Se instruyó una investigación
Contraloría detecta funcionarios condenados en siete instituciones de la región
Un informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa el cumplimiento de los requisitos para ejercer funciones públicas, tras identificar a 315 funcionarios y servidores del Estado con condenas por crímenes o simples delitos.
En la Región de Coquimbo, el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29 al que tuvo acceso Diario El Día, detectó esta situación en siete instituciones: las municipalidades de Andacollo, Coquimbo, Illapel, Los Vilos, Río Hurtado y Salamanca, además del Servicio de Salud Coquimbo.
El documento no precisa cuántos funcionarios están involucrados en cada organismo, los delitos por los cuales fueron condenados ni las circunstancias particulares de sus sentencias, antecedentes necesarios para evaluar cada caso. Por ello, la presencia de una institución en el listado no permite establecer por sí sola si sus autoridades conocían las condenas o si se adoptaron medidas administrativas.
A nivel nacional se identificaron 317 registros de condenas asociados a 315 personas: 149 trabajan en instituciones del gobierno local y 166 en organismos del gobierno central. El cruce de información consideró antecedentes del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). De las condenas registradas, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos.
Contraloría instruye investigaciones
Ante los hallazgos, la Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Entre los aspectos a revisar figuran la posible omisión de informar las condenas a la jefatura y la falta de aplicación de procedimientos por inhabilidad sobreviniente.
También deberán informar si estos antecedentes fueron considerados en las calificaciones de los funcionarios, especialmente en materia de comportamiento social y probidad. Las diligencias deberán esclarecer tanto la situación de los trabajadores identificados como la actuación de las entidades responsables de supervisar su permanencia.
¿Una condena implica perder el cargo?
El abogado y exfiscal regional Adrián Vega explica que el Código Penal contempla penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Precisa que condenas de tres años y un día o más pueden llevar aparejada una inhabilitación absoluta durante el período fijado en la sentencia, mientras que penas menores pueden incluir suspensiones especiales.
Sin embargo, advierte que existen estatutos específicos. Cita como ejemplos las disposiciones aplicables a la Policía de Investigaciones y el reglamento de personal del Ministerio Público, que contempla la remoción ante una condena por cualquier delito, sin importar la pena.
"En resumen, es opinable que la inhabilidad sobreviniente opere a rajatabla en todos los casos, dependerá de la normativa aplicable a la institución de cada funcionario, la gravedad y naturaleza del delito y otras variables legales y reglamentarias", sostiene Vega.
El exfiscal recuerda además un proyecto de reforma constitucional presentado en 2024 que busca impedir el acceso o permanencia en cargos públicos de personas condenadas por delitos contra la probidad, cualquiera sea la pena impuesta.
Inhabilidad sobreviniente y cese de funciones
Una interpretación más estricta plantea la abogada y magíster en Derecho Público María-José Lira. A su juicio, estos casos deben examinarse conforme a los artículos 54, letra c), y 64 de la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Explica que la inhabilidad sobreviniente ocurre cuando una persona ingresa válidamente al servicio público, pero pierde posteriormente un requisito para mantenerse en el cargo, como al recibir una condena firme por crimen o simple delito.
Según la especialista, una vez ejecutoriada la sentencia, el funcionario debe informar a su superior y presentar su renuncia dentro de los diez días siguientes. Si no lo hace, corresponde que la autoridad disponga su remoción o destitución.
Lira sostiene que no se requiere un sumario previo para acreditar una condena ya establecida por un tribunal. No obstante, la omisión del deber de informar puede dar lugar a un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades.
La abogada señala que, para esta causal administrativa, la ley no distingue entre crímenes y simples delitos; las faltas penales quedan excluidas. También precisa que la remisión condicional o la libertad vigilada modifican el cumplimiento de la pena, pero no eliminan la condición de condenado.
Rehabilitación y estatutos especiales
Respecto de la eliminación de antecedentes, Lira explica que la rehabilitación definitiva conforme al Decreto Ley N°409, cumplidos los requisitos legales, puede permitir un nuevo ingreso a la administración pública. Sin embargo, no regulariza retroactivamente el tiempo trabajado bajo una inhabilidad.
Añade que las Fuerzas Armadas y las instituciones de Orden y Seguridad Pública tienen estatutos especiales y procedimientos internos que pueden hacer más compleja una desvinculación.
¿Qué pasa con las remuneraciones?
Sobre los sueldos recibidos mientras existía una eventual inhabilidad, Lira menciona la figura del funcionario de hecho, reconocida por la jurisprudencia administrativa cuando hubo prestación efectiva de servicios y la autoridad aún no formalizaba el cese.
En cambio, indica que podría proceder la restitución de recursos si se pagaron remuneraciones sin que existiera trabajo efectivo, como durante un período de privación de libertad.