El "número dos" del Ejército de Chile renuncia por presunto fraude fiscal
El general John Griffiths, el hombre "número dos" del Ejercito de Chile, renunció este martes al cargo como jefe del Estado Mayor por presunto fraude al Fisco en el uso de pasajes para viajar al extranjero.
La decisión del oficial se conoció después de que el general Griffiths concurriera hasta la oficina de la ministra en visita (juez especial) Romy Rutherford en los Tribunales de Justicia, donde se le notificó de los cargos y quedó en calidad de detenido.
Las eventuales irregularidades las habría cometido entre el 2010 y el 2015, cuando ocupó el cargo de secretario general del entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude fiscal y se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Clave: De acuerdo a las investigaciones, se trata de un viaje a Estados Unidos, en el que el Griffiths habría hecho uso de fondos asignados al personal para adquirir pasajes para él y su familia.
En la misma investigación de la ministra Rutherford se encuentran procesados dos coroneles y un capitán, quienes enfrentaron prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
John Griffiths también fue trasladado durante esta jornada en un furgón hasta el mismo batallón, donde confirmaron su detención, a la espera de que la jueza decida, para que lo revise la Corte Marcial, si comienza a cumplir detención preventiva o si se cursa la solicitud de su defensa de inmediata libertad del ahora exjefe del Estado Mayor del Ejército.
Escenario de escándalos
La institución chilena se ha visto salpicada en los últimos años por varios casos de fraude en los que incluso ya se han dictado condenas por estos ilícitos.
Según un informe publicado en agosto del 2016 por radio Biobío, un grupo de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Tras un juicio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con dinero de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la organización.
El coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército; el cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la sargento primero Luis Meléndez Carrillo, y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez fueron retirados de la institución.
Otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana no fueron sancionados, ya que se retiraron antes del fin del juicio.
Esa misma fecha, un semanario chileno destapó el llamado "Milicogate", al revelar que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno.
El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre.
Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.
El pasado 31 de agosto, la jueza Rommy Rutherford, dictó las dos primeras condenas por un fraude de los fondos de la Ley Reservada del Cobre en el Ejército chileno, que hasta ahora supera los 11 millones de dólares.
