Papaya Gate: Fiscalía apunta a cerrar investigación en septiembre

Después de casi seis años desde que la cuestionada compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena saliera a la luz, el denominado caso “Papaya Gate” se encamina hacia una etapa decisiva. La fiscalía regional de Coquimbo informó que espera culminar el plazo de investigación durante septiembre, con lo que el Ministerio Público podría dar paso a las siguientes decisiones procesales respecto de los imputados.

El avance tendrá un primer hito el próximo lunes 7 de septiembre, fecha en que se desarrollará una nueva audiencia ante el Tribunal de Garantía de La Serena, cuando sean reformalizados la exintendenta regional Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y el gerente de las inmobiliarias Pablo Bracchitta, mientras que se formalizará por primera vez al exjefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza, por el delito de fraude al Fisco.

Desde el Ministerio Público confirmaron que los contenidos específicos de la reformalización serán expuestos durante esa audiencia y explicaron que la expectativa es concluir la investigación dentro del mismo mes de septiembre, aunque el calendario todavía podría modificarse dependiendo de eventuales solicitudes de las defensas.

La audiencia adquirirá especial relevancia porque marcará una nueva fotografía judicial de una causa que, tras permanecer durante años bajo la fiscalía regional de Valparaíso, fue trasladada a la Región de Coquimbo y asumida por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC).

El cambio de fiscalía significó además una revisión de los antecedentes acumulados y una redefinición de la estrategia investigativa. Según se informó en julio, el Ministerio Público separó el caso en dos aristas: una tributaria, a cargo del Servicio de Impuestos Internos, que presenta un mayor grado de avance, y otra relacionada con el eventual fraude al Fisco, que todavía mantenía diligencias pendientes.

Precisamente, la arista tributaria podría experimentar también un avance decisivo durante la audiencia del 7 de septiembre. La fiscalía había solicitado una ampliación del plazo para continuar con estas diligencias, por lo que en esa jornada podría quedar definida la situación procesal de esta parte de la causa. De no existir nuevas actuaciones solicitadas por los intervinientes, el plazo podría darse por concluido y el Ministerio Público quedaría en condiciones de avanzar hacia una eventual acusación.

El escenario se produce luego de una nueva ampliación de plazo solicitada por la fiscalía regional de Coquimbo. En junio, el Ministerio Público pidió otros 90 días para completar diligencias que permanecían en desarrollo y finalizar otras solicitadas por querellantes y defensas. La solicitud se produjo pocos meses después de que el tribunal ya hubiese concedido una ampliación de 150 días en enero.

Cambio de medidas cautelares

La evolución de la causa durante 2026 también ha tenido impacto en las medidas cautelares de los principales imputados.

Cuando se realizó la formalización, en mayo de 2025, el Tribunal de Garantía de La Serena rechazó la prisión preventiva solicitada por el Consejo de Defensa del Estado para Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta. En su lugar, Pinto y Cáceres quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que Bracchitta quedó sin medidas cautelares. En paralelo, los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire y Manuel Daire, además del abogado Luis Gastón Yver, quedaron con firma mensual y arraigo nacional por la arista tributaria.

Sin embargo, esa situación cambió durante el presente año. En enero de 2026, el tribunal modificó las medidas de Lucía Pinto y reemplazó el arresto domiciliario nocturno por firma mensual y arraigo nacional, considerando el tiempo transcurrido desde su formalización y su comportamiento procesal. José Cáceres, en tanto, mantiene arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Así, de cara a la audiencia de septiembre, la situación cautelar vigente es distinta a la que existía al momento de la formalización: Pinto continúa con firma mensual y arraigo nacional; Cáceres mantiene arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional; mientras Bracchitta continúa sin medidas cautelares.

En el caso de los empresarios vinculados a la arista tributaria, durante este año el tribunal también ha autorizado de manera excepcional viajes al extranjero, previa constitución de cauciones económicas, manteniéndose las demás obligaciones judiciales.

Bracchitta y un escenario judicial particular

Uno de los puntos que podría adquirir especial relevancia durante septiembre es la situación de Pablo Bracchitta, quien fue formalizado en mayo de 2025 por fraude al Fisco, pero quedó sin medidas cautelares después de que el tribunal estimara que no existían antecedentes suficientes para acreditar, en esa etapa, una participación en los hechos.

La magistrada Carolina Baroncini sostuvo entonces que no se advertía un acuerdo entre Bracchitta y funcionarios del Gobierno Regional para inflar el precio de los terrenos con el objetivo de defraudar al Fisco.

Ahora, además de la reformalización programada para el 7 de septiembre, el tribunal fijó para el 21 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas, una audiencia de larga duración para analizar una solicitud de sobreseimiento respecto del empresario.

La existencia de ambas audiencias convierte septiembre en un mes particularmente relevante para determinar si la tesis de la fiscalía respecto de Bracchitta se mantiene, se modifica o enfrenta un nuevo cuestionamiento judicial.

Querellantes valoran avances

Mientras la fiscalía se encamina al cierre de la investigación, desde las partes querellantes también buscan ampliar el foco sobre el origen del proyecto.

El concejal de La Serena y querellante, Camilo Araya, valoró que se hayan incorporado nuevas aristas y planteó la necesidad de determinar con mayor precisión la eventual participación que pudieron tener otros actores.

En particular, apuntó a la posible participación indirecta de la municipalidad de La Serena, considerando que el municipio fue el formulador original del proyecto del centro deportivo que terminó vinculado a la compra de los terrenos.

Según planteó Araya, la iniciativa se originó durante la administración del exalcalde Roberto Jacob, en el contexto de la necesidad de compensar la pérdida de los terrenos de la exCordep, entregados para posibilitar la construcción del nuevo hospital de La Serena.

El concejal sostiene que resulta pertinente solicitar la declaración de Jacob, debido a que el exalcalde ha señalado públicamente que personalmente acudió a conversar con la entonces intendenta Lucía Pinto para plantearle la posibilidad de desarrollar un proyecto deportivo ante las críticas que enfrentaba la administración regional.

Para Araya, ese antecedente debe ser esclarecido, particularmente para determinar cómo nació la iniciativa, quiénes participaron en su formulación y qué gestiones se realizaron posteriormente.

En tanto, el senador Daniel Núñez, también querellante, aseguró valorar "la labor de la fiscalía regional, que el 7 de septiembre va a reformalizar a Lucía Pinto, Pablo Bracchitta y José Cáceres, a los dos primeros por el delito de fraude al Fisco. Este es un caso de corrupción emblemático que, lamentablemente, mientras estuvo en manos de la fiscalía de Valparaíso no avanzó, y veo que ahora comienza a dar señales mucho más claras respecto de los delitos por los cuales se quiere procesar a los involucrados y, sobre todo, hacerlos responsables”.

Núñez puntualizó que “la corrupción no puede quedar impune en ninguna parte de Chile, menos aún en la Región de Coquimbo”, y aseguró que estará atento a lo que ocurra en la audiencia del 7 de septiembre.