Las pruebas que maneja la Fiscalía en "Caso Melissa" a días de esperado juicio

Tras una serie de dilaciones en su etapa final de investigaciones, el llamado “Caso Melissa” -en que se indagan los delitos de parricidio, abuso sexual y violación cometidos contra una niña de 12 años en Coquimbo- avanza a sus últimas audiencias en el Juzgado de Garantía de la comuna puerto, antes de pasar a juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, que deberá dictar veredicto en la causa.

El día de ayer -a dos años y 13 días de la detención de la madre de la menor de edad- se procedió con la preparación del juicio oral, una instancia crucial, que ya había sido postergada en noviembre de 2022, cuando a petición de los defensores se reabrió la investigación de la causa, generando molestia en familiares de la víctima y vecinos de Coquimbo que han seguido el caso de cerca, alzándolo como una de las causas más importantes en justicia de la zona.

Pero el desarrollo de la instancia, también tenía un resultado incierto, debido a que la Defensoría de la Niñez había solicitado suspender la audiencia, fijada por oficio para la reciente jornada. Esto, argumentando, entre otras cosas, las dificultades que han tenido los abogados del organismo autónomo para poder acceder a los detalles de la causa como intervinientes, así como la falta de notificación de los últimos movimientos en el caso, a los que se le ha dado celeridad, considerando que el pasado 3 de febrero venció el plazo legal para la etapa de indagatorias.

Sin embargo, antes de proceder con la audiencia y el debate sobre estos puntos, la misma Defensoría de la Niñez se opuso a la presencia de medios de comunicación, que se conectaron a través de videoconferencia, en el marco de la publicidad de las audiencias. El tribunal, priorizando los derechos de la víctima menor de edad y ante la reserva que tiene la causa, decidió acceder a lo solicitado, expulsando a los periodistas presentes, a excepción del equipo de Comunicaciones del Poder Judicial, encargado de informar el resultado de la cita.

Fue el 26 de noviembre de 2020 cuando el impactante caso quedó al descubierto. Alertas de Bomberos informaron sobre el incendio de una vivienda en Villa Talinay, que dejaba a su paso la muerte de una niña de solo 12 años. Sin embargo, las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso dejaron ver que el siniestro se trató solo de un intento por ocultar un crimen contra la pequeña, quien  había sido asesinada de diversas puñaladas.

Tras el deceso de la niña, su madre y la pareja de esta, con quienes vivía, concedieron una entrevista a El Día, pidiendo “justicia” y alegando inocencia ante las primeras sospechas de la vinculación de los mismos en el crimen.

Semanas después, El Día reveló a través de un reportaje que ambos adultos estaban siendo investigados en calidad de imputados y luego, el 2 de febrero de 2021, la PDI procedió con la detención de la mujer, a quien se estableció como presunta autora del delito de parricidio.

Las investigaciones de este medio continuaron y de esta forma, salió a la luz un caso de abuso sexual contra la misma niña, por parte de su padrastro, en una denuncia presentada cuando la víctima tenía 6 años, pero que sin embargo fue retirada por su madre y desestimada por la Fiscalía, que decidió no seguir adelante con las indagatorias.

Pero el delito volvió a ser perseguido una vez que las pericias al cuerpo de la pequeña revelaran que, solo horas antes de ser asesinada, había sido víctima de una violación. Por los delitos sexuales, calificados como “reiterados” desde que la pequeña tenía 6 años hasta el día de su muerte, se detuvo en noviembre de 2021 al padrastro de la niña y se reformalizó a la progenitora como cómplice de estos ilícitos. Según la Fiscalía, no solo habría estado en conocimientos de los abusos contra su hija, sino que los habría facilitado.

UNA LARGA ESPERA

Un año después, en noviembre de 2022, el caso se encaminaba a su cierre. Meses antes, las constantes ampliaciones del plazo de investigación a petición de los defensores de los entonces imputados, dilataron el cierre de la etapa, que inevitablemente llegó con la presentación de la acusación de la Fiscalía y la calendarización de la audiencia de preparación de juicio oral para el 3 de noviembre.

Los plazos se cumplían entonces, para que el 26 de noviembre, a dos años de la muerte de la niña, se pudiera “hacer justicia”, sin embargo, los familiares recibieron un duro golpe cuando el Juzgado de Garantía de Coquimbo determinó retraer el proceso, aplazando la preparación del juicio y reabriendo la etapa de investigaciones. Esto, fue recibido con dolor por parte del padre biológico de la pequeña, que tiene representación a través de una querella presentada por el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con quienes ha canalizado además su contacto con los medios de comunicación.

“Me pidió que transmitiera que está decepcionado respecto al actuar de la justicia y que no puedan tener certezas pronto”, dijo en aquella oportunidad la abogada María José Duarte.

El Juzgado de Garantía otorgó 35 días de plazo para que la Fiscalía remitiera a la defensa de la acusada los archivos que estos requerían para enfrentar el esperado juicio, y así las semanas avanzaron, sin presentarse nuevos movimientos en la causa.

El plazo llevaba dos semanas vencido cuando el 22 de diciembre diario El Día consultó por avances, sin embargo, a esa fecha no existía cierre de la investigación ni peticiones al respecto. Un mes después y cerca del límite que otorga la ley, se informó que la Fiscalía presentó su acusación y el tribunal fijó por oficio audiencia de preparación de juicio oral para el 15 de febrero.

En medio de la expectativa de los querellantes por concretar este trámite fue que la Defensoría de la Niñez ingresó un escrito, para pedir que la audiencia no se realizara, sin embargo, esa acción no prosperó y el día de ayer se llevó adelante la primera jornada de preparación.

LAS PRUEBAS

La audiencia de preparación de juicio oral es el último paso en el Juzgado de Garantía. En ella, los intervinientes presentan al tribunal la prueba que esperan llevar a juicio y es la oportunidad para que los abogados hagan sus objeciones, que deben ser resultas por el juez de la instancia. En este proceso entonces, podrían existir medios de prueba que sean excluidos en el Tribunal de Juicio Oral, por lo que los argumentos vertidos para el debate, adquieren vital importancia.

El Día se conectó a la audiencia para seguir este proceso, considerando que el caso ha estado en tela de juicio por parte de la opinión pública por los puntos ya expuestos y es deber de un medio de comunicación fiscalizar el correcto desarrollo de estas instancias en las instituciones de justicia. Sin embargo, con la decisión de impedir la presencia de periodistas que no sean del Poder Judicial, resulta imposible, al menos en este reporte, informar a la comunidad sobre dichos movimientos.

En este caso, se trata de un punto esencial debido a que, además, la teoría de la defensa de la acusada es, derechamente, la inocencia de los cargos que se le imputan.

Ahora bien ¿qué pruebas tiene Fiscalía para demostrar la responsabilidad de la madre y el padrastro de la niña en los hechos? Son más 60 medios de tipo documental, más de 30 fotografías y una docena de videos, que pretenden presentar. Estos, acompañados de la declaración de 51 testigos y cerca de 20 peritos que analizarían el sitio del suceso, aspectos psicológicos de los acusados y el arma empleada para acabar con la vida de la menor de edad.

Cabe señalar que la Fiscalía pide penas de presidio perpetuo por el delito de parricidio, que recaerían sobre la madre de la niña y una sumatoria de más de 30 años de cárcel para la pareja, en caso de demostrarse los delitos sexuales.

La preparación del juicio oral continuará el día de hoy en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.