De acuerdo al abogado de la propietaria de los terrenos ocupados ilegalmente, Omar Vargas, ya se terminó con la investigación y se presentó la acusación por parte del Ministerio Público.

La mayoría de las instalaciones, que no cuentan con autorización legal para operar, optaron por sacar sus pertenencias antes de que se cumpliera el retiro forzoso. No obstante, los locatarios estarían barajando arrendar un terreno privado para funcionar.

El año pasado, el ejecutivo del Gobierno Regional puso en marcha la ejecución de $6.348.999.000 para Coquimbo, lo que además representa el 10% de lo destinado a nivel regional. El consejero regional Javier Vega advierte que s ha reiterado en distribuir equitativamente los recursos en la zona.