La Varilla vuelve al centro del debate por la inseguridad y la urgencia de una intervención

El hallazgo de un cuerpo con impactos de bala en la toma de La Varilla volvió a poner en el centro del debate la situación de este asentamiento ubicado en Las Compañías, en La Serena. El hecho reactivó la preocupación por la seguridad y la necesidad de una intervención que permita enfrentar los episodios de violencia e incivilidades registrados en el lugar.

Aunque en el sector también viven familias y personas trabajadoras, los hechos delictuales que han alcanzado notoriedad pública han reforzado las demandas de los vecinos por recuperar la tranquilidad. Frente a este escenario, las autoridades comunales y regionales coincidieron en la necesidad de abordar el problema, aunque advirtieron que una intervención de mayor alcance requiere coordinación entre distintas instituciones.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, recordó que el municipio presentó una solicitud ante la delegación presidencial para intervenir La Varilla. La gestión también fue planteada directamente al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, con el objetivo de avanzar en una respuesta frente a la situación que afecta al sector.

“De este modo, la ejecución y los plazos del desalojo dependen exclusivamente de los tiempos que determine el gobierno”, señaló en su oportunidad la jefa comunal.

Norambuena reconoció que se trata de un procedimiento administrativo complejo, que exige coordinación entre diferentes instituciones, pero manifestó su expectativa de que la intervención se concrete a la brevedad.

A juicio de la alcaldesa, el reciente hallazgo de una persona fallecida por impactos balísticos evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan enfrentar de manera integral los problemas de seguridad que se presentan en el lugar.

“Ya son varios los hechos delictuales de connotación pública que han afectado a este lugar. No podemos seguir esperando que ocurran más. Hemos visto diferentes intervenciones en otras comunas del país y queremos lo mismo en La Varilla”, sostuvo.

La autoridad agregó que los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y que quienes cumplen la ley no pueden sentirse abandonados. Por ello, planteó que la respuesta debe ser liderada por el Gobierno y mantenerse en el tiempo, más allá de operativos puntuales.

“Necesitamos que el gobierno lidere una intervención integral y permanente, porque recuperar este sector es recuperar el Estado de Derecho. Por supuesto, estamos completamente disponibles para colaborar en todo lo que sea necesario”, afirmó.

Una estrategia de mediano plazo

Por su parte, el delegado Víctor Pino señaló que el Gobierno conoce la complejidad del escenario, pero que la situación de La Varilla no puede abordarse exclusivamente desde la perspectiva policial.

“Como ya hemos manifestado, la situación de la toma tiene aristas multifactoriales, desde habitacionales hasta de orden público, que no pueden resolverse de forma aislada”, indicó.

La autoridad explicó que se han desarrollado varias acciones para mitigar los problemas que se presentan en el asentamiento, entre ellas operativos sociales, policiales y migratorios, mientras se avanza en una solución definitiva para el lugar. 

Sin embargo, insistió en que una intervención de mayor alcance requiere de una planificación que considere distintas dimensiones, desde la situación de la propiedad hasta la fiscalización migratoria, la persecución de delitos y el resguardo de las familias que viven en el entorno.

“Una intervención mayor en La Varilla conlleva una planificación rigurosa que combina temas sociales, de propiedad, fiscalización migratoria y por cierto, la persecución del delito, con el resguardo de las familias que viven en el entorno, algo que involucra muchas instancias y que es un trabajo de mediano plazo”, explicó Pino.

El delegado agregó que La Varilla está incorporada a la Mesa Nacional Intersectorial de Desalojos, instancia a través de la cual se busca avanzar en el procedimiento.

“Es el camino para poder lograr de forma prioritaria, erradicar la toma y devolver la tranquilidad a los vecinos de Las Compañías. Estamos trabajando fuertemente, por las vías institucionales para lograr el objetivo”, afirmó.

Operativos mientras avanza el proceso

En paralelo, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, explicó que se mantiene una programación de intervenciones y operativos policiales en el sector, con controles preventivos, fiscalizaciones migratorias y acciones destinadas a resguardar el orden público.

La autoridad reconoció la preocupación de la comunidad tras el hallazgo de un fallecido, pero precisó que las circunstancias de la muerte deben ser esclarecidas mediante la investigación correspondiente.

“Entendemos la preocupación y el cansancio de los vecinos de La Varilla, especialmente tras el reciente hallazgo de un cuerpo, cuyas causas de muerte deben ser esclarecidas por la investigación. Como también compartimos la urgencia de intervención que ha expresado la alcaldesa”, manifestó.

Duarte aseguró que existe un trabajo coordinado y sostenido para responder a las inquietudes de los residentes, no obstante, aclaró que la tramitación de un eventual desalojo corresponde a la delegación presidencial regional.

En ese sentido, añadió, se coordinará el despliegue policial cuando sea requerido por esa instancia. 

Los factores detrás de la inseguridad

Para Germán Cerda, prefecto en retiro de la PDI y especialista en seguridad, con un diplomado en Políticas Públicas y Migración, la situación de La Varilla debe analizarse considerando múltiples factores, sin trasladar la responsabilidad de los hechos delictuales al conjunto de quienes residen en el lugar.

Pese a ello, el experto advirtió que, a nivel nacional, el crimen organizado puede aprovechar las condiciones presentes en algunas tomas para desarrollar actividades ilícitas, entre ellas extorsiones y secuestros. A su juicio, la falta de presencia estatal efectiva en determinados territorios puede generar condiciones favorables para la instalación de grupos criminales.

“Acaso la ausencia del Estado en estos territorios hace posible el actuar criminal; van siendo el caldo de cultivo para que grupos o bandas organizadas operen en su interior, al alero del manto de oscuridad en la comisión de delitos que se genera en su interior”, planteó.

Cerda también apuntó a la existencia de negocios informales asociados a algunos asentamientos, como la venta irregular de lotes y los arriendos sin respaldo legal, además de actividades comerciales que operan fuera de los mecanismos formales.

Según su análisis, estas dinámicas pueden facilitar la entrada de organizaciones delictuales y la comisión de distintos delitos, por lo que una respuesta exclusivamente policial resultaría insuficiente para enfrentar el problema de fondo.

El escenario de La Varilla mantiene así abierto el debate sobre los plazos y el alcance de una intervención.