Más de $1,4 billones a fundaciones sin rendir cuentas

Una reciente auditoría del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno, en el marco de su tercer reporte del Plan de Inspección Total al Estado, ha revelado que más de $1,4 billones de pesos transferidos a diversas fundaciones carecen de la debida rendición de cuentas. Este hallazgo ha encendido las alarmas en la administración, que ya ha instruido cuatro nuevas investigaciones y ha puesto el foco en el creciente uso del trato directo en organismos estatales.

Durante su cuarta sesión, el comité determinó la necesidad de profundizar en los antecedentes detectados, ordenando investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud. El objetivo es desglosar las responsabilidades y mecanismos detrás de estas anomalías en la gestión de recursos públicos.

En el caso del Ministerio del Deporte, la revisión se centrará en el Instituto Nacional de Deportes (IND), particularmente en sus procesos de administración, transferencia y rendición de los fondos públicos. Por su parte, el Ministerio de Energía investigará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, con énfasis en las transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y el cumplimiento de objetivos financiados con dinero estatal.

El Ministerio de Agricultura deberá investigar las transferencias a organismos ejecutores, revisando las rendiciones, la regularidad de las compras y contrataciones, y la observancia de los objetivos y obligaciones por parte de estas entidades. Asimismo, el Ministerio de Salud ha sido instruido para examinar sus compras y contrataciones, abarcando tanto a las subsecretarías como a sus servicios dependientes y entidades ejecutoras, un área que ya ha sido objeto de fiscalización en el pasado por el Consejo para la Transparencia (CPLT instruyó sumarios contra subsecretarías de Salud por falta de transparencia).

“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”,

declaró la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo, subrayando el rigor con el que se aborda la fiscalización.

Respecto a los hallazgos en transferencias a fundaciones, el Gobierno detalló que durante la administración previa se identificaron más de $5,4 billones de pesos transferidos que debían ser rendidos. De este monto, una cifra superior a los $1,4 billones no cuentan con acreditación de rendición. Los servicios con la mayor proporción de fondos sin rendir son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

La auditoría también reveló que entre los años 2022 y 2026 se crearon 177 nuevas fundaciones, las cuales recibieron más de $11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De esta cantidad, aproximadamente el 60%, equivalente a más de $6.500 millones de pesos, carece de rendición acreditada. Incluso, 79 de estas 177 nuevas organizaciones no registran ninguna rendición de los fondos públicos recibidos.

“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”,

advirtió la subsecretaria Castillo, enfatizando la responsabilidad estatal en el seguimiento del buen uso de los fondos.

A pesar de los preocupantes hallazgos, Castillo fue clara al precisar que no se está afirmando la existencia de fraudes o delitos en todos los casos, sino que se han detectado “señales de riesgo que el Estado no puede normalizar, y conductas que deben ser corregidas en función del buen uso de los recursos públicos”. La funcionaria adelantó que la investigación continuará enfocándose en las fundaciones creadas entre 2022 y 2026, especialmente aquellas que registran un 0% de rendición. En caso de detectar irregularidades, se derivarán a los organismos competentes.

Consultada sobre una posible conexión con el Caso Convenios, Castillo confirmó que “sí hay fundaciones que tienen relación con el caso Convenios”, lo que intensificará el escrutinio sobre estas organizaciones. Paralelamente, el comité ha detectado otra alerta relevante: el uso intensivo del trato directo en diversos organismos del Estado, un mecanismo que exige una supervisión rigurosa para evitar posibles irregularidades en las contrataciones.