Tribunal ordena levantar secreto bancario de senador Gahona

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo de la jueza Francis Fell, dio luz verde a una docena de allanamientos en el marco de la indagatoria que sigue el Ministerio Público por presuntas “graves irregularidades” detectadas en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), las cuales habrían favorecido al proveedor Soser S.A.

Como parte de las diligencias, el tribunal resolvió levantar el secreto bancario de varias personas naturales - incluyendo al senador Sergio Gahona - y de la propia Sociedad de Servicios de Alimentación, ordenando a las instituciones financieras entregar toda la información relativa a sus cuentas. 

En concreto, las instituciones financieras deberán proporcionar los movimientos de cuentas corrientes, depósitos a la vista, líneas de crédito y otros productos financieros girados desde el 1 de enero de 2018 hasta el día de hoy, periodo de tiempo que es objeto de las indagaciones. 

La resolución judicial exige, además, identificar las cuentas de origen y destino de cada operación, junto con las fechas, horas, montos y participantes en las transferencias. También se solicita incluir imágenes de cheques, antecedentes de vales vistas, depósitos a plazo, inversiones y demás instrumentos financieros que posean los investigados.

Cabe señalar que el senador Gahona manifestó su confianza en que el desarrollo de la pesquisa permitirá establecer que no incurrió en irregularidades durante el ejercicio de su labor parlamentaria.

¿Qué es el secreto bancario?

Para comprender el alcance de esta medida, el abogado del estudio Vegabogados y exfiscal regional, Adrián Vega, explicó que el secreto bancario es un privilegio que asiste a los titulares de cuentas, en virtud del cual terceros no pueden conocer sus movimientos, ingresos y egresos. “En la actualidad, si no ha mediado una autorización judicial que levante dicho secreto, no es posible conocer el estado de las cuentas”, señaló.

Pero hay una excepción: cuando la entidad bancaria o financiera reporta una operación sospechosa —el denominado ROE— a la Unidad de Análisis Financiero, que es el organismo estatal encargado de determinar si ese reporte debe ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. A partir de ese informe, la fiscalía competente puede iniciar una investigación penal por eventuales delitos como, por ejemplo, lavado de activos.

El abogado precisó que, por lo general, los tribunales exigen antecedentes que sustenten sospechas fundadas de que una determinada cuenta podría contener evidencia de transferencias ilícitas de dinero para autorizar el levantamiento del secreto bancario. Dicha sospecha puede basarse en declaraciones, en los delitos imputados, en testimonios de testigos o en comunicaciones que den cuenta de esa actividad irregular.

Por su parte, el  abogado y director de Defensores Norte SpA.,  Carlo Silva señala que la resolución que concede el levantamiento del secreto bancario se dicta en una audiencia y puede ser objeto de un recurso de apelación por parte del afectado ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. 

"En el caso de los parlamentarios, debo agregar, además, que esta solicitud de levantamiento de secreto bancario, conforme al régimen del artículo 218 del Código Procesal Penal, puede incluso realizarse antes de que ellos estén formalizados. Ello, porque es preciso tener en cuenta que los parlamentarios gozan de un fuero especial, y para detenerlos o perseguirlos criminalmente a través de una formalización de la investigación se requiere un trámite constitucional: el desafuero. Solo una vez que este trámite haya concluido, recién se les puede detener o imputar mediante una formalización por determinado delito", explicó.