ENTRE MARZO Y AGOSTO DE ESTE AÑO
Diputados de la región suman cerca de $100 millones en gastos de traslado
De acuerdo con los registros públicos de asignaciones parlamentarias correspondientes al período comprendido entre marzo y agosto de 2026, los siete diputados que representan a la Región de Coquimbo desembolsaron un total de $90.967.526 en la partida denominada Traslación.
Cabe señalar que estos fondos públicos están destinados a financiar los desplazamientos que los legisladores realizan en el cumplimiento de sus funciones, pero también en sus viajes al Parlamento.
El desglose de los registros, sin embargo, muestra una marcada disparidad en el uso de esta asignación entre los distintos parlamentarios de la zona. Mientras un grupo de legisladores superó la barrera de los 17 millones de pesos durante el semestre analizado, otros mantuvieron sus rendiciones por debajo de los 10 millones.
Los detalles en cifras
Según los registros mensuales de la Cámara de Diputadas y Diputados correspondientes al semestre marzo-agosto de 2026, los montos rendidos por cada representante de la Región de Coquimbo en el ítem de traslación son los siguientes: Marco Sulantay, $19.924.554; Carolina Tello, $18.848.524; Erich Grohs, $17.323.308; Bernardo Salinas, $10.838.695; Daniel Manouchehri, $9.911.422; Eileen Urqueta, $7.640.149, y Nathalie Castillo, $6.480.874. Todo ello suma un total de $90.967.526
En términos proporcionales, el gasto registrado por el diputado Marco Sulantay equivale a más del triple de lo rendido por la diputada Nathalie Castillo durante los mismos seis meses.
Además, la distribución no es homogénea, pues tres representantes - Sulantay, Tello y Grohs - concentran más del 61% del total desembolsado en la región, sumando en conjunto $56.096.386. En contraste, los cuatro legisladores restantes - Salinas, Manouchehri, Urqueta y Castillo - acumulan $34.871.140.
La normativa vigente
Para dimensionar el destino de estos recursos, la Región de Coquimbo, que abarca las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, presenta una extensa geografía que exige traslados constantes entre diversas comunas rurales y urbanas, además de los viajes semanales hacia Valparaíso para asistir a las sesiones de sala y comisiones del Congreso.
De acuerdo con la normativa que rige estas rendiciones, dentro de la partida de traslación se contemplan los siguientes conceptos específicos:
-Combustibles: adquisición de bencina y otros carburantes destinados exclusivamente a vehículos debidamente inscritos y autorizados ante la corporación.
-Arriendo de vehículos: contratación de automóviles mediante empresas del rubro para realizar desplazamientos territoriales o institucionales.
-Peajes y TAG: pagos asociados al tránsito por autopistas concesionadas y carreteras interurbanas dentro del territorio nacional.
-Mantención de vehículos: gastos vinculados a reparaciones mecánicas, mantenciones preventivas y reposición de neumáticos en vehículos autorizados.
-Pasajes y transporte terrestre: utilización de servicios de buses interurbanos, trenes, taxis, radiotaxis, servicios de transfer y aplicaciones móviles de transporte.
-Pasajes aéreos nacionales: compra de boletos de avión dentro del país, sujetos a las reglas y topes fijados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Extensos recorridos
Si bien, los montos asignados están claramente establecidos para los parlamentarios, lo que provocó la indignación de la comunidad, especialmente en redes sociales tras un la emisión de un reportaje televisivo, son los montos gastados por algunos parlamentarios y senadores en el ítem combustible.
Según la información, en esa lista aparecen dos parlamentarios de la zona: Carolina Tello (FA), con $3.659.177 y Marco Sulantay (UDI), con $2.917.139 utilizados.
Los parlamentarios aseguraron que estos montos provienen de asignaciones públicas de traslado y que responden a extensos recorridos territoriales y desplazamientos de sus equipos de apoyo.
Al respecto, la diputada Carolina Tello sostuvo que su prioridad ha sido estar presente y desplegada en el territorio, junto con tener un 100% de asistencia en el Congreso.
“Los recursos para el trabajo parlamentario son exactamente los mismos para todos los diputados y diputadas y cada uno decide cómo utilizarlos. En mi caso he decidido viajar por tierra por lo que el gasto en combustible tiene una explicación clara: vivo en Coquimbo, a unos 500 kilómetros de Valparaíso y Santiago, donde se encuentran el Congreso y el exCongreso, respectivamente, lugar donde funcionan algunas comisiones, y también hago gestiones ante ministerios”, señaló.
También puntualizó que representa a un distrito que es una región completa, la cual además tiene alta dispersión geográfica, que incluye a 15 comunas y más de 2.400 localidades rurales.
“Además, no hago terreno solo durante la semana distrital. Cuando termina la semana legislativa me voy a Coquimbo y trabajo en el territorio jueves, viernes, sábado y domingo, en Monte Patria, La Higuera, Vicuña, Illapel, Los Vilos y otras comunas. Solo entre Coquimbo y Salamanca o Illapel hay unos 200 kilómetros. Cada litro de bencina es una visita, una reunión y un problema escuchado en terreno y llevado al Parlamento para exponerlo y generar una solución”, afirmó la legisladora.
Por su parte, la diputada del PC, Nathalie Castillo, quien aparece con los índices de gasto en combustible más bajos, señaló a El Día que si bien estos gastos forman parte de los ítems operacionales contemplados para el ejercicio de la labor parlamentaria, reconoció que “es necesario abrir un debate respecto de los topes, los criterios y el uso responsable de estos recursos, considerando también las distintas realidades territoriales del país”.
En ese sentido, añadió que esta discusión debe abordarse desde una política de austeridad, transparencia y buen uso de los recursos públicos, “sin perder de vista que nuestra responsabilidad es cumplir con el mandato democrático para el cual fuimos electos. No me corresponde cuestionar a quienes registran mayores o menores gastos, ni establecer sospechas en absoluto. Estos recursos están sujetos a mecanismos de rendición, revisión y fiscalización interna, por lo que no sería responsable presumir un mal uso únicamente a partir de los montos informados”.