Este sábado se conocerán las penas: Cadena y Guerra arriesgan hasta 14 años de cárcel

Este sábado, a partir de las 11:00 horas, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dará a conocer las penas que deberán cumplir los 13 acusados condenados por el millonario fraude que afectó al Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, causa considerada una de las investigaciones por corrupción más relevantes que ha enfrentado la administración pública regional en los últimos años.

La audiencia estará encabezada por la magistrada Francisca Muñoz Bruna, jueza redactora del fallo, quien dará lectura a la sentencia definitiva tras el veredicto condenatorio dictado el pasado 24 de junio.

Cabe recordar que el juicio oral comenzó el 24 de mayo pasado con 13 acusados sentados en el banquillo, luego de una investigación desarrollada por la fiscalía regional de Coquimbo por una serie de pagos irregulares efectuados desde el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

En la primera jornada, el Ministerio Público sostuvo que existió una organización destinada a defraudar recursos públicos mediante la contratación de personas que no prestaban servicios efectivos, emitiendo boletas y remuneraciones para extraer dineros fiscales.

Desde el inicio del proceso, tanto la fiscalía como los querellantes estimaron que el juicio se extendería por cerca de tres semanas debido a la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada ante el tribunal.

Más de $762 millones defraudados

Tras casi un mes de audiencias, el Tribunal Oral acreditó que, entre diciembre de 2019 y 2024, se desarrolló un esquema fraudulento que provocó un perjuicio fiscal cercano a los $762.778.091.

El fallo estableció que Nicole Cadena y Bélgica Guerra, ambas funcionarias del Departamento de Salud de la corporación, coordinaron el mecanismo junto a otros involucrados para efectuar pagos improcedentes a personas que no realizaron labores para la entidad municipal.

El 24 de junio el tribunal declaró culpables a ambas mujeres como autoras de los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos.

Asimismo, los otros 11 acusados fueron condenados por fraude de prestaciones estatales y lavado de activos, al establecerse que recibieron recursos provenientes de las maniobras ilícitas y contribuyeron a ocultar su origen mediante diversas operaciones financieras.

En la resolución, el tribunal también dio por acreditado que parte de esos fondos fueron utilizados para adquirir bienes y efectuar múltiples movimientos bancarios, los que alcanzaron aproximadamente $1.700 millones considerando transferencias entre cuentas personales y sociedades relacionadas.

La etapa final

Con el veredicto ya ejecutoriado respecto de la responsabilidad penal, la audiencia de este sábado estará centrada exclusivamente en la determinación de las penas que deberá cumplir cada uno de los condenados.

La resolución será leída por la jueza Francisca Muñoz Bruna en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, instancia que pondrá término al juicio oral iniciado en mayo y marcará el cierre judicial de una causa que durante años investigó el presunto desvío de recursos públicos destinados a la salud municipal.

Municipalidad amplía querella

En tanto, se informó al concejo comunal de La Serena sobre el avance de las acciones legales y judiciales impulsadas en el marco de la investigación por la administración de la Corporación Gabriel González Videla, ampliando una querella por el delito de administración desleal contra la exdirectora del Departamento de Salud, Lorena Casarin, y anunciando la continuidad de nuevas investigaciones vinculadas al manejo de recursos públicos en las áreas de salud y educación.

La exposición de estos antecedentes estuvo a cargo de Adrián Vega, quien detalló ante el cuerpo colegiado el estado de las acciones emprendidas por el municipio para perseguir eventuales responsabilidades derivadas del millonario déficit que arrastró la corporación.

Entre los hechos investigados figuran administración desleal, malversación de fondos, fraude al fisco, incumplimientos normativos que podrían configurar administración desleal -hoy penada por ley-, además de eventuales omisiones de deberes por parte de quienes, teniendo responsabilidades directas dentro de la entidad, no habrían resguardado adecuadamente los recursos públicos.

“Muchas veces escuchamos sobre cómo mejoraremos la calidad o el acceso a la educación y la salud, y aquí vimos vulnerados todos estos procesos, lo que nos llevó a un desastre que hoy este concejo ha tenido que ir reparando. Hemos tenido que aprobar transferencias para pagar deudas con muchos proveedores, y no podremos responder a todos porque no tenemos los recursos suficientes como municipio para asumir las deudas registradas en administraciones anteriores”, señaló la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena.

En la exposición se explicó que la ampliación de la querella apunta a perseguir penalmente el uso indebido o abusivo de facultades administrativas, así como la falta de resguardo de fondos públicos que terminaron impactando gravemente el funcionamiento de servicios esenciales para la comunidad.

La alcaldesa Norambuena reiteró que seguirá entregando todos los antecedentes a los organismos competentes y al concejo municipal, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, determinar responsabilidades y resguardar que situaciones de esta magnitud no vuelvan a repetirse.

Además, recalcó que se trata de hechos de máxima gravedad, que terminaron afectando recursos destinados a áreas tan sensibles como salud y educación, por lo que el municipio continuará impulsando todas las acciones necesarias para que las responsabilidades administrativas y penales sean debidamente establecidas.