Inmigrantes consideran arbitraria política migratoria del Gobierno chileno

Representantes de unas 40 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes calificaron hoy de discriminatoria la política del Gobierno que preside Sebastián Piñera en Chile respecto de los extranjeros que llegan a vivir al país.

Lo anterior, de cara a un proyecto de ley de Inmigración que este martes comenzara a ser votado artículo por articulo en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

Este lunes culminó un encuentro de la Red de organizaciones migrantes, en coincidencia con la entrada en vigor de un visado humanitario para que los haitianos puedan reunirse en Chile con sus familias que permanecen en su país de origen, considerado también discriminatorio por las organizaciones. En particular, las organizaciones interpelaron a los integrantes de la Comisión que verá el proyecto y a los parlamentarios en general, demandando que "estén a la altura y entiendan las consecuencias que tendría para la sociedad que el proyecto del gobierno salga del Congreso tal como ingresó: sin enfoque de Derechos Humanos y sin respetar los tratados internacionales".

"Basta con reconocer e instalar el primer artículo de la Constitución, que consagra, sin distinción, que 'las personas nacen libres e iguales en integridad y derechos'", para situar desde dónde se debe legislar, señalaron en una declaración.

En ese contexto, instaron a la Comisión a recoger las más de cien propuestas presentadas por parlamentarios de la oposición, incluyendo una visión del proceso migratorio que va más allá del ingreso y egreso a través de las fronteras. Es decir, "que considere la permanencia en el país, y que integre a los migrantes, más que como mano de obra, como sujetos de derecho", subraya el texto.

Otra propuesta es que la ley considere un sistema de visado sea múltiple, promoviendo que las personas migrantes puedan realizar actividades lícitas como trabajar y estudiar, descongestionando, a su vez, la burocracia migratoria. También hace ver que como está, la ley no posee ninguna mención al enfoque de género, lo que vulnera a las mujeres migrantes.

Otro tema es el abuso en materia de vivienda, materializado en subarriendos en donde la lógica de cobro se da, en muchas ocasiones, por persona, situación que ha propiciado desgracias como incendios y consecuencias fatales.

La Red denuncia además la "decretocracia" de las medidas administrativas del gobierno, que se ha saltado al poder legislativo para ponerlas en marcha. Insistieron, asimismo, en la necesidad de que quienes se sometan al proceso de regularización extraordinaria reciban algún documento que les permita trabajar de manera lícita, a fin de no vulnerar más sus derechos como trabajadores migrantes, consagrados por el Estado de Chile.

A lo anterior se suma la poca claridad y la desinformación que han marcado este proceso, incluyendo la poca certeza a nivel de estadísticas y cifras que ha entregado el Ejecutivo respecto de la realidad de los inmigrantes en Chile.