Tomás Cantuarias: "Ningún dinero compensa el estrés laboral y la psicosis carcelaria de los gendarmes"

Expresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales defiende la situación de los gendarmes, argumentando que la ministra de Justicia debe asesorase por personas idóneas que sepan cómo funciona el sistema para poder solucionar los problemas y no estar atacando a los funcionarios por licencias médicas y millonarias pensiones.
jueves 21 de julio de 2016

Ante la crisis que vive Gendarmería por las millonarias pensiones y el mal uso de licencias médicas, entre otras situaciones, los propios gendarmes, activos y pasivos, dicen estar hartos. Molestos, dicen, que todos han hablado sin saber realmente lo que sucede al interior de la institución. Por ejemplo, sí reconocen que las pensiones actuales son desproporcionadas a lo que es el mercado, pero de todas maneras aseguran que la función que cumple un funcionario es difícil y muy compleja.

“He escuchado a muchas personas estos últimos días considerarse como expertos carcelarios, pero nunca han trabajado en una cárcel y a lo mejor tampoco han pasado por fuera de una y se han tomado las atribuciones de hablar de gendarmería y sobre todo de las funciones de los empleados y de las pensiones”, advierte Tomás Cantuarias, expresidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y expresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFU) y con más de 20 años trabajando en La Serena, Ovalle, Illapel, Vicuña y Santiago.

Y asegura que tampoco tiene miedo que se haga una investigación a fondo, como lo ha señalado en reiteradas oportunidades, en los últimos días,  la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Cuando lo hagan, dice Cantuarias, “se encontrarán con un número importante de funcionarios con una estrés laboral tremenda, con funcionarios con una psicosis carcelaria y enfermedades profesionales. La ministra antes de hablar debería hacer un estudio para ver la posibilidad de solucionar todos estos problemas existentes. De eso debería preocuparse y no de estar amenazando por televisión”.

No obstante, esa amenaza anunciada por el Gobierno ya se cumplió, principalmente con aquellos que abusaron de las licencias médicas. Tras la desvinculación, Blanco explicó que en el análisis de un total de 596 casos de licencias médicas extendidas por más de seis meses en dos años, se determinó que en 61 de los casos se logró justificar la licencia, mientras que en 412 casos la comisión médica local continúa analizando la situación, pero que sí hubo 123 casos en que lamentable los individuos hacían un uso abusivo de las licencias médicas.

Ante esta situación, Cantuarias indicó que “la ministra de Justicia habla de sanciones, de abusos en las licencias médicas, pero creo que ella debería estar abocada a ver, por ejemplo, cuál es la realidad carcelaria, preocuparse más de cómo trabaja un funcionario, del hacinamiento de las cárceles, de la infraestructura que tienen, que es muy precaria. También debería estar más preocupada de lo que sucede en el Sename, debería estar preocupada de lo que pasa en la Ley 19.696 que es la reforma procesal penal, donde les atribuyen muchas funciones a los delincuentes y no se preocupan de lo que realmente pasa. De esas cosas debería estar preocupada la ministra, del porqué se producen las licencias médicas en gendarmería, de la sicosis carcelaria que existe en los funcionarios, de los excesivos turnos que tienen”.

También aclara que todo esto “da una sensación de revanchismo. Esto salta por el sueldo de la esposa del diputado Osvaldo Andrade (Myriam Olate). ¡Pero está dentro de la legalidad! Todos reciben pensiones, pero de acuerdo al grado que esté asimilado la escala única de sueldo. Lo que pasa con la señora Olate es que cumplía una alta función, aunque era administrativa. Era una función de tipo técnica y tenía que ver con operativas técnicas del cumplimiento de las condenas. También de los programas de reinserción laboral para los internos. Por ejemplo, el sueldo base eran como 800 mil pesos, pero por tener título universitario le pagan un porcentaje; después está la asignación de zona, asignación de riesgo, de responsabilidad, de nivelación penitenciaria y de situación crítica”.

Para culminar, insiste en que el Gobierno y muchas otras personas han estado hablando las últimas semanas de las altas remuneraciones, del caso “jubilazo”, “pero ningún dinero compensa el estrés laboral y la sicosis carcelaria que tienen los funcionarios. Creo que ninguna persona de las que hoy habla y critica a los funcionarios de gendarmería, se atrevería a trabajar en una cárcel. Trabajar en gendarmería es muy complejo. Hay cárceles con baño para 50 funcionarios, lo mismo pasa con las duchas. Insisto, pues antes de seguir hablando, hay que realizar un catastro, asesorarse por personas idóneas que sepan cómo funciona el sistema y ver cómo solucionar los problemas y no estar atacando a los funcionarios que porque tienen una licencia médicas los echan del servicio”.