suprema se pronunciara sobre recursos de casación y queja vinculados al caso Dominga.

La decisión se tomó en consideración al complejo escenario judicial que arrastra el proyecto desde que el Primer Tribunal Ambiental acogiera, en diciembre de 2024, una reclamación de Andes Iron y ordenara al Comité de Ministros emitir una nueva resolución.

En enero de 2025, el comité volvió a rechazar Dominga. Ese acto fue posteriormente objeto de nuevas acciones judiciales, entre ellas las actualmente relacionadas con los recursos ante la Corte Suprema.

Sin embargo, el escenario volvió a modificarse este lunes 28 de septiembre, cuando Andes Iron comunicó su decisión de desistirse de los recursos de casación y queja que mantenía ante el máximo tribunal. La empresa explicó que buscaba no obstaculizar la nueva vía administrativa abierta tras las solicitudes de invalidación.

Con ello, la estrategia de la compañía cambia desde la disputa judicial hacia el procedimiento administrativo.

Por ahora, la resolución del SEA no aprueba ni modifica la calificación ambiental de Dominga. Lo que establece es que los cuatro requerimientos serán tramitados, aunque su análisis quedó suspendido en los términos señalados por el propio acto administrativo.

La nueva etapa agrega así otro capítulo a un proyecto que acumula años de controversias administrativas y judiciales y que, tras el desistimiento de Andes Iron ante la Suprema, vuelve a concentrar la atención en la vía administrativa.