Productores de plástico acuden al Tribunal Constitucional por ley que prohíbe bolsas

Desde el organismo que reúne a los productores industriales de plástico, criticaron la ley que impulsa el actual Gobierno que prohíbe la entrega de bolsas en el comercio. Mientras que desde el ejecutivo puntualizaron que esta normativa tiene el apoyo del 95% de los chilenos.
martes 26 de junio de 2018

La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) envió un “téngase presente” al Tribunal Constitucional (TC), mediante el que plantean observaciones a la ley que prohíbe bolsas plásticas en el comercio.

“El Proyecto en su artículo 3° consagra una prohibición absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva, y desproporcionada, que tiene un impacto directo en el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita de mis representadas”, se explica en el documento firmado por los abogados Gastón Gómez, José Francisco García y Francisco Cañas, según La Tercera.

En la misma línea, añadieron que si el comercio deja de comprar bolsas “la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas deja de existir, o como actividad, se le impone un obstáculo/ impedimento insoslayable”.

“Cuál es la siguiente industria o actividad económica que, por razones de impopularidad ante la opinión pública, o el puro capricho del legislador, se estime conveniente prohibir o impedir cuando se trata de una actividad económica lícita”, advirtieron en el documento.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El Ministerio de Medio Ambiente se lanzó contra la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) luego que enviaran un escrito al Tribunal Constitucional para intentar impugnar la “Ley que Prohíbe la Entrega de Bolsas Plásticas de Comercio”.

En concreto, el gremio criticó que la normativa, “en su artículo 3°, consagra una prohibición absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva, y desproporcionada, que tiene un impacto directo en el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita de mis representadas”.

Ante ello, la titular de la cartera, Marcela Cubillos, recalcó mediante una declaración pública que al Ministerio de Medio Ambiente no le sorprende “la acción de ASIPLA, ya que durante todos los años que se intentó legislar sobre esta materia, hicieron un fuerte lobby en el Congreso y no obtuvieron ni un sólo voto a favor de su posición”.

“ El 95% está a favor de la medida y la han empujado todas las bancadas parlamentarias, más de 90 comunas, ONGs, el Gobierno anterior y el del Presidente Piñera. Y lo han hecho porque hay evidencia del daño que las bolsas plásticas provocan a nuestras costas, mares y ecosistemas”, añadió.

"Esta ha sido una ley construída por todos y para todos los chilenos", indicó la Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

22 MIL PERSONAS SIN TRABAJO

La prohibición de bolsas plásticas en todo el comercio de Chile podría dejar más de 22.000 personas sin trabajo en el país, advirtieron los empresarios de la industria.

El pasado 30 de mayo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en forma unánime y en último debate el proyecto de ley que prohíbe en todo el país el uso de bolsas plásticas en el comercio.

El gerente general de Plásticos Bilbao, Hernán Busquets, señaló al portal Emol que acabar con las bolsas plásticas en el país significará terminar con el trabajo de unas 22.000 personas y que para "reinventarse" se necesita una inversión no menor a los 2 millones de dólares.

Dijo también que la medida afectaría a unas 120 empresas. Los fabricantes de bolsas añadieron que están "en riesgo de perder entre 1,5 y 15 millones de dólares en maquinaria destinada a este trabajo".

CIFRA: 22 mil personas podrían quedar sin trabajo con esta normativa, señalan los empresarios del plástico.

Los productores de bolsas plásticas no saben ahora si apuntar hacia productos biodegradables o cerrar sus fábricas.

En ese tema, Busquets aseguró que importarlas desde China es más barato para el comercio, disminuyendo su rentabilidad.

La iniciativa de prohibir las bolsas plásticas en todo Chile entrará en vigencia en un plazo de seis meses, tras su publicación en el Diario Oficial, como ocurre en ese país con todas las leyes. 5801