"La gratuidad universal es un compromiso que vamos a cumplir"
La subsecretaria de educación, Valentina Quiroga, tras visitar la región se refirió a la reforma a la educación, la cual señaló se inició con cambios desde la educación parvularia hasta la universitaria y no al revés como quieren hacer parecer algunos.
También se explayó al proyecto de inclusión que busca terminar con la segregación en los colegios, asegurando que se terminará con el lucro.
Hace poco se discutió en la cámara de Diputados la ley de gratuidad y que pasó al Senado, ¿qué consecuencias va a tener en la práctica esta nueva ley?
“Efectivamente, la reforma educacional ya está en marcha y no solo a nivel nacional, acá en la Región de Coquimbo están pasando muchas cosas y hoy estamos implementando leyes emblemáticas que ya fueron aprobadas, pero al mismo tiempo seguimos discutiendo en el Congreso otras leyes que son tremendamente importantes y que forman parte del compromiso que la Presidenta Baxchelet asumió en su mandato. Tú haces referencia a una de esas leyes, hoy tenemos varias en el Congreso, pero dos muy emblemáticas. Una que es la reforma a la educación superior y el proyecto de desmunicipalización. Y la ley de educación superior es tremendamente importante porque aborda varias aristas y está en tramitación en el congreso. Lo que la Cámara de diputados aprobó es un proyecto de ley que avanza en distintas dimensiones. Por ejemplo, establece de manera obligatoria la acreditación institucional para todas las instituciones de educación superior. Qué significa eso, que una acreditación que hoy es voluntaria, pasa a ser obligatoria y si la institución no logra esa acreditación, va a tener que cerrar. Esto contempla períodos y gradualidades para que todas las instituciones puedan subirse a estas nuevas exigencias y estándares que vamos a establecer”.
¿Se le pone mayores exigencias a las universidades para acreditarse?
“Sí, se avanza en las dos direcciones, no solo que la acreditación sea obligatoria sino que además esa acreditación va a ser de acuerdo a estándares y criterios que van a ser públicos, transparentes, por lo tanto, conocidos por todos de antemano y adicionalmente pone sanciones y la más fuerte es dejar de existir como institución”.
¿Qué otros cambios contempla?
“También modificamos la gobernanza en de la agencia de la calidad, de la Comisión Nacional de Acreditación, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera haber y, por lo tanto, que esa institución actúe con la mayor autonomía posible, con el objetivo de garantizarle a los estudiantes y sus familias que las instituciones efectivamente son de calidad y que están entregando una educación adecuada. Otro elemento muy importante es que también se aprobó la creación de la Superintendencia de Educación. Esto es muy importante, porque además creamos un marco regulatorio para poder manifestar y hacer explícito el fin al lucro en nuestro sistema educativo”.
¿Entonces esta va a ser la herramienta para fiscalizar?
“Efectivamente, va a ser la herramienta para fiscalizar, pero no solamente para eso sino que para poder ver la calidad de las instituciones sino que la sostenibilidad en el tiempo, porque puede ser que la institución tenga buenos índices de calidad, quizás esté acreditada, pero pueden tomar decisiones que las hagan entrar en riesgo patrimonial y de la noche a la mañana tener que cerrar. Hemos tenido algunos casos en nuestro país y eso es un drama enorme. Cuando se cierra un establecimiento escolar hay una comunidad afectada, pero cuando hablamos de una institución de educación superior la cantidad de estudiantes y de personas afectadas es enorme. Y el otro elemento, y con esto llego directo al punto que estabas planteando, es que esta ley también tiene un capítulo de financiamiento donde se establece por ley el avance a la gratuidad universal. Ese es un compromiso que vamos a cumplir y, además, se establece que para el 2018 podamos avanzar al sexto decil, no olvidemos que hoy día tenemos 257 mil estudiantes en gratuidad, cerca de 9.600 aquí en la región que pertenecen a los cinco primeros deciles y quedó consagrado por ley que vamos a avanzar al sexto decil y después gradualmente hasta llegar a gratuidad universal”.
LOS MÁS VULNERABLES
¿Estaba estipulado que alcanzara al 60% de los alumnos de las familias más vulnerables o aspiraban a más?
“Esa era la propuesta, llegar a gratuidad universal y el proyecto contempla el avance decil por decil, hasta llegar al cien por ciento de la población. El proyecto plantea que al 2018 vamos a avanzar al 60% de la población, hoy día estamos en el 50% y el avance al séptimo decil es conforme en la medida que el país tenga los recursos suficientes para poder avanzar y garantizar que están los recursos estructurales de manera permanente para poder dar tranquilidad a las familias”.
¿Está garantizado que sea así?, porque puede haber cambio de gobierno y uno de los candidatos ha planteado que estudiará el tema de la gratuidad.
“Justamente por eso es que nosotros estamos tan preocupados de que esta ley se apruebe en este período de gobierno, porque esta ley estipula el avance que he planteado. Igualmente lo vamos a estipular en la ley de presupuesto, que es una ley de vigencia anual, por lo tanto, vamos a establecer que para el próximo año vamos a gratuidad al 60%. La importancia de poder establecerlo en este proyecto de ley, que es una ley de carácter permanente, permite garantizar ese avance. Ahora, también es importante garantizar a la ciudadanía que una ley se cambia con otra ley. O sea, si en el fututo algún gobierno quisiera retroceder respecto de lo que esta ley plantea, lo que tendría que hacer es mandar una nueva ley y tener los votos para desarmar esto”
¿Qué cantidad de recursos involucra esto?
“El proyecto de ley es acompañado por un informe financiero, vamos a tener primer avance que es del orden de los 250 mil millones de pesos adicionales solo para el sexto decil. Fue materia de discusión en el Congreso, cada decil más alto es cada vez más costoso y por eso es importante tener estos gatillos y que en la medida que tengamos los recursos podamos avanzar, porque resulta que el país tiene becas hasta el séptimo decil y algunas para el octavo”.
Los estudiantes no están de acuerdo con este proyecto de ley y lo han manifestado, ¿les darán garantías de que esto irá mejorando en el futuro?
“Yo creo que son los que han votado en contra del avance de la gratuidad los que tienen que dar explicaciones de por qué han votado en contra de esa medida. Esto es algo que es importante, que es necesario, cuando hablamos del sexto decil todavía estamos hablando de familias que prácticamente se les hace imposible asumir lo que es un arancel de un programa de educación superior, sobre todo los universitarios que tienden a ser bastante más cartos que los del sector técnico profesional. Y eso es importante hacerlo ver, porque la distribución en Chile es tremendamente desigual. Cuando hablamos de familias del sexto decil estamos hablando de personas con un ingreso per cápita del orden de los 250 mil pesos, no tienen ninguna posibilidad de asumir aranceles de 400 mil pesos mensuales. Yo creo que los mismos rostros de los jóvenes que hoy día han sido beneficiados con gratuidad de alguna manera son el testimonio vivo de lo importante que es esta medida. Tenemos jóvenes que hoy día han ingresado que sin esta medida no habrían podido ingresar y eso es de una potencia enorme”.
¿Y cómo se elige a los alumnos para la gratuidad y que no se cometan errores?
“Desde el 2014 como ministerio nos pusimos a trabajar en mejorar el mecanismo de cómo caracterizar a los estudiantes y lo que estamos haciendo hoy día es que los estudiantes entregan su información a través de una plataforma del ministerio que es el formulario uno de admisión y nosotros conforme a esos antecedentes lo que hacemos es ir a todas las otras bases del Estado y complementar o corroborar la información que los estudiantes nos entregan. Conforme a eso nosotros calculamos el nivel económico de los estudiantes y conforme a eso se asigna”.
LA PRIMERA EDUCACIÓN
Una de las críticas que se hace es que la reforma debió partir en la primera educación y no a la enseñanza superior, ya que los críticos estiman que se debió partir de la base y no al revés.
“Yo diría que esas críticas son bastante desinformadas, porque la reforma que la Presidenta ha empujado en el país aborda desde la educación parvularia a la educación superior, lo que pasa es que mediáticamente aparecen más los temas de discordia que los que tienen mayor consenso, pero el primer proyecto de ley y la primera reforma que se aprobó en el país fue la reforma a la educación parvularia. Esa crítica tiene dos elementos: uno, el tema de la desinformación, porque el tema de la reforma partió por la educación parvularia y hoy está en implementación, en el Congreso todavía estamos discutiendo la reforma a la educación superior porque fue la última que se envió.
El segundo elemento y que lo quiero dejar muy claro, es que la oposición ha manifestado en varias oportunidades que es mejor destinar todos estos recursos a educación parvularia en vez de educación superior. Nuestra convicción es que el país tiene que avanzar en todos los niveles educativos. No es que uno pueda avanzar en una parte y dejar postergada la otra, es por eso que hemos hecho una reforma tributaria, una reforma en todos los niveles educacionales y es por eso que hemos empujado como nunca antes con tanta fuerza el nivel parvulario, pero en la educación superior estamos hablando de estudiantes, de trabajadores y uno no puede aspirar a ser un país desarrollado si es que no aborda la educación superior de un país".
PROYECTO DE INCLUSIÓN
¿Con el proyecto de inclusión no se pensó que podrían ocurrir hechos como que en los colegios que ya tomaron su opción de ser particulares o no, significara que los apoderados se pasaran noches enteras para poder conseguir un cupo o matrícula, como ha ocurrido en Santiago?
“El proyecto de ley de inclusión tiene distintos procesos, uno es el sistema de inclusión otro es el avance a ser sin fines de lucro. Es importante recordar que la razón por la cual hemos legislado respecto de esa materia es porque nuestro país a nivel mundial es de los países más segregados, tiene uno de los sistemas educativos con el más alto nivel de segregación y desigualdad social, y eso se produce porque según cuánta plata tiene tu familia es a lo que tú puedes acceder y, por lo tanto, lo que recibes. Los sistemas educativos que están en la base, son una de las herramientas más poderosas que tienen los países para poder romper la desigualdad, no puede ser que sean proactivamente segregadores.
Entonces, nuestro sistema tenía y tiene elementos de segregación muy profundos, como son los sistemas de selección, donde son los establecimientos los que eligen a las familias y además la barrera económica. Es por eso que también hemos legislado, antes de avanzar en la gratuidad de educación superior, legislamos previamente la gratuidad en el nivel escolar. Hoy día las familias recorren colegios, hacen un peregrinar, después postulan y a cruzar los dedos para ser meritorios de lo que dice el colegio. El Gobierno no quiere ni las colas ni las tómbolas.
El Ejecutivo no está promoviendo eso, sino que un sistema mucho más moderno, que es lo que implementamos ya en Magallanes, que lo vamos a implementar acá en esta región y a partir del próximo año a lo largo de todo el país, así que las filas se acaban sí o sí. La propuesta del ejecutivo es avanzar hacia una plataforma donde es el ministerio el que hace el trabajo por la familia, de recoger toda la información de los colegios de Chile y los pone a disposición de una página web. Eso no significa que la familia si quiere ir vaya igual al colegio, pero les adelantamos mucho el trabajo y les ahorramos esa parte. Después la familia puede postular a cuantos colegios quiera en orden de preferencia y en función de eso los establecimientos hacen un proceso de admisión interno”.