Crimen de Aníbal Cortés: Por qué se intenta revertir la prisión preventiva de imputados

Dos semanas se cumplieron desde el asesinato de Aníbal Cortés (70) en el sector de Tierras Blancas. El adulto mayor cerraba su almacén en calle Tarapacá cuando fue atacado con un cuchillo por su propia hija y la pareja de esta; según lo establecido en la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Fue la misma imputada quien reconoció ante la Policía de Investigaciones su participación y la de su novio, un ciudadano venezolano, en la muerte de su padre. El hecho, recordemos, fue reportado en primera instancia como un asalto, escenario elaborado por los mismos victimarios para despistar el actuar de la justicia, según se conoció después.

La causa fue formalizada el pasado sábado 18 de junio y se encuentra en una etapa inicial. Sin embargo, en paralelo ha existido movimiento a nivel judicial a través de dos recursos presentados en los últimos días.

En concreto, los abogados defensores de ambos imputados ingresaron por separado sus requerimientos a la Corte de Apelaciones de La Serena, con el fin de dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, decretada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo a petición del Ministerio Público para los dos involucrados.

En el caso de la joven de 24 años (A.I.C.C.), el debate se centra en su confesión. El punto ya fue debatido en la audiencia de control de detención, que su representante pidió declarar ilegal.

Era conocido que la mujer se encontraba en la casa en la que está emplazada el local comercial al momento del crimen, pero según ella, estaba en el segundo piso cuando un asaltante apareció, la golpeó y quedó inconsciente. Según ese primer relato, al recuperar la consciencia vio a su padre muerto y salió a pedir auxilio a los vecinos.

Pero la PDI indicó que su declaración presentaba inconsistencias y la ahora imputada por parricidio, terminó reconociendo que fue ella una de los autores del ataque a su padre.

Según consta en los documentos de la causa, el abogado indica que “mi defendida se vio sometida al interrogatorio policial en a lo menos tres ocasiones y precisamente el día 17 de junio del presente fue llevada a tempranas horas de la mañana al cuartel policial de la Policía de Investigaciones. En esas constantes presiones que sufrió para que prestara declaración, no se transparentó por parte del ente persecutor, que había sospechas de que ella tenía participación en los hechos investigados, y se le señaló que solo se le tomaba declaración en su calidad de testigo. En la última sesión de interrogatorios, sumida en un evidente estrés provocado por la coacción sufrida en el cuartel policial, mi defendida reconoce los hechos. Basándose en esa información entregada por mi defendida, se ordena diversas diligencias de investigación obtenidas con las indicaciones aportadas por mi representada, que permitieron corroborar la tesis investigativa”.

¿Cuál es el problema? Según expuso el abogado, se trata de una vulneración del derecho a guardar silencio, ya que en ese momento no existían antecedentes investigativos que permitieran fijarla como presunta autora de los hechos, más allá de la sospecha de los policías. Así, según la ley, cita el jurista, “se podría ilegalmente obtener información valiosa en contra del declarante para luego ser utilizada en su contra sin mayor advertencia”, lo que, afirma, ocurrió.

Por otro lado, alude a la pertinencia de la medida cautelar de prisión preventiva, la que, entre otras características, es “excepcional” y no depende solo de la gravedad del delito. De esta forma, solicita que sea revocada y se reemplace por arresto domiciliario.

Argumentos similares al punto de la prisión preventiva esgrimió la defensa del segundo imputado, A.M.C.D, de 40 años.

Según indicó su representante, “no se dan los presupuestos peligrosistas esgrimidos por el Ministerio Público, ya que a nuestro entender, concurren factores, conductas y circunstancias que, más que perjudicar a mi representado, lo benefician”.

En el recurso de apelación, la abogada afirma que el individuo, “de manera voluntaria y sin tener aún calidad de imputado, se acerca a dependencias de la Policía de Investigaciones, a fin de cooperar con la investigación”. Y ya en conocimiento de su calidad de imputado, prestó declaración voluntaria.

Finalmente, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, rechazó ambos recursos, considerando insuficientes los planteamientos de las defensas y recalcando, en ambos casos, que “la necesidad de cautela no se satisface con otras medidas cautelares de menor intensidad”.

La investigación sigue, de esta forma, con ambos imputados en prisión preventiva, en el plazo de 90 días.

Cabe señalar que según la declaración de la hija de Aníbal, el plan para dar muerte al adulto mayor incluyó una planificación que les permitiera esconder su participación y hacer pasar todo por un asalto, robando de esta forma, cerca de 9 millones de pesos y las cámaras de seguridad.

Habría sido la misma joven la que perpetró las primeras de 14 puñaladas, luego su pareja, provocando así la rápida muerte del comerciante.