Abogado de Lucía Pinto por "Papaya Gate": "Ella actuó según los antecedentes que se le entregaron"

Dos años y medio han pasado desde que estalló el llamado “Papayagate”, el mayor escándalo de la administración pública en la zona, en torno a la compra a sobreprecio de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo en La Serena.

El hecho, recordemos, salió a la luz pública a través de un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio BíoBío en septiembre de 2020 y ha sido profundizado en sus detalles en investigaciones de El Día en torno al caso.

Los antecedentes dan cuenta de la adquisición de paños en más de 9.800 millones de pesos bajo la administración de la entonces intendenta Lucía Pinto Ramírez, en circunstancias en que el valor real de la propiedad no superaría los $4 mil millones. Transacción que, por cierto, se realizó por trato directo, obviando las objeciones de la Contraloría.

Todo decantó en una investigación del Ministerio Público y una querella del Consejo de Defensa del Estado, que apuntan a Pinto Ramírez, dos funcionarios del GORE de la época –José Cáceres y Eduardo Espinoza- y un privado, Pablo Bracchitta, gerente de la inmobiliaria que vendió el terreno, indagatorias que, hasta ahora, se mantienen abiertas y sin personas formalizadas.

En este contexto, El Día conversó con Samuel Donoso, abogado que representa a la ex intendenta Lucía Pinto, quien dejó su cargo en medio de los cuestionamientos por su eventual rol en el delito de fraude al fisco.

-¿Les favorece o perjudica que la investigación del caso se haya ralentizado? ¿Por qué?

“Mi representada, mientras se mantenga abierto este proceso, se ve perjudica por la sombra del cuestionamiento que genera el estar bajo una investigación criminal, ello sin duda le perjudica y afecta”.

-¿Cuál es la tesis que maneja respecto a la compra de los terrenos con eventual sobreprecio en San Ramón? ¿Tiene pruebas que exculpen a su representada?

“Las investigación penales, de acuerdo al artículos 162, son secretas para quienes no sean intervinientes, como es el caso de los periodistas. En consecuencia, detalles de la investigación no puedo darle. No obstante, hay cuestiones públicas y evidentes. La adquisición de estos terrenos fue revisada y aprobada por diversos órganos públicos interesados, entre ellos el CORE, todos cuyos consejeros aprobaron la adquisición. La Municipalidad de La Serena participó activamente en la búsqueda de los terrenos, y eran los principales interesados en construir el centro deportivo. No olvidemos que estos terrenos eran una compensación a la municipalidad por el terreno que, a su vez, ésta había facilitado para la construcción del Hospital de la Serena, que era el gran objetivo de mi representada, el cual significaba un tremendo logro para la comunidad”.

-En tal caso, ¿de quién sería la responsabilidad?

“Lo que puedo señalarle es que el actuar de mi representada fue ajeno a cualquier tipo de ilícito penal. Ella actuó conforme a sus responsabilidades funcionarias, en base a los antecedentes que le fueron informados”.

-¿Es posible que Lucía Pinto, en su calidad de Intendenta de la Región de Coquimbo, haya firmado documentos sin conocer el fondo de éstos?

“Ella actuó conforme a la información y antecedentes que se le entregaron. Más detalles no corresponde que le entregue, tanto por el secreto de la información como por que no corresponde litigar a través de los medios de comunicación”.

“RÉDITOS POLÍTICOS”

Frente al hecho de que la causa se mantenga desformalizada, el abogado apuntó a intenciones de “sacar réditos políticos” por parte, específicamente, del diputado Ricardo Cifuentes, quien meses atrás se reunió con la fiscal del caso.

“Le transmití a la fiscal el interés de los habitantes de la región por conocer todas las responsabilidades y culpabilidades que correspondan en este caso”, dijo entonces el parlamentario.

-¿Por qué cree que la causa aún permanece desformalizada en el Ministerio Público?

“Lo que puedo señalar es que el actuar de un diputado de apellido Cifuentes (Ricardo) ha sido realizado de manera absolutamente ajena a sus deberes y funciones propias del cargo, intentando influir de manera ilícita tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de Justicia, cuestión que no le corresponde. Lo que este sujeto busca es aprovechar su cargo y la existencia de este caso para sacar réditos políticos de manera impropia.

Son este tipo de actitudes las que perjudican la actividad política y envilecen una actividad que es de la mayor importancia para el país. Conforme a ello hemos decidido presentar en los próximos días una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para que se investiguen las faltas a la probidad que este actuar del diputado implican. Confiamos en que se investigue, por el bien de la propia Institución”.

-¿Ha mantenido contacto con la fiscal del caso Claudia Perivancich?

“Por cierto, en la medida que ha sido necesario”.

-¿Su representada ha sido citada a declarar? En estos dos años, ¿en cuántas oportunidades?

“Hemos prestado toda la colaboración que se nos ha requerido, y mi representada ha prestado declaración cuando se le ha solicitado. Más detalles, por el secreto de la investigación, no le puedo informar”.

El terreno

Es un sitio de más de 60 mil metros cuadrados en San Ramón, donde se pretendía construir un recinto deportivo, en compensación por los de la Cordep.

Sobreprecio

Las tasaciones iniciales eran cercanas a los $4 mil millones, luego se realizaron otras, que fueron aumentando su valor hasta los $9.800 millones, por los que fueron adquiridos. Contraloría objetó cuatro veces la compra, pero ésta se realizó de todas formas y por trato directo.

Imputados

La querella del CDE apunta contra Lucía Pinto, el ex administrador regional José Cáceres, el entonces director del área jurídica, Eduardo Espinoza y Pablo Bracchitta, gerente general de las inmobiliaria que vendió los terrenos.

Investigaciones

La Fiscalía Regional de Valparaíso lleva adelante la investigación, que se mantiene desformalizada. El caso también se indagó en una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.