Fiscalía solicita nueva prórroga de 90 días para investigación de caso "Papaya Gate"

La investigación del denominado caso "Papaya Gate" sumará un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó al tribunal una nueva ampliación del plazo de investigación por 90 días, con el objetivo de concluir diligencias que aún permanecen en desarrollo y finalizar otras requeridas tanto por las partes querellantes como por las defensas.

La petición fue presentada el pasado 25 de junio, pocos meses después de que el Ministerio Público ya hubiera obtenido una ampliación de 150 días en enero de este año, manteniéndose así vigente una de las investigaciones por presunto fraude al Fisco más emblemáticas de la Región de Coquimbo.

Desde la fiscalía regional explicaron a El Día que la causa permanece formalizada, vigente y con diligencias en curso, agregando que el nuevo plazo solicitado "podría ser el adecuado para una decisión subsiguiente", una vez concluidas las actuaciones investigativas pendientes.

Nuevo enfoque investigativo

La causa fue traspasada hace cerca de un año por el fiscal nacional desde la fiscalía regional de Valparaíso a la fiscalía regional de Coquimbo, luego de acumular cerca de cinco años de investigación.

Tras asumir el caso, el fiscal regional Patricio Cooper resolvió que éste fuera investigado por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC), unidad que actualmente también dirige otras causas por presunto fraude al Fisco en la región.

Según explicaron desde la fiscalía, una vez recibidos los antecedentes se efectuó un nuevo análisis de la investigación, retomándose diligencias como declaraciones y redefiniéndose la estrategia investigativa. En ese contexto, se optó por separar la causa en dos aristas: una tributaria, a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII), que presenta un mayor grado de avance, y otra por fraude al Fisco, que continúa con diligencias en desarrollo.

Querellante respalda ampliación

Uno de los querellantes en la causa, el senador Daniel Núñez, manifestó su respaldo a la solicitud presentada por el Ministerio Público.

"Apoyo la solicitud del fiscal Cooper de ampliación de plazo para la investigación del caso 'Papaya Gate'. Nos parece fundamental que no haya impunidad en este caso emblemático de corrupción en la Región de Coquimbo y que los culpables paguen como corresponde, por lo tanto es necesario tomarse todo el tiempo que se requiera para culminar la investigación", afirmó.

El parlamentario agregó que, a juicio del equipo querellante, existen antecedentes suficientes para avanzar hacia la siguiente etapa procesal. "Como querellante en la causa mediante mi equipo legal sabemos que se han reunido ya varios antecedentes que dan cuenta del delito, por lo que sería ideal que el nuevo plazo se cumpla tal cual y luego se proceda a acusar a la exintendenta de Piñera, Lucía Pinto, a su exadministrador y todos quienes están imputados como autores de fraude al Fisco y otros delitos", sostuvo.

Consultado por El Día, el abogado Samuel Boassi, defensor de la exintendenta Lucía Pinto, señaló que por ahora no se referirá a la nueva solicitud de ampliación del plazo de investigación.

Una causa de alta connotación pública

El denominado "Papaya Gate" se originó por la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, operación que superó los $9.800 millones y que buscaba levantar un recinto deportivo. Sin embargo, posteriores peritajes estimaron que el valor comercial de los predios sería considerablemente inferior, dando origen a una investigación por presunto fraude al Fisco. 

La causa fue formalizada en mayo de 2025, oportunidad en que fueron imputadas ocho personas, entre ellas la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y empresarios vinculados a la operación.

Durante este año la investigación también ha registrado modificaciones en las medidas cautelares de algunos imputados. En enero, el tribunal reemplazó el arresto domiciliario nocturno que cumplía Lucía Pinto por firma mensual y arraigo nacional, mientras que algunos empresarios obtuvieron autorizaciones judiciales excepcionales para suspender temporalmente el arraigo y realizar viajes al extranjero, previa constitución de cauciones económicas.

Con la nueva solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía, será el Tribunal de Garantía el que deberá resolver si concede los 90 días adicionales, período que el Ministerio Público considera necesario para concluir las diligencias pendientes y definir los próximos pasos de una investigación que se acerca a cumplir seis años desde su inicio.