Aumento en subsidios permitirá reducir sustancialmente el valor de las viviendas

Durante su Cuenta Pública del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la puesta en marcha del Programa de Integración Social y Territorial, iniciativa que invertirá más de 1.000 millones de dólares para subsidiar la construcción a nivel país de 250 mil nuevas viviendas. La gracia de esta iniciativa es que, aparte del subsidio que se obtiene a través del Minvu, se suma un bono que el Estado entregará a las empresas constructoras, lo que permitirá a las familias acceder a una vivienda por un precio mucho menor.

El seremi de la cartera, Erwin Miranda, explica que, junto con ampliar la oferta de viviendas, el objetivo de esta iniciativa es colaborar con la reactivación de la economía (permitiendo que continúe el desarrollo de proyectos inmobiliarios) y la generación de empleos, además de propiciar la integración social.

La primera versión, que se ejecutó durante el 2015, permitió colocar 1.600 subsidios en 9 proyectos habitacionales que se desarrollaron en La Serena, Coquimbo, Ovalle y Los Vilos, en esta oportunidad, se apunta a superar esta cifra.

Respecto a cómo opera esta medida, la autoridad explica que se ha hecho un llamado a las empresas constructoras a que presenten portafolios de proyectos que ellos ya tienen ingresados a las direcciones de obras, los que deben cumplir con los requisitos normativos. “La idea es que los adecúen y los dejen consistentes con el programa, es decir, que estas viviendas o departamentos queden en estándares menores para que tengan diferentes precios”. De aquí a fin de mes deberían tener ya la recopilación de todos los proyectos y de éstos se seleccionarán los que cumplan con los requerimientos.

Requisitos

Para poder acceder a estos beneficios, se exigen 4 requisitos fundamentales a los proyectos. El primero es la localización. “Entre otras cosas, la idea es que estas viviendas estén a 1.000 metros de un establecimiento educacional, a 2.500 metros de un establecimiento de salud, a 500 metros de una vía con transporte público y a 2.500 metros de un equipamiento comercial, deportivo o cultural”.

También se pondrá énfasis en la calidad de las viviendas, no podrán tener menos de 47 metros cuadrados en el caso de las casas y 52 metros cuadrados en el caso de los departamentos “y un componente fundamental es la eficiencia energética, que cuenten con sistemas solares térmicos, paneles fotovoltaicos o de calefacción eficiente. Además deben contar con la adaptación de viviendas a las personas con discapacidad”, puntualiza. También se velará porque cuente con espacios de áreas verdes. “Mientras más elementos de estos tenga el proyecto, la calificación va a ser mayor”, precisa Miranda.

Pero lo más importante, afirma el seremi, es la integración social. Se exigirá mínimo 3 tipologías de viviendas en el loteo y mínimo 3 precios “porque eso significa que pueden acceder familias de sectores vulnerables, emergentes y sectores medios. El incentivo al privado será que se les entregarán bonos conforme a la caracterización socioeconómica “es decir, si se acoge a las familias de los estratos más bajos, los bonos serán mayores”.
La empresa incluso tiene la posibilidad de solicitar los préstamos de enlace “lo que quiere decir que nosotros podemos hasta 300 UF por vivienda hacerles un adelanto vía boleta de garantía”.

Financiamiento

Se podrá acceder a viviendas entre 1.100 UF y 2.400 UF. La iniciativa contaría con 4 fuentes de financiamiento. La primera es el ahorro de las familias, que dependiendo de la caracterización socioeconómica, puede ser de 30, 50 u 80 UF, dependiendo del segmento que postule.

En segundo lugar estará el subsidio que entrega el gobierno, para las viviendas de mayor valor, se suma además el crédito hipotecario y por último el bono que se entregará a las constructoras. 

Llevado a la práctica, dice el seremi, si uno quisiera acceder, por ejemplo, a una vivienda de 1.400 UF, el subsidio base son 200 UF, el ahorro que se va a exigir son 40 UF, el bono de integración (que recibe la empresa) será de 250 UF como promedio y puede llegar a 300 UF. Además se suma un bono de captación, es decir, si tú tienes tu subsidio en la mano, que es de 50 UF más. “Por lo tanto el crédito hipotecario que le queda a las personas es de 860 UF, es decir, con un crédito hipotecario de 860 UF te compras una casa de 1.400 UF, debiendo solo la familia ahorrar 40 UF”. (ver infografía).

De hecho, agrega, si se aspira a una vivienda de 1.100 UF el crédito hipotecario sería cero, porque los beneficios y el ahorro cubrirían el costo total de la vivienda. 

“La idea es motivar a las personas que por temas de remuneración no podían acceder, lo que se da ahora es que al bajar el monto es menos complicado acceder a un crédito hipotecario en el banco, además el privado tiene todos los estímulos para desarrollar el proyecto”.

El objetivo también, sostiene el personero de gobierno, es que quienes ya tienen en sus manos un subsidio y que no lo han podido hacer efectivo por la falta de un proyecto habitacional o porque no les alcanzaba para pedir el crédito en el banco, lo puedan hacer, pues se vincula. “Es decir, por ejemplo, alguien que haya obtenido el subsidio para la clase media puede acceder perfectamente y los que quieren postular también pueden hacerlo ahora”.

Los plazos 

En junio el decreto que dará el vamos a este programa debería ser publicado en el diario oficial, pero ya desde ahora se está trabajando en coordinación con la Cámara Chilena de la Construcción regional para captar proyectos. De hecho, el pasado lunes se les expuso la iniciativa y se comprometieron a estudiar qué iniciativas habitacionales podrían acogerse a estos beneficios.

A fines de mes ya deben estar todos los postulantes presentados y al 30 de septiembre se hará la selección de los que estén calificados. En octubre, en tanto, se van a suscribir los convenios con ellos a través de Serviu.

El plazo para inicio de las obras es el 30 de diciembre como máximo y durante enero de 2017 hasta junio de 2018, dependiendo de la escala del proyecto, se fijó como plazo para la ejecución de las obras. “Por lo tanto nosotros esperamos ya que desde marzo de 2018 en adelante paulatinamente se vayan terminando los diferentes loteos y podamos entregar las viviendas a las familias”, indicó Erwin Miranda.

“La expectativa nuestra, tal como en la primera versión, es lograr proyectos no solamente bien localizados, sino que de calidad. La idea es darles la posibilidad a todos de poder acceder a una vivienda”, recalcó. 

Para el seremi, tácticamente esta una decisión asertiva “desde el punto de vista que sabemos que nosotros con esto les damos el empujón que se requiere para que eso, sumado a los bonos, los subsidios y todo lo que nosotros garantizamos, es una relación virtuosa. Nos aliamos con la gestión de los desarrollos privados, porque ellos son mucho más ágiles que nosotros en lo que es generación de loteos de proyectos, entonces es una alianza ganar, ganar, porque ellos concretan sus proyectos y nosotros nos aseguramos que las familias tengan una vivienda”, enfatizó.