Presupuesto 2027: regiones perderán recursos y se frena traspaso a contrata

El proyecto de Presupuesto 2027, que actualmente se discute, plantea modificaciones significativas que irán más allá de la mera asignación de fondos a cada ministerio. Este documento, con 51 artículos, introduce cambios que impactan directamente a las regiones, a los funcionarios públicos y a los municipios, además de intervenir en el cronograma de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Entre las alteraciones más destacadas, los gobiernos regionales verán reducida su participación en los recursos generados por la venta de inmuebles fiscales. También se reducirán drásticamente los cupos para la regularización de trabajadores a honorarios, pasando a contrata, una medida que busca controlar las dotaciones estatales. Este ajuste presupuestario refleja una postura de disciplina fiscal, pese a la autorización de un mayor endeudamiento para el Estado.

Uno de los puntos que anticipa un intenso debate político se encuentra en el artículo 13. Actualmente, el 65% de lo recaudado por la venta de un inmueble fiscal se destina al gobierno regional, un 10% a Bienes Nacionales y el 25% restante al Fisco. La propuesta para 2027 invierte considerablemente esta distribución: solo el 35% iría al gobierno regional, mientras que el 65% restante se dirigiría directamente al Fisco. Además, Bienes Nacionales dejaría de recibir su actual 10%. Esto significa que las regiones perderían 30 puntos porcentuales de participación en estos ingresos, lo que podría afectar especialmente a zonas donde estas operaciones son más recurrentes, como Antofagasta.

El ámbito del empleo público también sufrirá ajustes. Para 2026, se habían considerado 6.500 cupos para la regularización de trabajadores a honorarios mediante su traspaso a contrata. Sin embargo, el Presupuesto 2027 reduce esta cifra a solo 1.500 personas, lo que representa una disminución de 5.000 cupos, equivalente a una caída cercana al 77%. Esta medida se inscribe en la política de control de las dotaciones del Estado, manteniendo la regla de reposición de vacantes en un cupo por cada tres salidas por retiro.

En el sector educativo, el artículo 40 suspende durante 2027 el traspaso de establecimientos a cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): Litoral, Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco y Los Viñedos. Esto implica que los colegios afectados continuarán bajo sus administraciones municipales actuales por un año más. Por ejemplo, el SLEP Litoral recibirá 2.643 millones de pesos para su instalación, pero no gestionará los establecimientos educativos durante 2027. Esta decisión se cruza con un proyecto de ley en discusión que busca postergar hasta 2030 la entrada en operación de 12 SLEP, el cual ya avanzó al Senado con un informe negativo de Hacienda.

Paralelamente, el Gobierno propone aumentar significativamente su margen de endeudamiento. El límite principal para 2026 es de 17.400 millones de dólares, y para 2027 se propone elevarlo a 25.000 millones de dólares, lo que representa un aumento aproximado del 44%. Adicionalmente, se mantiene una autorización extra de 600 millones de dólares en ambos periodos. Este incremento contrasta con la meta de disciplina fiscal del Ejecutivo, que apunta a un déficit estructural del 1,8% del PIB para 2027, en comparación con el 2,8% proyectado para este año. No obstante, esta cifra representa una autorización máxima y no implica que el monto total de la deuda vaya a ser utilizado.

Finalmente, el Presupuesto también considera aplicar descuentos de recursos a los municipios que mantengan saldos no ejecutados del Subsidio de Educación Preferencial (SEP), endureciendo las reglas para asegurar una gestión eficiente de estos fondos. Además, se contemplan medidas para agilizar inversiones y mejorar la transparencia en los sumarios por mal uso de licencias médicas.

Fuente: BioBioChile