Comerciantes tildan de ilegal el desalojo desde Avenida Costanera
Una molestia generalizada existe entre los vendedores de productos del mar que se ubican en la Avenida Costanera de Coquimbo, ante desalojo realizado por autoridades locales desde el sector que utilizaban para su actividad tras ser afectados por el tsunami del año 2015.
Esta acción se concretó posterior a un oficio presentado por el diputado, Miguel Alvarado, solicitando una fiscalización ante eventuales irregularidades en la venta de recursos marinos, y las correspondientes sanciones. Lo cual, lógicamente se constató ante las precarias condiciones en las cuales trabajan los comerciantes, quienes llegaron hace meses a un acuerdo con las instituciones públicas para poder trabajar, ante la situación que atraviesan tras la emergencia.
Así, el desalojo fue considerado ilegal por los vendedores de pescados y mariscos, y sobre ello, Lilian Rojas, presidenta del sindicato Lobo de Mar, dijo que “somos en total 26 comerciantes que fuimos desalojados desde el Avenida Costanera, aun considerando el compromiso de la propia Presidenta y el municipio de dejarnos trabajar en el lugar hasta el mes de septiembre, a la espera de un lugar definitivo para reinstalarnos”.
Además, la comerciante agregó que tras el tsunami del año 2015 perdieron todos sus implementos de trabajo, los cuales, “nuevamente nos fueron retiramos sin diálogo previo alguno, a sabiendas que estamos haciendo todas las diligencias para regularizar nuestra situación. Esto nos deja sin fuente laboral y a muchas familias sin tener de donde sacar para mantenerse. Es algo terrible”, consignó.
Por lo sucedido, diario El Día contactó al diputado Miguel Alvarado, quien respaldó el desalojo realizado y señaló que “en materia sanitaria no podemos esconder las cosas y hay que trabajar como corresponde. Hay que dejar en claro que hablamos de alimentos y la política acá no se puede mezclar; las instituciones deben funcionar y en mi rol fiscalizador no puedo caer en populismos”, manifestó.
En el mismo tenor, el parlamentario llamó a las instituciones fiscalizadoras sanitarias a cumplir las normas establecidas.
