Los detalles de la flexibilización migratoria anunciada por el gobierno

El gobierno central anunció una serie de medidas administrativas destinadas a agilizar la contratación de trabajadores extranjeros de temporada.

El plan, diseñado de manera conjunta por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Ministerio de Agricultura, surge tras revisar una propuesta levantada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y busca responder a la alta demanda de mano de obra en el agro, garantizando a su vez un flujo migratorio regular.

El director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, y el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, confirmaron en la capital que la iniciativa se materializará mediante una modificación al Decreto Supremo N°177.

Desde el ejecutivo aclararon de entrada que esta reforma introducirá flexibilizaciones netamente administrativas, por lo que no alterará las materias estructurales ya reguladas por la Ley de Migración y Extranjería (N°21.325).

Las modificaciones

Los cambios propuestos apuntan directamente a simplificar los requisitos de ingreso formal y a modernizar los procesos de postulación vigentes.

Entre los cambios más relevantes informados por el gobierno destacan:

-Los ciudadanos de países autorizados a ingresar a Chile bajo esta modalidad - como es el caso de Bolivia - podrán utilizar su documento de identidad nacional directamente para solicitar la residencia temporal, eliminando la obligatoriedad del pasaporte para este trámite.

-Se da luz verde a la suscripción de contratos de trabajo mediante firma electrónica a través de la plataforma oficial de la Dirección del Trabajo (DT).

-El período de permanencia anual permitido para los trabajadores de temporada se extenderá de seis a diez meses. Pese a este estiramiento del plazo anual, se mantendrá la opción de otorgar permisos por hasta cinco años (renovables por dos más), tal como lo estipula la legislación actual.

Desde la capital, el director del SERMIG, Frank Sauerbaum, enfatizó que estas medidas buscan un equilibrio entre la productividad y el control soberano.

“El sector agrícola requería mecanismos más ágiles para acceder a mano de obra temporal, pero esos cambios deben realizarse dentro del marco que establece la ley. Estamos cumpliendo el mandato del Presidente Kast de ordenar la casa, y eso, por supuesto, implica promover la contratación de trabajadores regularmente”, señaló Sauerbaum.

Mientras se tramita la toma de razón del nuevo decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores agrícolas de nacionalidad boliviana disponen actualmente de una vía rápida de regularización:  la Residencia Temporal MERCOSUR, permiso completamente gratuito en derechos migratorios, que les permite residir y trabajar legalmente por dos años continuos con el único requisito de acreditar su nacionalidad y la ausencia de antecedentes penales.

Reacciones locales

El anuncio generó inmediatas repercusiones entre los parlamentarios, quienes transitan entre la necesidad de apoyar al sector productivo y el temor a perder el control fronterizo.

En ese sentido, la diputada Nathalie Castillo (PC) llamó a mirar la flexibilización bajo una lupa de responsabilidad social.

“Es una medida que debemos evaluar con responsabilidad. El trabajo agrícola, especialmente en las temporadas de cosecha, es un sector donde existe un reconocimiento transversal de que una parte importante de la mano de obra corresponde a personas migrantes. Lo importante es evitar la precarización y la explotación, entregando certezas tanto a las y los trabajadores como a los productores agrícolas”, explicó. 

Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) valoró positivamente la modernización, aunque puso el acento en la seguridad.

“Me parece correcto que se hagan gestiones para agilizar y modernizar el sistema de migraciones. En este caso, no sólo el mundo agrícola tiene una demanda en este sentido, sino también la salud y los servicios no profesionales. Sin embargo, es necesario ser muy rigurosos respecto a la revisión de antecedentes, ya que no nos podemos exponer a la proliferación de migrantes irregulares con prontuarios delictuales”, advirtió. 

Una postura considerablemente más crítica mostró el diputado Erich Grohs (PNL), quien apuntó a las debilidades operativas del plan en las zonas rurales del norte del país.

“Entendemos perfectamente la desesperación de los agricultores en el Limarí y Elqui por la falta de mano de obra, pero la solución no puede ser debilitar las fronteras. El gobierno debe aclarar la 'letra chica': ¿cómo van a asegurar que un trabajador de temporada regrese a su país tras cumplir los diez meses? Esta flexibilización no se puede transformar en multiplicar la informalidad y la crisis migratoria", aseguró.