Funcionaria de MIDESO habría alterado RSH de su hijo para obtener gratuidad

Una denuncia contra una funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Coquimbo llegó hasta el Ministerio Público, luego de que la Contraloría Regional decidiera remitir los antecedentes para que sean analizados por Fiscalía.

De acuerdo a información de Diario El Día, el caso tiene como eje una presunta modificación en el Registro Social de Hogares (RSH) que, según sostiene la denuncia, habría tenido como propósito facilitar el acceso del hijo de la funcionaria a la gratuidad en la educación superior.

La presentación fue realizada por una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva y apunta a una funcionaria que actualmente se desempeñaría como coordinadora regional de niñez de la repartición.

De acuerdo con la acusación, la funcionaria habría retirado a su hijo de su propio grupo familiar registrado en el RSH para incorporarlo al hogar de su madre. El denunciante sostiene que el cambio habría buscado modificar la situación socioeconómica considerada para acceder al beneficio estudiantil.

Hasta ahora, sin embargo, se trata de hechos contenidos en una denuncia y que no han sido acreditados por una autoridad competente.

Antecedentes llegan a Fiscalía

La presentación fue analizada por la Contraloría Regional de Coquimbo, que respondió mediante el Oficio N° OF42251/2026, fechado el 2 de marzo de este año.

En términos simples, el organismo determinó que no le correspondía investigar si los hechos denunciados podían constituir un delito, ya que esa tarea recae en el Ministerio Público.

Por esta razón, Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre posibles responsabilidades penales y remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Será ahora el Ministerio Público el encargado de revisar la información recibida y determinar si corresponde desarrollar diligencias para establecer qué ocurrió y si existen eventuales responsabilidades.

Desarrollo Social abre sumario

A la derivación de los antecedentes a Fiscalía se sumó una decisión adoptada por la propia Seremi de Desarrollo Social y Familia de Coquimbo.

Consultado por Diario El Día, el seremi Gonzalo Cortés Urra aseguró que la repartición regional no ha sido informada formalmente por Contraloría ni por el Ministerio Público acerca de la investigación.

Pese a ello, señaló que, a partir de los antecedentes conocidos, se resolvió iniciar un sumario administrativo para esclarecer la situación.

“Como secretaría regional no hemos sido informados por parte del Ministerio Público ni la Contraloría General de la República acerca de esta investigación. En el caso de que nos sea requerido por parte de dichos organismos, nos pondremos a su disposición para colaborar. Sin perjuicio de ello y ante los antecedentes conocidos, esta secretaría regional decidió instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades”, afirmó la autoridad.

De esta forma, mientras Fiscalía deberá analizar los antecedentes derivados por Contraloría, al interior de Desarrollo Social se desarrollará un proceso administrativo destinado a determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades vinculadas a la situación denunciada.