Informe de Contraloría

Detectan 611 inmuebles fiscales en la región con inconsistencias en sus registros

En total se identificaron 192 propiedades contabilizadas por organismos públicos sin una destinación vigente, valorizadas en más de $15.722 millones, y otras 419 que, pese a tener asignación, no figuran en la contabilidad de los servicios. Desde Bienes Nacionales se aseguró que trabajan en regularizar la administración de estos terrenos y propiedades.
Los resultados del informe se obtuvieron tras cruzar información del Ministerio de Bienes Nacionales con los registros de 109 organismos públicos centralizados. (Foto: Cedida)
Los resultados del informe se obtuvieron tras cruzar información del Ministerio de Bienes Nacionales con los registros de 109 organismos públicos centralizados. (Foto: Cedida)
jueves 05 de noviembre de 2026

Un total de 611 inmuebles fiscales de la Región de Coquimbo presenta inconsistencias en sus antecedentes de destinación y contabilización, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que advirtió deficiencias en el control del patrimonio inmobiliario del Estado a nivel nacional.

Los resultados forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°27, elaborado por el organismo contralor tras cruzar información del Ministerio de Bienes Nacionales con los registros de 109 organismos públicos centralizados. El análisis detectó 9.653 propiedades con observaciones en sus antecedentes, evidenciando problemas tanto en la asignación como en el registro contable de estos bienes.

En el caso de la Región de Coquimbo, el reporte identificó dos situaciones. La primera corresponde a 192 inmuebles que aparecen contabilizados por distintas instituciones públicas, pero que no cuentan con una destinación vigente otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Estas propiedades alcanzan un valor de $15.722.543.455.

La segunda categoría considera otros 419 inmuebles que sí tienen una destinación vigente, pero que no fueron incorporados en los registros contables de los organismos que los tienen asignados.

De esta manera, la región suma 611 propiedades con observaciones, una situación que abre interrogantes respecto de la actualización de los antecedentes administrativos y financieros con los que el Estado controla sus terrenos e instalaciones.

Organismos con mayor número de casos

El desglose de los 192 inmuebles contabilizados sin una destinación vigente muestra que las observaciones se distribuyen entre distintas instituciones con presencia en la zona, principalmente organismos vinculados a la seguridad pública, infraestructura, recursos hídricos y administración territorial.

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, concentra la mayor cantidad de casos, con 57 propiedades. Le sigue la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), con 38 inmuebles, mientras que Carabineros registra otros 37.

También aparecen 33 propiedades correspondientes a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), seis de la Dirección de Arquitectura del MOP y cuatro de la Dirección General de Aguas (DGA).

En tanto, la Dirección General de Movilización Nacional registra tres inmuebles; Gendarmería de Chile, dos; y el hospital de Carabineros, uno.

El listado también incluye seis propiedades de la Policía de Investigaciones (PDI), una del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una del Servicio Médico Legal, dos de la Subsecretaría de Educación y una de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Cabe precisar que el informe distingue entre la falta de una destinación vigente y la ausencia de contabilización. Por lo tanto, los 192 inmuebles mencionados no necesariamente corresponden a propiedades sin uso, sino a bienes cuyos antecedentes de asignación no se encuentran vigentes en los registros de Bienes Nacionales, pese a figurar en la contabilidad de los servicios.

En el caso de los otros 419 inmuebles, la observación apunta a una situación diferente: cuentan con una destinación vigente, pero no están incorporados en los registros financieros de las instituciones correspondientes.

Bienes Nacionales

Consultado por El Día respecto de los resultados del informe y las medidas que se adoptarán para abordar las observaciones en la Región de Coquimbo, desde el Ministerio de Bienes Nacionales señalaron que todavía no ha recibido formalmente los antecedentes del organismo contralor.

“Pero sí podemos adelantar que durante este año hemos estado trabajando con decisión para asegurar que los bienes fiscales estén debidamente registrados y destinados conforme a la ley y prontamente detallaremos las acciones realizadas con ese fin”, indicaron.

De esta manera, el ministerio se encuentra desarrollando acciones para mejorar el registro y la asignación de los inmuebles fiscales, aunque no entregó detalles específicos sobre las propiedades observadas en la región ni sobre los plazos para resolver las inconsistencias.

Observaciones a nivel nacional

El escenario regional se enmarca en un problema de alcance nacional. De acuerdo con la Contraloría, de los 9.653 inmuebles observados en el país, 3.238 aparecen registrados en la contabilidad de organismos públicos sin contar con una destinación vigente de Bienes Nacionales. Estas propiedades representan un valor superior a los $451 mil millones.

A ello se suman otros 6.415 inmuebles que sí tienen una destinación vigente, pero que no fueron incorporados en los registros contables de los respectivos servicios.

La Contraloría advirtió que ambas situaciones pueden afectar la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público, además de dificultar una adecuada gestión y fiscalización del patrimonio fiscal.

Entre los organismos que concentran los mayores montos asociados a propiedades sin destinación vigente figuran la Dirección de Obras Portuarias, la Policía de Investigaciones y el Hospital de Carabineros. Por otra parte, la mayor cantidad de inmuebles con destinación vigente y sin registro contable corresponde a instituciones dependientes de los ministerios del Interior, Defensa Nacional y Obras Públicas.

Frente a estos antecedentes, el organismo contralor instruyó a los servicios involucrados adoptar medidas para regularizar las situaciones detectadas, actualizar sus registros y fortalecer los mecanismos de control.